Siete inmigrantes detenidos en la mayor cárcel migratoria de California interpusieron una demanda federal contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por someterlos a condiciones “inhumanas” y “punitivas”, además de negarles atención médica y legal adecuada. La denuncia fue presentada este jueves por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ante el Tribunal de Distrito del Norte de California.
La querella se centra en el Centro de Detención de California City, ubicado en el condado de Kern, al norte de Los Ángeles. Esta instalación, con capacidad para 2,560 detenidos, es operada por la empresa privada CoreCivic, y es considerada la más grande del estado en su tipo.
Condiciones deplorables y aislamiento forzado
Los demandantes buscan representar a toda la población detenida en California City, alegando que viven bajo condiciones punitivas, como alojamientos insalubres, escasez de alimentos y agua, temperaturas extremadamente bajas, y restricciones a las visitas familiares.
La demanda también detalla el uso excesivo del aislamiento solitario, y denuncian prácticas que violan los derechos humanos fundamentales. “Ningún ser humano, inmigrante o no, debería estar sometido a estas condiciones horrendas”, expresó Gustavo Guevara, uno de los migrantes involucrados en el proceso judicial.
“Espero que la sociedad tome conciencia del abuso, la negligencia, la indiferencia y el trato injusto al que estamos siendo sometidos, y que no haga la vista gorda”.
Gustavo Guevara, migrante.
Negligencia médica y desprotección legal
Uno de los casos más graves es el de Yuri Alexander Roque Campos, quien ha sido hospitalizado de emergencia en dos ocasiones luego de que se le negara el acceso a medicamentos vitales para una condición cardíaca. Según la demanda, un médico advirtió que podía morir si dejaba de tomar su medicación. Sin embargo, pese a estar detenido desde septiembre, aún no recibe su tratamiento de forma regular.
La querella también acusa a ICE de desatender las necesidades de personas con discapacidad, al no proporcionar intérpretes de lengua de señas, sillas de ruedas ni artículos básicos de asistencia. Además, los detenidos denuncian restricciones severas al acceso legal, incluyendo semanas de espera para realizar llamadas a abogados y demoras prolongadas para obtener visitas presenciales.
Derechos constitucionales vulnerados
La demanda invoca violaciones a la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. “El acceso a necesidades básicas como la alimentación, la atención médica y la asistencia jurídica no son meras sugerencias; son derechos constitucionales protegidos”, afirmó Kyle Virgien, abogado principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU.
“El trato que reciben las personas detenidas en el centro de California City es un ejemplo más del absoluto desprecio del ICE por los derechos y la dignidad de las personas bajo su custodia”, añadió el jurista.
Junto a la ACLU, los demandantes también están representados por la California Collaborative for Immigrant Justice y el bufete Keker Van Nest & Peters LLP. La empresa CoreCivic enfrenta múltiples acusaciones por mala gestión y negligencia en centros migratorios que administra para el ICE.