Un grupo de trabajadores inmigrantes y organizaciones defensoras de derechos civiles presentó el miércoles una demanda federal contra el Gobierno de Donald Trump por presuntas violaciones constitucionales durante las redadas migratorias realizadas en el área metropolitana de Los Ángeles desde junio.
La querella de 63 páginas, interpuesta en el Tribunal de Distrito del Centro de California, acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de «secuestrar y desaparecer» personas mediante detenciones arbitrarias basadas en su color de piel, además de recluirlas en condiciones peligrosas y sin acceso a representación legal.
Cinco trabajadores detenidos, junto a organizaciones como La Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), CHIRLA y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes, alegan que estas prácticas buscan cumplir cuotas de arrestos sin base legal y violan la Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución.
Los demandantes, representados por abogados de ACLU del Sur de California y Public Counsel, piden medidas cautelares y permanentes para frenar nuevas redadas y garantizar derechos básicos a los afectados en siete condados del área metropolitana.
Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU SoCal, calificó la acción como «histórica» y denunció que «desde el 6 de junio, hombres enmascarados han aterrorizado a comunidades de color violando derechos fundamentales».
La denuncia se presentó en un lavadero de autos de Torrance, donde el pasado 22 de junio se grabaron videos virales que mostraron a agentes con chalecos de la Patrulla Fronteriza ingresando a la fuerza y arrestando a trabajadores con violencia. Enmanuel, uno de los dueños del negocio, afirmó: «Los trataron como criminales, sin dignidad».
Familiares de los detenidos aseguran que ICE no ha informado sobre el paradero de los arrestados. Emily Hernández, sobrina de un trabajador salvadoreño, denunció entre lágrimas: «Parece que no importamos, pero sí importamos. Mi tío importa».
Mark Rosenbaum, abogado de Public Counsel, sostuvo que los detenidos han sido trasladados a instalaciones «similares a mazmorras» sin alimentos, atención médica ni higiene. «Esta represión busca desmantelar derechos básicos y ocultar tratos inhumanos solo por el color de piel», afirmó.
La demanda exige la suspensión inmediata de las redadas y el acceso garantizado a representación legal para los detenidos. Aunque el Departamento de Justicia ya fue notificado, se negó a responder de inmediato por el asueto del Día de la Independencia.
«La Constitución no se va de vacaciones», advirtió Rosenbaum, quien recalcó que la acción legal busca terminar con «la mentira de que estos trabajadores son criminales y pueden ser arrestados sin orden judicial ni derecho a defensa».
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