El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo escándalo de corrupción tras la filtración de audios que revelan un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La denuncia también involucra a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al subsecretario Eduardo “Lule” Menem y al empresario Eduardo Kovalivker, dueño de la farmacéutica Suizo Argentina.
Los audios, difundidos el 20 de agosto y atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces director de la Andis y abogado cercano a Milei, describen pagos ilegales que habrían beneficiado a funcionarios de alto rango. En las grabaciones se menciona que Karina Milei recibiría un 3 % de las operaciones con Suizo Argentina. Tras conocerse el material, el mandatario dispuso la intervención de la agencia por 180 días y apartó preventivamente a Spagnuolo.
La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, acusa a Milei y a su entorno de los delitos de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dirigen la investigación, que ya dejó como resultado 15 allanamientos y la incautación de $266,000 en efectivo vinculados a la familia Kovalivker.
Hasta ahora, ni Javier ni Karina Milei se han pronunciado públicamente. La defensa llegó desde los Menem: tanto “Lule” como Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, calificaron la causa como una “operación política” en medio de la campaña legislativa. Suizo Argentina también negó las acusaciones en un comunicado compartido por el propio Milei en sus redes sociales.
Este es el segundo caso de corrupción que golpea al presidente argentino en 2025, luego del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, en el que inversores denunciaron millonarias pérdidas tras una promoción hecha por Milei en redes sociales.
La controversia se suma a un clima de tensión por las pensiones de discapacidad, ya que el Gobierno cuestiona las listas de beneficiarios. El mismo día de la filtración de los audios, el Congreso rechazó un veto presidencial a una ley que buscaba declarar la emergencia en discapacidad, reclamada por familiares y organizaciones sociales.
El caso Andis no solo compromete a la administración Milei en el terreno judicial, sino que también impacta en uno de los sectores más vulnerables del país, al poner bajo sospecha fondos destinados a programas sociales de salud y asistencia.