El partido de las mujeres de Filipinas, Gabriela, solicitó al Parlamento una investigación sobre una posible red vinculada al fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, que habría operado desde el país asiático con el objetivo de limpiar su imagen en internet tras su condena por delitos sexuales en 2008.
La petición, presentada ante el Comité de Información Pública y el Comité de Mujeres e Igualdad de Género, se apoya en documentos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ellos se mencionan intercambios de correos que indican que Epstein y sus colaboradores contrataron desde Filipinas un equipo para rehabilitar su reputación digital.
La formación feminista publicó extractos del documento en sus redes sociales y alertó que este tipo de operaciones representan una amenaza para Filipinas, un país considerado por diversos organismos como epicentro mundial de la pornografía infantil en línea. Por ello, solicitan identificar a personas o entidades locales que pudieron haber colaborado o lucrado con esta red.
“Es fundamental evaluar las vulnerabilidades que permitieron que Filipinas se utilizara como centro operativo para la limpieza del nombre de un delincuente sexual”, expresa el texto legislativo, respaldado por al menos tres congresistas de grupos de izquierda.
Gabriela también alertó sobre el uso de tecnologías digitales para la trata y explotación de menores, actividades que, advirtieron, se amparan en los mismos entornos digitales usados por redes internacionales de abuso sexual infantil.
El caso Epstein ha generado reacciones en distintos países tras la difusión masiva de archivos por parte del Departamento de Justicia estadounidense, que incluyen correos electrónicos, fotografías y videos. Aunque muchos de los documentos revelan relaciones entre Epstein y figuras públicas de varios países, no todos implican conductas delictivas.
El caso ha vuelto a reavivar el debate sobre los vacíos legales que permiten la explotación infantil en el entorno digital y el uso de plataformas tecnológicas para manipular la percepción pública de individuos condenados por crímenes graves.
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