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El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador diseñó un Catálogo de Oferta de Cooperación que contiene 34 experiencias de 19 instituciones del Estado y lo presentó con el apoyo de la Dirección de Cooperación de Luxemburgo. Se trata de un catálogo en el cual El Salvador ofrece capacitaciones o intercambios de experiencias específicas.

El catálogo fue diseñado por la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), que integró a especialistas de la cooperación salvadoreña y países socios.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, explicó que el Catálogo Digital contiene 34 buenas prácticas impulsadas por 19 instituciones del Estado. Ella enmarcó la presentación en el lanzamiento del Proyecto de Cooperación Sur-Sur y Triangular.

Explicó en X que mediante este mecanismo se ponen a disposición experiencias exitosas en bienestar social, reactivación económica, seguridad y Gobierno abierto.

Al consultar el cátalogo, pueden verse tres áreas de ofertas de cooperación de El Salvador: bienestar social; reactivación económica; seguridad y gobierno efectivo.

«Esta iniciativa refleja los avances de El Salvador en diversos ámbitos y nuestra disposición de ofrecer cooperación al mundo. Compartimos experiencias y modelos de gestión innovadores para el crecimiento conjunto y el fortalecimiento de alianzas internacionales», afirmó la viceministra Mira.

Entre las 34 experiencias a compartir por El Salvador, están la estrategia “El Salvador Family Friendly”, “Cultura de integración, el nuevo modelo de desarrollo social de El Salvador”, “Registro, emisión y entrega del Documento Único de Identidad en el exterior”, “El deporte transformando vidas”, la ventanilla única “Crea Empresa”, el programa nacional de guías de turismo, la certificación de un sistema de gestión antisoborno, los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (Cubo), entre otros.

La experiencia en la recuperación y la revitalización del centro histórico de San Salvador se ofrece, según el catálogo, en un periodo de 13 a 18 meses. Se requieren boletos aéreos y alojamiento, entre otros, ya que para brindar la asistencia participaría un equipo multidisciplinario de entre 3-5 personas, incluyendo especialistas en planificación urbana, turismo, cooperación internacional, desarrollo social y gestión de proyectos, de instituciones como la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN), Ministerio de Turismo y otras instituciones vinculadas.

Entre los recursos necesarios para proporcionar la asistencia técnica, capacitación o intercambio de experiencia, están alojamiento, pasajes aéreos, viáticos y alimentación; en algunos, seguro médico y visa. En algunas ofertas de cooperación no se requiere que se provea alojamiento o pasajes aéreos; tal es el caso de la la ventanilla única virtual “Crea Empresa”, que se ofrece totalmente en línea y el intercambio puede durar entre 1 y 3 meses hasta un año. “Dado que es una oferta 100% en línea, no se requieren alojamientos, pasajes ni viáticos físicos. Se requiere únicamente conectividad y plataformas de colaboración digital”, indica. Las partes determinaría la fuente de financiamiento de los recursos.

El catálogo está disponible en línea y puede consultarse en el enlace https://rree.gob.sv/catalogo/.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha empezado a realizar adquisiciones de mobiliario, equipo y vehículos relacionadas al proceso electoral de presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes de 2027, a través del sitio de Compras Públicas (Comprasal).

Las adquisiciones relacionadas al proceso electoral más recientes han sido $494,034.24 en mobiliario y equipo necesario y el servicio de arrendamiento de vehículos por $195,868.56.

Así mismo el órgano electoral ha aprobado procesos de adquisición de licencias para la Dirección de Comunicaciones, servicios integrales de comunicación y publicidad, suministro de boletos aéreos para misiones oficiales, servicios de integración de contenidos institucionales en programas de televisión y plataformas de streaming, servicios de enlaces a internet y transmisión, así como servicios para las oficinas de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE).

Así, desde julio de 2025, la institución electoral ha realizado algunas adquisiciones que suman $2.06 millones a través de Comprasal relacionadas a la ejecución del proceso electoral del próximo año.

Las elecciones generales se realizarán el 28 de febrero de 2027, proceso en el cual se elegirán a presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales.

Una de las mayores contrataciones que debe aprobar el TSE es el desarrollo y la implementación del sistema de votación remota por internet y electrónica presencial que se aplicará en las elecciones de los salvadoreños que se encuentran en el extranjero.

En las elecciones de 2024, se destinaron $32,012,918 para la implementación del voto electrónico de salvadoreños en el exterior, de los cuales $26,047,224.87 se destinó para contratar a la empresa española Indra Soluciones y $4,392,310 a la empresa auditora CGTS Corp, demás de $210,640 para la auditoría del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (Tec).

Para las elecciones de 2027 se programaron $46,656,435 para las elecciones en el exterior; la contratación de la empresa que lo implementará y la contratación de la auditoría deben realizarse a más tardar el 31 de agosto de 2026 para realizar las pruebas a partir del 7 de septiembre.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa recibirá el próximo martes una solicitud de ratificación de un acuerdo de cooperación que promete fortalecer la pesca artesanal en el país y busca otorgar inmunidad al personal que ejecutará el proyecto financiado por Italia.

El proyecto, financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, se denomina “Desarrollo de las comunidades costeras, fortalecimiento de la pesca artesanal, de la cadena productiva pesquera y de la gestión integrada y sostenible de las costas a través de la intervención en tres zonas pesqueras de El Salvador”.

El acuerdo, enviado por la ministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, fue firmado el 11 de marzo de 2026 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos y el Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari (CIHEAM).

El acuerdo, que otorga 3.8 millones de euros –4.3 millones de dólares– reconoce el Centro de Bari como organismo internacional y le otorga los privilegios e inmunidades temporales por el periodo de la duración del proyecto, le da franquicia para cinco vehículos del proyecto con placas de misión internacional y exención de IVA a las compras relacionadas al proyecto.

El proyecto se aplicará en el Puerto El Triunfo y la Bahía de Jiquilisco, Usulután; La Unión; y en la Barra de Santiago, Ahuachapán. La ejecución está programada para tres años y el acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 pero podrá prorrogarse por periodo de hasta un año.

Los beneficiarios del acuerdo son aproximadamente 3,000 pescadores organizados en al menos 100 cooperativas ubicadas en La Unión, Puerto El Triunfo-Bahía de Jiquilisco y Barra de Santiago; más 15,000 personas como beneficiarios indirectos o familias extendidas de los pescadores y mujeres activas en el sector pesquero.

Una de las proyecciones del compromiso es establecer infraestructuras y gestión comunitaria para la conservación, procesamiento y comercialización de los productos pesqueros con el cumplimiento de requisitos de higiene y calidad nutricional para el mercado local y turístico.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, calificó de concepto muy simple el comportamiento de una gráfica que mostraba el aumento progresivo de la tasa de personas encarceladas desde el año 2000 y la caída de la tasa de homicidios a partir del año 2015.

«Es un concepto muy simple, en realidad», expresó este sábado.

En la gráfica, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes tiende al alza desde el año 2000 hasta 2015, oscilando entre los 40 hasta más de los 100, llegando su pico más alto en 2015, pero bajando estrepitosamente a partir de entonces.

Mientras, la misma gráfica muestra un aumento constante de la tasa de encarcelamiento en todo el periodo 2000 a 2025, sin que haya disminuido e incluso con un pronunciado aumento a partir de 2021.

El comentario del mandatario se dio en respuesta a otro de @ArthurMacwaters, que afirmó que el «1% de las personas representan el 63 % de todos los delitos violentos; 0.2% de las personas cometen asesinato alguna vez, y **el 67% de todos los asesinatos** son cometidos por personas con arrestos previos».

«Puedes literalmente solucionar el crimen simplemente no tolerando a las personas que muestran un historial de ser destructivas para la sociedad», indicó Macwaters, quien se identifica como fundador de Legion Health (@LegionHealth, https://legionhealth.com/), una clínica de telepsiquiatría y plataforma de tecnología médica con sede en San Francisco, California.

Antes, Macwaters afirmó: Simple. «Necesitamos ser más como El Salvador», mostrando una gráfica de la caída del crimen desde el régimen de excepción en El Salvador.

«El botón de «arreglar todo» es literalmente solo para arrestar criminales y mantenerlos en la cárcel. Bukele fue capaz de hacer esto en cuestión de meses. Cuando ves el crimen y la podredumbre en las ciudades occidentales y te sientes inseguro dejando que tu esposa camine por ahí, sabe que es una elección», afirmó.

El gobierno de El Salvador aplica un régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022 que disminuyó más los homicidios que venían disminuyendo desde el año 2015.

Los homicidios bajaron de 1,211 en 2021 a 615 en 2022, año en que inició el régimen; cifras que han disminuido a 194 en 2023, 114 en 2024 y 82 homicidios en 2025.

El estado de excepción suspende tres derechos constitucionales relacionados al tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas, extendiéndolo a 15 días máximo; suspende el derecho de defensa y la privacidad de las telecomunicaciones.

El gobierno de El Salvador reporta más de 92,300 capturados durante el régimen de excepción. Las organizaciones no gubernamentales reclaman más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría capturas arbitrarias pero también incluyen torturas y malos tratos; y 530 personas fallecidas bajo custodia estatal.

It’s a very simple concept, really. https://t.co/XXXXf0QBCW pic.twitter.com/knKOCR4bMG

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 20, 2026

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente un demanda de inconstitucionalidad contra disposiciones legales que permiten juicios masivos y que extendieron los plazos de instrucción de los procesos penales abiertos bajo el régimen de excepción que inició el 27 de marzo de 2022.

Las disposiciones impugnadas son el artículo 21-A de la Ley contra el crimen organizado y varios artículos las “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”.

El artículo 21-A de la Ley contra el crimen organizado prolongó el plazo de instrucción para los procesos penales de régimen de excepción.

“Los procesos penales tramitados con base en esta ley iniciados antes de la entrada en vigencia de este decreto y que se encontraren en la fase de instrucción, esta se ampliará por un plazo de 12 meses contados a partir de este decreto luego del cual se podrá solicitar prórroga hasta 12 meses más, cumpliendo los requisitos dispuestos en el artículo 17 de esta ley”, indica la disposición.

De las disposiciones, la abogada demandante, Roxana Cardona, impugnó la disposición que permite el sometimiento de los imputados “a un solo proceso penal por la pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita” y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción.

Estas disposiciones permitieron que la Fiscalía agrupen por estructura a los acusados de ser pandilleros en una sola causa, teniendo en cuenta criterios como estructura, denominación, funcionamiento, territorio u otros, para lo cual establece un plazo de no más de dos años, en el cual, de no pronunciarse el fiscal, se dictaría sobreseimiento definitivo.

La abogada argumentó que el artículo 17 de la Ley del crimen organizado viola los principios de legalidad, defensa, seguridad jurídica y retroactividad de la ley, concretamente los artículos 2, 11, 12, 15 y 21 de la Constitución de la República, referidos al derecho a la vida, integridad física moral, libertad, presunción de inocencia, derecho a no ser juzgado con base en leyes anteriores al hecho imputado y la irretroactividad de ley.

La Sala declaró improcedente la demanda e hizo algunas valoraciones sobre los argumentos de la demandante, sobre todo sobre la irretroactividad de las leyes. Consideró que en torno a la retroactividad de las leyes, la Sala ha sostenido que “las normas de carácter procesal poseen eficacia inmediata, es decir, rigen todos los procesos que se encuentren en curso a la fecha de su entrada en vigor”, “por lo cual aplicar enseguida una nueva ley procesal no conlleva retroactividad”.

Según la Sala, si un proceso penal está en etapa de instrucción “este proceso se encuentra pendiente, por lo que una nueva norma procesal, como la impugnada o con otro contenido, le es inmediatamente aplicable”.

“Distinto sería un caso en el que ya existiera resolución judicial que expresamente hubiera finalizado la fase de instrucción o que hubiera declarado iniciada la siguiente etapa del proceso”, indicó.

La instancia judicial consideró que, en relación al artículo 21 de la Constitución, “la confrontación se basó en un contenido erróneo del objeto de control” y sobre el inciso segundo de la Ley contra el crimen organizado, la demandante “no precisó el parámetro de control ni argumentó algún contraste normativo”.

Por ello, la Sala aseguró que la demandante atribuye la disposición impugnada a “un contenido erróneo”, pues “esta no supone el uso retroactivo de la ley sino solo aplicación inmediata de la norma procesal nueva a los hechos jurídicos procesales que se están desarrollando dentro de su vigencia”.

La Sala también rechazó el argumento de la demandante sobre los juicios masivos y aseguró que la afirmación de la supuesta violación a las normas de identificación del delincuente no se refiere a un vicio de la norma sino a un “supuesto relativo a su aplicación”.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó esta semana que funcionarios públicos actuales o los que han manejado fondos públicos o desempeñado cargos sujetos a fiscalización durante los últimos cinco años deben actualizar sus datos en la institución.

Los datos, según la institución, deben ser actualizados en el “Módulo de Notificación Electrónica (MNE)”, un sistema que según la institución mantiene informados a los exempleados o exfuncionarios, empleados o funcionarios, sobre los procesos de los sujetos obligados.

Según la CCR, los funcionarios, exfuncionarios o terceros sujetos a fiscalización deben completar y verificar sus datos en dicho módulo.

En sus redes sociales, la institución explicó que deben introducir su número de Documento Único de Identidad (DUI), carné de residencia o pasaporte, correo electrónico y número telefónico institucionales del lugar donde labora o haya laborado, y datos de contacto personales.

“Aplican para actualizar los datos servidores del sector público, organismos y personas que reciban asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos, terceros sujetos a fiscalización que hayan desempeñado sus funciones durante los últimos cinco años”, detalló la CCR.

La institución dispuso este correo para consultas: consultasmne@cortedecuentas.gob.sv.

La Corte de Cuentas debe realizar investigaciones o auditorías a funcionarios o empleados públicos por posibles actos de corrupción o enriquecimientos a costa de la hacienda pública o municipal, y debe remitir las auditorías con hallazgos u observaciones a la Fiscalía General de la República.

La Ley Anticorrupción, una normativa cuya aprobación fue uno de los compromisos adoptados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), requiere que todos los funcionarios y empleados públicos obligados a declarar su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia declara activos y pasivos junto a su declaración de renta; si no declaran deben ser cesados o destituidos según la ley. Estos informes serán de acceso irrestricto a la Corte de Cuentas.

Esta normativa establece como sujetos obligados a todos los funcionarios, empleados públicos, servidores públicos, agentes de autoridad y autoridades públicas de cualquier órgano de gobierno, instituciones del Estado, de las municipalidades, instituciones oficiales autónomas y desconcentradas, así como los particulares ya sean personas naturales o jurídicas en términos establecidos por la ley.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador aseguró que el presidente salvadoreño Nayib Bukele tiene un compromiso incesante con la seguridad en la región al reaccionar sobre la incautación de 6.68 toneladas de cocaína publicada este viernes por el mandatario.

La incautación se realizó el jueves 18 de junio al detectar dos embarcaciones, una con tres narcotraficantes, dos colombianos y un ecuatoriano, que transportaban 3.425 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación LPV a 1,074 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo del Estero de Jaltepeque.

La otra embarcación a 1,172 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, con dos colombianos y un ecuatoriano que transportaban 3.255 toneladas de cocaína, sumando en total 6.68 toneladas por un valor de $167 millones, récord nacional de decomiso en una sola operación.

Las autoriades de El Salvador han decomisado 13.286 toneladas de cocaína en lo que va de 2026, valoradas en $332.15 millones.

La viceministra la Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, se reunió con el cónsul honorario de Suiza en El Salvador, Luis Letizelar, quienes abordaron la búsqueda de “mejores oportunidades para la población retornada” y de la prevención de riesgos de la migración irregular.

Según la funcionaria, también se reunieron para robustecer las relaciones económicas, comerciales y de cooperación.

De Suiza, uno de los mayores cooperantes ha sido la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact), con iniciativas formativas, emprendedoras y de reintegración laboral para la población retornada.

Su programa “Nuevas Oportunidades” inició como fase piloto en 2016 y que posee áreas en certificación de competencias laborales, desarrollo de habilidades blandas, intermediación laboral y promoción del emprendimiento.

Este programa registra que aproximadamente el 30 % de 140 personas retornadas por día a El Salvador tienen una amplia experiencia laboral en el extranjero.