La asistencia técnica de ONU Mujeres anunció un plan de apoyo a la capacidad de respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador frente a los delitos de violencia sexual, mediante la creación de herramientas especializadas orientadas a mejorar la investigación y la persecución penal. El avance se enmarca en la conmemoración del 8 de marzo y el llamado global “Derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas”.
El acompañamiento técnico incluyó la elaboración de un protocolo para la investigación y persecución penal de delitos de violencia sexual, así como un manual sobre la fundamentación jurídica y doctrinal de estos ilícitos. Ambos instrumentos buscan estandarizar prácticas, elevar la calidad técnica de los procedimientos y consolidar criterios claros para fortalecer la construcción de casos dentro del Ministerio Público.
Durante el acto de presentación participaron el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; la fiscal adjunta para la Mujer, Niñez, Adolescencia y Grupos Vulnerables, Marina de Ortega; y la representante de ONU Mujeres en El Salvador, Lourdes González-Prieto. Las autoridades destacaron que estas herramientas contribuirán a garantizar investigaciones más rigurosas, una mejor coordinación entre fiscales y la reducción de riesgos de revictimización en los procesos penales.
El proceso de elaboración incluyó revisión documental, análisis jurídico y jurisprudencial, así como la incorporación de buenas prácticas y consultas con personal fiscal y otros actores del sistema de justicia. Según se explicó, el contenido fue adaptado a la realidad operativa de los territorios y a los desafíos cotidianos en la investigación y litigio de casos de violencia sexual.
El nuevo protocolo establece un marco común de actuación para orientar la labor investigativa, mientras que el manual refuerza la argumentación jurídica en tribunales, consolidando un enfoque de derechos humanos y debida diligencia. Con esta iniciativa, ONU Mujeres y las instituciones estatales buscan fortalecer el acceso a la justicia para mujeres y niñas, en un contexto donde la violencia de género continúa siendo un desafío estructural en el país.
