El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su ofensiva para recortar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que permite residir y trabajar a miles de migrantes, aunque por ahora ha dejado en pie la protección para El Salvador, uno de sus aliados clave en materia de deportaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional oficializó este martes la cancelación del TPS para unos 76,000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes, sumándose a la eliminación del beneficio para más de 800,000 venezolanos y haitianos anunciada en meses recientes. El argumento de la Casa Blanca es que los países de origen ya no cumplen los requisitos de inseguridad o crisis para justificar el amparo.
El TPS otorga residencia temporal a ciudadanos de naciones afectadas por desastres naturales o conflictos armados, protegiendo actualmente a migrantes de 17 países. Trump ya había intentado eliminar el programa en su primer mandato (2017-2021) para seis naciones, entre ellas El Salvador, Honduras y Haití, pero perdió la batalla legal.
Si los tribunales no hubieran fallado a favor de los beneficiarios —conocidos como tepesianos—, la primera ofensiva habría dejado sin protección a más del 98 % de quienes contaban con el TPS en 2017. En aquel entonces, Trump desató la polémica al calificar a El Salvador y Haití como países de «mierda» y expresar su preferencia por recibir migrantes de Noruega.
Actualmente, el amparo para El Salvador está vigente hasta septiembre de 2026 gracias a la ampliación otorgada durante la administración del expresidente Joe Biden, quien también extendió la protección a venezolanos y reforzó la cobertura para hondureños y nicaragüenses. No obstante, la reciente cancelación del TPS para Haití alimenta la incertidumbre sobre el futuro de los salvadoreños.
Pese a la buena relación entre Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele —cuyo gobierno aloja a unos 230 migrantes, en su mayoría venezolanos, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)—, defensores de migrantes temen un giro.
«Con esta administración no sabemos qué va a pasar, así que todo el mundo debe prepararse para una eventual terminación del TPS», advirtió Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal).
Tejada señaló que muchos salvadoreños amparados desde 2001 enfrentan problemas porque no han recibido sus nuevos permisos de trabajo, situación que ya provoca despidos y complicaciones para renovar licencias de conducir.
«Las empresas y las mismas autoridades locales se confunden sobre quién tiene permiso y quién no, al decir que han cancelado un TPS piensan que es a todos», explicó Tejada.
El caso de Rodolfo Villanueva Aguilar, salvadoreño detenido junto a su hijo Dennis por agentes de ICE el pasado 24 de junio en Los Ángeles mientras trabajaban en jardinería, evidencia las dificultades: ambos fueron enviados a un centro de detención en El Paso, Texas, complicando su defensa legal pese a estar amparados.
La Casa Blanca enfrenta ahora una nueva ola de demandas por la cancelación de protecciones.
«Un ataque contra un país designado para TPS es un ataque contra todos los beneficiados», subrayó José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, quien instó a «enfrentar el odio unidos».