La fiscalía de Panamá sugirió anular por «inconstitucional» la concesión otorgada en 1997 a una empresa china para operar dos puertos en los accesos del canal interoceánico, en medio de amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recuperar la vía argumentando que está controlada por Pekín.
La solicitud fue hecha por el fiscal jefe panameño, Luis Carlos Gómez, ante la Corte Suprema, que analiza actualmente dos demandas contra el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company, subsidiaria de la empresa Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong.
Además, en pleno asedio de Washington, la compañía está bajo auditoría de la Contraloría panameña para determinar si cumple sus compromisos financieros con el Estado.
Según Gómez, el contrato es «inconstitucional», por lo que solicitó a la Corte «que así lo declare al momento de pronunciarse», según un documento al que tuvo acceso la AFP.
En el documento, el fiscal asegura que el contrato viola 15 artículos de la Constitución panameña, por acordarse «indebidamente transferir derechos privativos del Estado panameño incidiendo en el interés social y el interés público».
Además, «se afectó la libre competencia», la exoneración de impuestos «no procedía» y la cláusula que permitió en 2021 renovar la concesión de manera automática por otros 25 años tuvo lugar «en condiciones desventajosas para el interés público», según Gómez.
Las demandas buscan que la justicia anule el contrato que permite a Panama Ports Company operar los puertos de Balboa y Cristóbal, en las entradas pacífica y atlántica de la ruta marítima, respectivamente.
Los demandantes aducen que la compañía viola una decena de artículos de la Constitución panameña por no pagar impuestos y recibir una serie de presuntos beneficios contrarios a la ley.
Esto ocurre en momentos en que, bajo el argumento de que el canal está controlado por China, Trump ha amenazado con «retomar» la vía, construida por Estados Unidos e inaugurada en 1914, aunque fue entregada a Panamá hace 25 años tras la firma de tratados bilaterales.
Washington considera una «amenaza» que una empresa china opere puertos en los accesos al canal, pese a que la vía es dirigida y administrada por una entidad panameña autónoma.
Estados Unidos y China son los dos principales usuarios de la ruta, por la que pasa el 5% del comercio marítimo mundial. En 2016 fue ampliada por Panamá para permitir el cruce de buques más grandes.
