Tecnología canadiense fue aplicada en ataques de EE.UU. contra narcolanchas en el Caribe

Los ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe, ocurridos en septiembre de 2025 y que dejaron al menos 14 muertos, habrían empleado tecnología de origen canadiense, según un informe difundido este lunes por la organización pacifista Project Ploughshares.

De acuerdo con el documento, los ataques del 2 y 15 de septiembre fueron realizados con apoyo de sensores electro-ópticos e infrarrojos fabricados por la empresa canadiense L3Harris.

La ONG identificó el origen del equipo a través de la interfaz gráfica mostrada en las imágenes difundidas por el Pentágono, pese a que las autoridades militares intentaron ocultar la procedencia.

L3Harris es uno de los principales proveedores globales de este tipo de tecnología, utilizada por fuerzas armadas de numerosos países.

No es la primera vez que Project Ploughshares alerta sobre desvíos de armamento canadiense. En 2020 denunció que Turquía empleó sistemas WESCAM EO/IR en conflictos donde se documentaron violaciones de derechos humanos, lo que llevó al Gobierno canadiense a suspender temporalmente esas exportaciones.

Posibles violaciones de derechos humanos

La organización recordó que observadores de la ONU y de derechos humanos han calificado los ataques en el Caribe como ejecuciones extrajudiciales, al haberse producido en aguas internacionales y en ausencia de un conflicto declarado.

Project Ploughshares subrayó que, como signatario del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT) de la ONU, Canadá tiene la obligación de garantizar que sus exportaciones militares no contribuyan a violaciones del derecho internacional.

Sin embargo, un acuerdo bilateral con Estados Unidos, vigente desde hace más de siete décadas, permite que la mayoría de las exportaciones militares canadienses hacia su vecino eludan controles de licencia, incluidos los sensores WESCAM empleados en estas operaciones.

La ONG instó al Gobierno canadiense a cerrar esta laguna legal y a establecer mecanismos de supervisión más estrictos para impedir que la tecnología de fabricación nacional sea utilizada en futuros abusos o acciones contrarias al derecho internacional.