La Justicia laboral de Argentina dictó este lunes la suspensión temporal de un decreto impulsado por el presidente Javier Milei, el cual restringía el derecho a huelga y ampliaba la lista de servicios esenciales en el país.
La medida se produce tras una acción de amparo promovida por la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó la constitucionalidad del decreto.
La jueza Moira Fullana, del fuero de la Justicia Nacional del Trabajo, ordenó dejar sin efecto de forma provisional los artículos segundo y tercero del decreto hasta que se emita una sentencia definitiva. En su fallo, la magistrada dio curso a la medida cautelar y reconoció “la viabilidad formal de la acción de amparo interpuesta.”
La jueza también afirmó la jurisdicción del fuero laboral para resolver el caso, desestimando la intención del gobierno de trasladar el expediente al ámbito contencioso administrativo. Fullana argumentó que su tribunal debe intervenir “en una contienda en la que resulta inobjetable el contenido de derecho social.”
El sindicato CGT alegó que el decreto fue dictado sin respetar los procedimientos legislativos correspondientes y denunció que “viola el principio republicano de división de poderes y violación al derecho y principio de libertad sindical.”
El decreto en cuestión fue firmado a mediados de mayo por el presidente Milei.
En él, se imponía la obligación de mantener operativos al menos el 75 % de los servicios en sectores clave como salud, educación, transporte aéreo y marítimo, telecomunicaciones, entre otros.
No obstante, la legislación argentina vigente solo considera esenciales aquellas actividades cuya interrupción implique un riesgo real para la vida o la seguridad de la población.
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