Un juez federal escuchará este lunes los argumentos del gobierno estadounidense para determinar si Kilmar Ábrego García debe regresar a custodia migratoria tras haber sido detenido sin una base legal válida.
Un juez federal analizará si Kilmar Ábrego García debe ser devuelto a la custodia del sistema migratorio de Estados Unidos, luego de que fuera liberado el 11 de diciembre de un centro de detención en Pensilvania por orden judicial, informó la televisora KTVL.
De acuerdo al medio estadounidense, Ábrego García permanecía detenido desde agosto en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, ubicado en el sector de Phillipsburg, cuando la jueza federal de distrito Paula Xinis ordenó su liberación al concluir que estaba recluido “nuevamente sin autoridad legal”, según documentos judiciales.
La jueza explicó que el juez de inmigración que conoció el caso en 2019 no emitió una orden final de deportación contra Ábrego García, por lo que no puede ser expulsado del país sin ese requisito legal.
Desde su detención en agosto, el gobierno estadounidense ha planteado la posibilidad de deportarlo a países como Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, Liberia. No obstante, no ha realizado gestiones para enviarlo a Costa Rica, el único país al que Ábrego ha manifestado estar dispuesto a trasladarse, según informó el medio estadounidense.
Por su parte, la jueza Xinis acusó a las autoridades de Estados Unidos de engañar al tribunal al sostener que Costa Rica no estaba dispuesta a recibirlo.
«La negativa persistente del gobierno a reconocer a Costa Rica como una opción viable de expulsión, sus amenazas de enviar a Ábrego García a países africanos que nunca aceptaron recibirlo y su tergiversación ante la Corte de que Liberia es ahora el único país disponible para Ábrego García, todo refleja que cualquiera que fuera el propósito detrás de su detención, no fue por el ‘propósito básico’ de una expulsión oportuna a un tercer país», escribió la Jueza.
De acuerdo al medio estadounidense, documentos presentados la semana pasada, los abogados del gobierno argumentaron que, exista o no una orden final de deportación, continúan los esfuerzos para expulsarlo del país, lo que , según su postura, justificaría su detención durante el proceso.
“Si no hay una orden final de deportación, los procedimientos de inmigración continúan y el peticionario está sujeto a detención previa a la orden final”, escribieron en su declaración.
Por su parte, la defensa de Ábrego García citó un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que establece que “debido a que los procedimientos de inmigración ‘son civiles, no penales’, la detención debe ser ‘no punitiva’”.
Los abogados sostienen que, en este caso, la detención tiene un carácter punitivo, ya que no existe un plan realista para su deportación.
“Si la detención migratoria no cumple el propósito legítimo de efectuar una expulsión razonablemente previsible, es punitiva, potencialmente indefinida e inconstitucional”, afirmaron.
