La decisión de Estados Unidos de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a 4.000 nicaragüenses es una «noticia dura» para quienes tienen estaban cobijados por esa medida y los obligará a buscar opciones legales para permanecer en ese país, valoraron este martes expertos nicaragüenses.
La decisión es «una noticia dura para quienes tienen ese estatus», dijo el abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense‑Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación.
En declaraciones al diario La Prensa, Rocha explicó que tras conocer esa decisión interpusieron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
«Hemos decidido presentar demanda en el tribunal federal para intentar revertir o al menos poner en pausa administrativa la notificación», indicó el letrado.
El Gobierno estadounidense afirma que el país es «un creciente líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable». Mientras que para Honduras destaca el inicio de nuevos proyectos de infraestructura que «transformarán su economía».
No obstante, expertos y defensores de migrantes en ambos países discrepan de este argumento. Elsy Reyes, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, advirtió que el fin del TPS abrirá la puerta a deportaciones masivas y a la separación de familias: «colocará a miles en una situación de irregularidad migratoria».
Francisco Xavier Aguirre Sacasa, excanciller de Nicaragua, afirmó que esta cancelación obligará a los beneficiarios «a acercarse a las autoridades migratorias estadounidenses para regularizar su situación y hacer su cambio permanente de estatus, que es lo que debieron haber hecho desde hace tiempo».
La abogada de inmigración Cindy Blandón recordó que los afectados tendrán 60 días para evaluar otras vías legales como el ajuste de estatus por vínculos familiares, asilo o permisos laborales. El TPS para nicaragüenses finalizará oficialmente el 8 de septiembre de 2025.
En tanto, el coordinador del Observatorio de Migración de la UNAH, César Castillo, afirmó que en Honduras persisten las condiciones que provocaron la migración masiva: pobreza, desempleo, violencia y vulnerabilidad al cambio climático. «Los argumentos de EE.UU. no son válidos», dijo.
Actualmente, se estima que hay cerca de 1 millón de hondureños viviendo en EE.UU., de los cuales 72,000 están protegidos por el TPS. Solo en 2024, el país recibió 7,858 millones de dólares en remesas, y se proyecta que estas lleguen a 10,259.7 millones en 2025.
El canciller hondureño, Javier Bu, lamentó la decisión pero aseguró que no es sorpresiva: «Nos tocó esta decisión, que no es una sorpresa francamente (…) vamos a mantener la buena relación con la Administración Trump y con la de Biden», afirmó.
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