La Justicia de México ordenó este miércoles la apertura de un juicio contra el exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. El exfuncionario permanece en prisión desde hace cinco días.
La decisión fue tomada por un juez federal tras una audiencia que se prolongó durante cerca de 14 horas en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El juzgador consideró que existen elementos para procesar a Aguirre por el presunto delito de desaparición forzada y confirmó que continuará bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano mientras avanza el proceso judicial.
Durante la audiencia, la Fiscalía mexicana sostuvo que el exgobernador ordenó ocultar grabaciones que contenían información considerada relevante para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, una de las investigaciones más emblemáticas y controvertidas de la historia reciente del país.
La defensa de Aguirre argumentó que no existe evidencia que demuestre que el exmandatario estuviera presente en el lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, el juez concluyó que ese planteamiento no era suficiente para desvirtuar los señalamientos formulados por el Ministerio Público.
Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando viajaban en autobuses rumbo a Ciudad de México para participar en la conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968. De acuerdo con las investigaciones, fueron interceptados por policías de los municipios de Iguala y Cocula, presuntamente en coordinación con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, las autoridades sostuvieron la denominada «verdad histórica», según la cual los estudiantes fueron asesinados por miembros del grupo criminal, quienes posteriormente incineraron sus cuerpos en un basurero y arrojaron las cenizas al río San Juan.
No obstante, investigaciones posteriores desmontaron esa versión oficial. Entre ellas figura la realizada por la comisión creada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual concluyó que existieron irregularidades en las pesquisas iniciales y señaló la presunta participación de elementos de la Policía Federal y del Ejército en los hechos.
La principal línea de investigación sostiene que uno de los autobuses utilizados por los estudiantes transportaba oculto un cargamento de heroína y que, sin saberlo, los jóvenes interrumpieron una operación de narcotráfico. Esa hipótesis plantea que la estrecha relación entre organizaciones criminales, autoridades municipales y cuerpos policiales derivó en la desaparición de los normalistas, un caso que continúa sin resolverse plenamente después de casi 12 años.