Etiqueta: abusos policiales

  • Vicepresidente de EEUU reconoce errores de agentes del ICE

    Vicepresidente de EEUU reconoce errores de agentes del ICE

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció el viernes que algunos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cometieron errores durante los operativos migratorios y aseguró que el Gobierno tiene la responsabilidad de investigar y tomar medidas contra los funcionarios involucrados en actuaciones indebidas.

    Durante un encuentro con medios de comunicación en el estado de Michigan, Vance admitió que existen casos de mala conducta dentro de las fuerzas migratorias, pese a que anteriormente mantuvo una postura de respaldo a los agentes del ICE, cuestionados en los últimos meses por denuncias de uso excesivo de la fuerza.

    «La mayoría son personas increíbles, patriotas, que quieren proteger bien a su país. A veces hay quienes cometen errores. A veces hay quienes realmente se equivocan. Y, obviamente, tenemos la responsabilidad de procesar e investigar cuando alguien se equivoca», comentó el vicepresidente.

    El funcionario republicano también cuestionó que algunos agentes sean señalados públicamente antes de que concluyan las investigaciones correspondientes. Aunque evitó referirse a incidentes específicos, sostuvo que la Administración del presidente Donald Trump tomó medidas cuando recibió denuncias sobre actuaciones irregulares de funcionarios migratorios.

    «Hay varios casos en los que hemos investigado y brindado capacitación adicional, o incluso aplicado medidas disciplinarias dentro del ICE», ha matizado el republicano. «Como saben, no siempre divulgamos esos casos porque creemos que las personas deben ser juzgadas en un tribunal de justicia y mediante un proceso de investigación normal».

    Las declaraciones del vicepresidente ocurren en medio de las críticas contra los operativos de control migratorio impulsados por el Gobierno estadounidense, que intensificó las redadas y detenciones de inmigrantes. Estas actuaciones provocaron cuestionamientos por presuntos abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de aplicar las políticas migratorias.

    Los señalamientos contra el ICE aumentaron después de las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, quienes fallecieron por disparos durante las protestas registradas a principios de año en Minnesota. Ambos fallecimientos generaron cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades migratorias y los mecanismos de investigación de estos incidentes.

    En el caso de Good, el agente del ICE Jonathan Ross fue suspendido temporalmente de sus funciones. Sin embargo, la falta de información sobre su situación posterior provocó nuevas dudas en mayo, cuando la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó la posibilidad de que el funcionario hubiera sido trasladado a su estado.

    El Departamento de Seguridad Nacional decidió no revelar su paradero y, hasta el momento señalado en el reporte, no se presentaron cargos por ninguno de los dos fallecimientos, aunque el Departamento de Justicia mantiene abierta una investigación sobre la muerte de Pretti.

     

  • Se acumulan demandas millonarias contra Trump por detener a ciudadanos estadounidenses en las redadas

    Se acumulan demandas millonarias contra Trump por detener a ciudadanos estadounidenses en las redadas

    El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una serie de demandas por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que aseguran haber sido víctimas de abusos y detenciones arbitrarias durante redadas migratorias. Las querellas piden indemnizaciones de hasta $50 millones por violaciones a derechos constitucionales y uso excesivo de la fuerza.

    Una de las demandas más recientes fue interpuesta por Leonardo García Venegas, trabajador de la construcción en Alabama, quien alega haber sido arrestado en dos ocasiones pese a ser ciudadano estadounidense. Representado por el Institute for Justice, García denunció que los agentes migratorios actuaron sin orden judicial, lo que calificó como una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución.

    El primer arresto ocurrió en mayo, cuando agentes encapuchados irrumpieron en una obra y lo esposaron pese a mostrar su REAL ID, documento emitido solo a residentes legales en ese estado. En junio, fue nuevamente detenido mientras trabajaba en una vivienda, liberado 20 minutos después junto con otros empleados, tras comprobar su estatus legal.

    La querella, presentada como una acción colectiva, agrupa 19 casos similares de trabajadores de la construcción que denuncian haber sido arrestados sin causa probable.

    “Estas políticas ilegales tienen consecuencias reales para los estadounidenses inocentes y trabajadores”, señala la demanda que busca compensación económica para las víctimas.

    Demanda por agresión a un anciano recién operado

    Otra demanda fue presentada por Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien asegura haber sido golpeado por agentes migratorios el pasado 9 de septiembre. Los videos de seguridad muestran a los agentes entrando sin autorización, empujándolo al suelo y sujetándolo violentamente, pese a que el hombre les advirtió que se recuperaba de una cirugía de corazón.

    Shouhed sostiene que fue trasladado esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció casi 12 horas sin atención médica ni derecho a llamadas telefónicas.

    Su querella reclama $50 millones y acusa a los agentes de violar la Ley Bane de California, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para coartar derechos constitucionales.

    En agosto, otros cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas por detenciones arbitrarias. Entre ellos figura Cary López Alvarado, quien estaba embarazada y asegura que el estrés de su arresto provocó el nacimiento prematuro de su hijo.

    El abogado Luis Carrillo, representante de los demandantes, indicó que en cada caso solicitarán al menos $1 millón de indemnización.

    “Las acciones de los agentes migratorios fueron brutales. Esperamos que estas querellas detengan el uso excesivo de la fuerza”, declaró Carrillo a EFE.

    Carrillo añadió que la situación es tan grave que, junto con la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta, han presentado una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se investiguen los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes durante las redadas.