El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el domingo a Los Ángeles como una ciudad «invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales», y aseguró que las recientes protestas contra las redadas migratorias «refuerzan» su voluntad de deportar masivamente a indocumentados.
«Estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación», publicó Trump en Truth Social, donde también anunció que ordenó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; al secretario de Defensa, Pete Hegseth; y a la fiscal general, Pam Bondi, tomar «todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria y poner fin a estos disturbios».
Las declaraciones del mandatario ocurren tras tres días consecutivos de protestas en la ciudad, iniciadas luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecutara al menos siete redadas masivas el pasado viernes.
En respuesta, Trump autorizó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, quienes este domingo ya patrullaban puntos clave como el edificio federal del centro de Los Ángeles. La medida fue tomada sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, en un hecho sin precedentes en los últimos 60 años.
El gobernador Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, instaron a la población a manifestarse de forma pacífica. «No le den a Trump lo que quiere», escribió Newsom en su cuenta de X (antes Twitter), mientras enviaba una carta al secretario de Defensa solicitando revocar la decisión y devolver la Guardia Nacional al control del estado.
En la misiva, Newsom alegó que la activación de la fuerza federal se hizo sin consulta previa y violando el memorándum presidencial que establece coordinación con los gobiernos estatales. «No hay necesidad de desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles (…) hacerlo así es una grave violación de la soberanía estatal diseñada para agravar la situación», afirmó el gobernador.
Durante la jornada del domingo, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), quienes declararon la protesta como «asamblea ilegal» para dispersar a la multitud. Hasta el cierre de esta nota, no se reportaban arrestos.
La intervención federal generó una ola de reacciones. Un bloque de 22 gobernadores demócratas calificó la decisión como «un alarmante abuso de poder», y criticó las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien no descartó el envío de marines. «Amenazar con enviar marines a barrios estadounidenses erosiona la confianza pública y deja ver que la Administración Trump no confía en las fuerzas del orden locales», afirmaron en un comunicado conjunto.
«Apoyamos al gobernador Newsom, quien ha dejado claro que la violencia es inaceptable y que las autoridades locales deben poder ejercer su trabajo sin interferencias ni intimidación federal», concluyó el mensaje firmado por los gobernadores.
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