El Gobierno argentino ha interrumpido el envío a los consulados los kits de ADN necesarios para que puedan tomar muestras de sangre personas que dudan de su identidad, viven fuera de su país y sospechan ser hijos de desaparecidos de la última dictadura (1976-1983), según denunciaron a EFE integrantes de la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo.
Lila Parrondo, psicóloga e integrante de la red Europea por el Derecho a la Identidad de Abuelas en Madrid desde hace 25 años, sostiene en una entrevista con EFE que uno de los argumentos del Gobierno argentino para justificar la interrupción de esta política es que «no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez judicial».
«Llevamos desde el 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez», añade.
El envío de estos kits se implementó hace dos décadas como parte de una política estatal para facilitar la identificación de posibles víctimas del robo de bebés durante la dictadura, y fue reforzada en 2021 bajo la campaña “Argentina te busca”.
Desde organizaciones vinculadas a derechos humanos aseguran que, tras la llegada de Javier Milei a la presidencia, se desarticuló la coordinación institucional que permitía realizar estas pruebas en el exterior.
“Cancillería está desarticulada y media CONADI también, nadie lo va a mandar”, sostuvo Jorge Ithurburu, representante de Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, al referirse a la falta de envío de los kits.
Claudia Carlotto, exdirectora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), criticó el rumbo del Ejecutivo y afirmó que “toda la política con respecto al tema de derechos humanos fue de degradarla, denigrarla, desautorizarla”.
El robo de bebés durante la dictadura es considerado un delito que no prescribe en Argentina desde 2007, debido a que sus efectos persisten hasta que las víctimas recuperan su identidad.
Pese a las limitaciones actuales, organizaciones de derechos humanos aseguran que continuarán con la búsqueda de los hijos de desaparecidos en el exterior, aunque advierten que los recortes y despidos en instituciones clave dificultan el proceso.