El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a Luis Antonio Ramírez Álvarez y a Doménico Italo Mario Salvato Venutolo a cinco años de prisión por el delito de estafa agravada, tras determinar que engañaron a un empresario para obtener una inversión de $492,000 en un supuesto proyecto de construcción de carreteras.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que ambos condenados paguen a la víctima $492,000 en concepto de responsabilidad civil, con el fin de resarcir el perjuicio económico ocasionado.
Durante el juicio se estableció que, a inicios de 2010, los ahora condenados ofrecieron al empresario integrarse como socio de una compañía dedicada a la construcción de carreteras, cuya sede estaría ubicada en la ciudad de Panamá. La víctima decidió invertir el dinero al confiar en la propuesta y en la relación comercial que previamente mantenía con ambos.
Sin embargo, en 2012 el inversionista solicitó el pago de las utilidades generadas y pidió revisar el libro de accionistas de la empresa. Los imputados se negaron y argumentaron que la sociedad no había obtenido ganancias y que las pocas utilidades habían sido capitalizadas.
Durante el proceso judicial, la jueza concluyó que el fraude consistió en presentar a la víctima un proyecto empresarial aparentemente sólido y hacerle creer que tendría una participación societaria real, cuando en realidad fue inducida mediante engaños para entregar el dinero.
Los dos procesados fueron declarados rebeldes durante el desarrollo del juicio. No obstante, el tribunal fue informado de que Doménico Italo Mario Salvato Venutolo fue capturado en Panamá el pasado 9 de julio, por lo que las autoridades deberán continuar con el procedimiento correspondiente para ejecutar la condena.
La resolución judicial establece que la conducta de ambos provocó un perjuicio económico significativo al empresario, quien permaneció durante años sin recuperar la inversión realizada ni obtener los beneficios que le habían sido prometidos.
Con esta sentencia, el Tribunal Quinto de Sentencia dio por acreditado el delito de estafa agravada y ordenó el cumplimiento de la pena impuesta, así como la reparación económica a favor de la víctima.