El Congreso estadounidense aprobó este miércoles una ley que exige detener a los migrantes en situación irregular acusados de algunos delitos.
Se prevé que el presidente Donald Trump la promulgue de inmediato y se convierta en la primera ley que firme en su segundo mandato.
En virtud de esta legislación, las autoridades podrán detener a cualquier migrante que haya cometido «robo, hurto, robo en tiendas o asalto a un agente de la ley, o cualquier delito que resulte en muerte o lesiones corporales graves a otra persona».
La Ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de 22 años asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años en situación irregular que era buscado por robar en tiendas. Fue condenado a cadena perpetua.
La lucha contra la migración ilegal es la prioridad máxima de Trump, que poco después de tomar posesión del cargo el lunes firmó una batería de decretos, muchos de ellos para bloquear la entrada o facilitar la expulsión de migrantes en situación irregular.
Dice que empezará por aquellos con antecedentes penales. «Millones y millones de extranjeros criminales» regresarán «a los lugares de donde vinieron», afirmó el lunes.
Los congresistas demócratas han denunciado el coste exorbitante de la ley aprobada este miércoles. Barajan la cifra de $83,000 millones en los tres primeros años.
«Es mucho dinero para gastar en una ley que conducirá al caos», opinó la senadora demócrata Patty Murray en la red social X.
Para la congresista demócrata de izquierda Alexandria Ocasio-Cortez, la ley es una pendiente resbaladiza que erosionará aún más el Estado de Derecho.
«En unos meses habrá congresistas que votaron a favor de esta ley y harán como que no sabían todas las cosas malas que van a pasar a causa de ella», estimó durante el debate.
Algunas asociaciones también se oponen a la norma.
«Esta legislación no garantizará ni mejorará la seguridad pública y, cuando se combina con las políticas de aplicación miopes y caóticas del presidente, no ofrece ninguna solución política sustancial que tenga algún efecto positivo mensurable», afirmó Kelli Stump, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA) en un comunicado.
Durante la campaña electoral, el magnate republicano citó repetidamente el caso de Laken Riley, atribuyendo el asesinato a lo que considera una política laxista del gobierno de su predecesor, el demócrata Joe Biden.
Había exigido que Biden presentara una «disculpa» a la familia de Laken Riley.
El padre de la joven asesinada declaró a NBC News que cree que la legislación ha «ayudado a cambiar las cosas políticamente».
