Los futbolistas del Athletic Club, Iñaki y Nico Williams, fueron citados a declarar como investigados el próximo martes 27 de enero por un presunto delito de estafa y apropiación indebida relacionado con la compra de un coche de lujo a finales de 2024.
La declaración será realizada por videoconferencia desde la sede del club, según ha indicado el despacho Ospina Abogados, que ejerce la acusación en nombre de la empresa denunciante, OMNIGESTION 24 SLU, especializada en la compraventa de vehículos.
El origen del caso
El procedimiento parte de una querella criminal interpuesta en julio de 2025 por la citada empresa, en la que se acusa a los hermanos Williams, a su tía Mary Princefripomaa y a otras personas de haber urdido una estafa en torno a la entrega de un Mercedes AMG E63.
Según el relato de la parte acusadora, los hermanos habrían mostrado interés en adquirir el vehículo, que fue comprado y matriculado en España por la empresa querellante. Inicialmente se planteó una operación de permuta con otro coche de los jugadores, pero por “problemas administrativos” se optó por una compraventa simulada, inscribiendo el coche a nombre de una tercera persona del entorno familiar.
La empresa sostiene que, tras la entrega del coche de alta gama, no se concretó la contraprestación, ni en forma de intercambio ni de pago económico, y que los investigados dejaron de comunicarse, lo que habría generado un perjuicio patrimonial significativo.
Pruebas y diligencias
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Aoiz (Navarra) ha admitido a trámite la querella y ha abierto diligencias previas. Entre las pruebas acordadas, se incluye un informe de la Dirección General de Tráfico para esclarecer la titularidad de los vehículos implicados.
Defensa de los Williams: «No hemos cometido delito alguno»
Los hermanos Williams ya reaccionaron públicamente en julio de 2025, negando «rotundamente haber cometido delito alguno». A través de un comunicado en redes sociales, calificaron la denuncia como infundada y con un «propósito deliberado de dañar su imagen y coaccionar un pago indebido». «No existe base fáctica ni jurídica para esta imputación», afirmaron entonces.
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