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El Ministerio de Obras Públicas y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) retiraron hoy la estructura de un puente que resultó dañado tras el segundo colapso de la tubería de 48 pulgadas, el pasado martes.

Las instituciones mostraron fotografías del retiro de la tubería dañada y luego del puente que sostenía la tubería.

«En coordinación con el Ministerio de Obras Públicas avanzamos en el retiro del antiguo puente que resultó gravemente dañado tras la ruptura de una tubería de 48 pulgadas ubicada entre Estación Central y San Ramón», publicó ANDA este mediodía en sus redes sociales.

La autónoma señaló que construirán una nueva estructura que soporte la nueva línea de tuberías de agua que instalarán en la zona.

Ayer, el nuevo presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, explicó que la tubería reparada la noche del martes volvió a colapsar debido a la presión de agua y que esta vez también habían daños en la estructura que sostenía la línea de agua. Vaticinó que las reparaciones tardarían tres días.

Ante ello, el gobierno desplegó un plan de contingencia para llevar pipas con agua a las comunidades afectadas de San Salvador y La Libertad a través de diferentes instituciones.

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en Santa Tecla, en La Libertad, aceptó el miércoles todas las pruebas en contra del exdiputado del partido GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo y su esposa por una demanda de enriquecimiento ilícito por más de $392,000 y que el caso avance a etapa probatoria.

Durante la audiencia, la Cámara admitió los documentos de prueba ofrecidos tanto por la Fiscalía General de la República (FGR) y de los abogados de la defensa. El exdiputado Soto expresó su agrado, ya que aseguró que la aceptación de todas pruebas presentadas por sus abogados «es una victoria para nosotros».

«Las señoras magistradas de la Cámara de lo Ambiental nos han aceptado todas las pruebas que nosotros hemos presentado donde va a quedar desvirtuado cualquier insinuación de enriquecimiento ilícito. Nosotros estamos muy contentos con la justicia salvadoreña, con el trabajo honestamente que están haciendo las señoras magistradas de la Cámara de lo Ambiental y esperemos que los procesos continúen«, dijo el exlegislador.

La Fiscalía General de la República presentó la demanda por presunto enriquecimiento ilícito señalando 25 irregularidades detectadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Entre ellas destacan depósitos bancarios sin origen identificado, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, así como la compra de vehículos, por un monto total de $392,989.62 no justificados.

Al exdiputado Soto se le señalan 18 irregularidades por un monto de $332,409.19, mientras que su su cónyuge, Vanessa María Handal de Lazo por siete inconsistencias que ascienden a un monto de $60,585.43.

El abogado de la defensa, Wilmer Marín manifestó que la admisión de las pruebas ofertadas en la audiencia lograrán desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía en contra del exdiputado y su esposa.

«Esperamos que a través de la pericia que se ha presentado de parte de esta representación quede plenamente demostrado en el caso de mi cliente que efectivamente él no tuvo ninguna clase de enriquecimiento como hace erróneamente el señalamiento de la Fiscalía», afirmó Marín.

Además, agregó que como parte del proceso está pendiente que la Cámara envíe un oficio a la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que la entidad ponga a la disposición un listado de peritos que serán los encargados de revisar las pruebas la documentación, «después de eso esperaríamos tal vez que en un plazo de unos 6 meses pueda llevarse a cabo la audiencia probatoria».

Soto Lazo es uno de cinco exdiputados que fueron enviados, en abril, a juicio civil por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por presunto cometimiento de enriquecimiento ilícito, con base a los informes de la Sección de Probidad y discutidos en la Corte Plena de dicho mes.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 17 pandilleros de la clica Sailor Locos Salvatruchos por delitos cometidos entre 2005 y 2016 en distintos distritos de Morazán, incluyendo un ataque armado contra una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) en Guatajiagua.

La Fiscalía General de la República (FGR) demostró que los imputados participaron en siete homicidios agravados, así como en casos de proposición y conspiración para cometer asesinatos y en el delito de organizaciones terroristas.

Uno de los hechos más graves ocurrió el 4 de noviembre de 2016, cuando los pandilleros emboscaron a una patrulla policial en Guatajiagua. Los agentes resultaron con lesiones leves provocadas por los fragmentos de vidrios tras los disparos.

Entre los crímenes atribuidos a esta estructura también está el asesinato de un hombre en octubre de 2016, en el caserío Veracruz, cantón Chaparral, del distrito de Chilanga.

Las investigaciones fiscales comprobaron que los condenados planearon el asesinato de varias personas a quienes consideraban informantes de la PNC.

Por estos hechos, Elvin Josué Romero Pereira, alias «Diablito» (rebelde), recibió la pena más alta: 132 años de prisión por cuatro homicidios y agrupaciones ilícitas. Henry Salvador Argueta Vásquez, alias «Dexter» (presente), fue sentenciado a 68 años por un homicidio, proposiciones y conspiraciones, actos preparatorios y organizaciones terroristas.

Carlos Alexander Romero Umanzor, alias «Gatillo» (presente), y Alexander Bladimir Argueta, alias «Tío Labios» (presente), fueron condenados a 42 años de cárcel, mientras que Marvin Alexander Hernández, alias «El Caballo» (presente), y Nelson Antonio Ramos, alias «Ñenga» (presente), a 38 años.

Los once pandilleros restantes recibieron penas que oscilan entre 20 y 6 años de prisión. Ocho de los imputados estuvieron presentes en el juicio y el resto fueron sentenciados en rebeldía.

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) habilitó el miércoles una nueva capa de devolución, para los ahorrantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (COSAVI, de R.L.).

De acuerdo con la titular de dicha entidad, Evelyn Gracias, los socios de la cooperativa que tengan depósitos iguales o menores a $55,000, podrán retirar sus fondos a partir de este jueves 18 de septiembre.

Los salvadoreños pueden realizar el proceso de retiro de dinero, únicamente en la sucursal que está sobre la calle Gabriela Mistral, en San Salvador en horarios de atención de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde de lunes a viernes, y de 8:30 de la mañana a 12:00 del mediodía, los días sábados.

La superintendenta reiteró que desde la institución financiera se continúa «haciendo esfuerzos para la recuperación de los fondos» y que «en la medida que los asociados pagan los créditos que habían obtenido de la cooperativa, en esa medida nosotros estamos recuperando la plata y de esa manera estamos logrando tener los fondos para hacer estas devoluciones».

La Superintendencia del Sistema Financiero no había habilitado una nueva capa desde el 30 de abril de 2025, por montos de hasta $45,000, donde se dijo que la devolución del 84.7 % de los depositantes la cooperativa.

El pasado 8 de septiembre, los afectados por el caso COSAVI denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó una nueva prórroga de seis meses más para investigar. Según manifestaron los socios afectados son más de 600 personas que esperan ser citados a declarar como víctimas en el caso antes que finalice el periodo de extensión de la investigación del caso.

La denuncia se realizó en el aniversario de la muerte del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, en un accidente de helicóptero en La Unión, cuando se transportaba al exgerente de la cooperativa, Manuel Alberto Coto Barrientos, para ser entregado al Ministerio Público. En el accidente fallecieron nueve personas.

El proceso penal en contra de 15 personas por el caso Cosavi es llevado en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, pero se desconoce la fecha en la que fue judicializado.