Una mujer salvadoreña ha sido acusada en California por la muerte de su hija Arely, de tres años, ocurrida durante un supuesto “exorcismo” familiar, y ahora solicitó a un juez que desestime el proceso penal al alegar que es víctima de persecución por sus creencias religiosas.
La acusada, identificada como Claudia Elisa Hernández, a finales de sus 20 años, comparecerá ante un juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara el próximo 22 de enero, más de tres años después de la muerte de su hija Arely, según documentos judiciales citados por el medio estadounidense Daily Beast.
De acuerdo con los reportes policiales, Hernández participó junto a su padre y su hermano en la agresión contra la menor, a quien creían “poseída por un espíritu maligno” luego de que la niña despertara gritando. Las autoridades señalan que el supuesto ritual se prolongó durante horas y terminó con la muerte de la menor.
“Llegaron a las 6:30 a.m. [24 de septiembre de 2022], y durante las siguientes 12 horas, la inmovilizaron violentamente y le metieron los dedos en la garganta para hacerla vomitar, lo que creían que la ayudaría a expulsar el espíritu”, escribieron los agentes en el informe policial.
Durante el ataque, la niña suplicó en repetidas ocasiones que se detuvieran y le decía a su madre: “Te amo”, según han detallado las autoridades.
Antes de ser arrestada, Hernández publicó un video en YouTube en el que defendió sus acciones ante las críticas. “No puedo cambiar lo que es. Es lo que es”, expresa la madre en esta grabación.
La defensa legal de Hernández, junto a la de su padre y hermano —ambos coacusados— presentó una moción conjunta argumentando que las autoridades los investigaron y procesaron debido a su religión y origen cultural. Los abogados invocaron la Ley de Justicia Racial de California, vigente desde 2021, que permite impugnar procesos judiciales si se considera que hubo sesgo por raza, etnia u origen nacional, incluso sin probar discriminación intencional.
Según el documento, la familia profesa el cristianismo pentecostal y sostiene creencias sobre posesión demoníaca y sanación divina. El padre de Hernández, un pastor que emigró desde El Salvador, había participado anteriormente en rituales de oración para expulsar espíritus malignos.
Los abogados alegan que los investigadores mostraron prejuicios al cuestionar reiteradamente a la familia sobre supuestas enfermedades mentales y al referirse a su iglesia como un lugar de culto “improvisado” o ilegítimo.
No obstante, expertos legales descartaron que la solicitud prospere ya que la libertad religiosa no ampara actos que pongan en riesgo la vida de un menor.
La Fiscalía solicita 25 años de prisión a cadena perpetua para los acusados por la muerte de la menor.
