La organización Amnistía Internacional criticó este martes la deportación de venezolanos desde Estados Unidos para ser encarcelados en El Salvador, un día antes de la visita de la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Kristi Noem, al país centroamericano.
El 16 de marzo llegaron en tres aviones a El Salvador 238 venezolanos señalados por Estados Unidos de integrar la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua y 23 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13). Familiares de los venezolanos y el gobierno de Caracas afirman que eran migrantes.
Ellos fueron internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel con severas medidas de seguridad, símbolo de la lucha antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
La «expulsión» de los 238 venezolanos, «a pesar de una orden judicial» que lo prohibía, «representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de Derechos Humanos», dijo la directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, en un comunicado.
Este hecho constituye «también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de (Donald) Trump», agregó.
Las deportaciones a El Salvador «enviaron al mundo el mensaje de que Estados Unidos ya no es refugio seguro para criminales violentos», escribió Noem en la red social X.
Noem visitará el miércoles el Cecot y luego va reunirse con Bukele para discutir sobre «aumentar el número de vuelos de deportación y expulsiones de criminales violentos» desde Estados Unidos.
Los expulsados estaban en «pleno proceso judicial» y fueron arrestados a pesar que «cumplían sus obligaciones en materia de inmigración, que ya tenían protecciones concedidas en Estados Unidos», destacó Piquer.
Para Amnistía, las expulsiones «no constituyen deportación» porque los venezolanos fueron sacados «sin orden de traslado» para «cumplir cárcel por tiempo indefinido».
«Con el presidente Bukele, El Salvador se ha convertido en ejemplo de una tendencia alarmante en las Américas, donde el encarcelamiento masivo, la falta de control sobre el poder ejecutivo y la criminalización de las comunidades marginales se presentan como soluciones al crimen», dijo Amnistía.
«Existe una conexión clara y preocupante entre el modelo de seguridad del presidente Bukele en El Salvador y las medidas recién adoptadas por Estados Unidos en relación con las personas migrantes y las que buscan seguridad», añadió.
