Un tribunal de Ecuador condenó al expresidente Abdalá Bucaram, quien gobernó entre 1996 y 1997, y a su hijo Jacobo a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada, relacionada con la comercialización irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos durante 2020.
La sentencia también alcanzó al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito Leandro Berrones, condenado a 13 años y cuatro meses de prisión, y al ciudadano israelí Sheinman Oren, quien recibió dos años y ocho meses después de colaborar con la justicia. Los jueces también ordenaron que Bucaram y su hijo paguen una multa de aproximadamente $9,640.
El proceso enfrentó dificultades para celebrar la audiencia contra el exmandatario. Las tres convocatorias anteriores fueron declaradas fallidas debido a que Bucaram fue sometido a una operación de emergencia por problemas cardíacos y posteriormente ingresó a unidades de cuidados intensivos en otros hospitales durante las fechas establecidas para las diligencias. Sus abogados argumentaron que todavía no se había recuperado de la intervención.
Bucaram rechazó la sentencia y anunció que solicitará la nulidad del juicio por una supuesta falta de imparcialidad de uno de los jueces.
«Aquí no hay delito. Nunca lo hubo. Una compra entre privados de una bicicleta, una moto, un carro, unas pruebas covid… Díganme, ¿cuál es el delito?», afirmó durante una rueda de prensa realizada en su vivienda en Guayaquil.
«Sancionar con nueve años a un expresidente por una compra de 60.000 dólares en un acuerdo entre privados… Irregular es todo lo que roban en los gobiernos anteriores y no hay sentencia», agregó.
El expresidente también argumentó que durante la pandemia existía una elevada demanda de pruebas para detectar la enfermedad.
«El único negocio bueno era el de las pruebas covid», dijo, aunque negó que esa actividad constituyera un delito. Otros dos agentes de tránsito que trabajaron como escoltas de seguridad presidencial ya habían recibido penas reducidas por este proceso tras aceptar los hechos imputados.
Bucaram permanecía internado desde la semana pasada en un hospital del norte de Guayaquil y los jueces habían dispuesto su detención una vez recibiera el alta médica. Cuando el centro hospitalario autorizó su salida el miércoles, el tribunal fue notificado y el exmandatario fue conectado mediante videollamada, bajo vigilancia policial, para comunicarle la decisión judicial.
La Fiscalía sostuvo que los procesados colaboraron entre marzo y agosto de 2020 con una estructura que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de unas 21,000 pruebas para detectar la covid-19 y otros productos médicos durante la emergencia sanitaria. Los jueces aceptaron la teoría presentada por la fiscal del caso.
De acuerdo con la investigación, dos ciudadanos israelíes se encargaron de trasladar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito desde Quito hasta la vivienda de Bucaram, donde también se almacenaron mascarillas y lancetas. Uno de esos ciudadanos fue asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral. La Fiscalía señaló además que las pruebas eran comercializadas «sin facturas y sin pagar impuestos al Estado».