Una coalición de organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes interpuso una demanda el jueves en una corte federal de Washington, capital estadounidense, con el objetivo de anular un acuerdo suscrito entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Nayib Bukele, que permitió el traslado de migrantes detenidos hacia cárceles en El Salvador, señaló un artículo de la agencia Associated Press (AP).
Según la información publicada por AP, los demandantes sostienen que este convenio permite enviar a personas detenidas fuera del alcance de los tribunales estadounidenses, “negándoles así el derecho al debido proceso y otras garantías constitucionales”.
“El acuerdo es contrario a la ley. Y se celebró sin fundamento jurídico alguno”, argumentan los demandantes en el escrito judicial.
La demanda señala que el gobierno estadounidense envió a cientos de migrantes hacia El Salvador, entre ellos personas acusadas de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, de origen venezolano.
En marzo de este 2025, la administración Trump habría aprobado un pago de $6 millones a El Salvador, para custodiar a 300 migrantes en su sistema penitenciario. El propio Trump expresó que le gustaría enviar también a criminales estadounidenses a cárceles salvadoreñas, una propuesta que podría ser inconstitucional, según especialistas legales.
Las organizaciones demandantes citan informes del Departamento de Estado de EE.UU. sobre las condiciones carcelarias en el país centroamericano, en las que los reclusos estarían expuestos a tratos «duros y potencialmente mortales», así como a torturas y falta de acceso a servicios básicos como agua, alimentos y atención médica.
Posteriormente, el gobierno salvadoreño publicó videos de prisioneros trasladados desde Estados Unidos a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, San Vicente.
El Departamento de Estado no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios, indicó AP.
Uno de los casos citados en la demanda es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño con protección desde 2019 que residía en Maryland, a quien la administración Trump deportó a El Salvador pese a una orden judicial que lo impedía. El gobierno estadounidense sostuvo que ya no tenía la custodia de Ábrego una vez fue enviado fuera del país.
Las organizaciones firmantes de la demanda son Robert F. Kennedy Human Rights, la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal, el Immigrant Defenders Law Center, Immigrant Equality, California Collaborative for Immigrant Justice and Democracy Forward. Esta última también participa en una demanda separada sobre los primeros vuelos de migrantes a El Salvador.
Los demandantes aseguran que el convenio firmado con El Salvador vulnera la Ley de Procedimientos Administrativos, que impide a agencias como el Departamento de Estado llevar a cabo actos inconstitucionales o ilegales.
Asimismo, denuncian que contraviene la Ley del Primer Paso, una legislación impulsada en 2018 por el propio Trump, que establece que los presos federales deben ser ubicados lo más cerca posible de sus hogares.
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