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  • TSE niega informes financieros de los partidos políticos y AC dice "pretende eludir su responsabilidad"

    TSE niega informes financieros de los partidos políticos y AC dice «pretende eludir su responsabilidad»

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) negó los informes financieros de los partidos políticos salvadoreños desde 2021 hasta 2024, consta en la resolución de la solicitud de información interpuesta por la organización Acción Ciudadana (AC), que aseguró que la institución «pretende eludir su responsabilidad» de fiscalización.

    La AC envió al Tribunal una solicitud pidiendo información sobre nueve puntos de la fiscalización de partidos sobre sus finanzas.

    La entidad concluyó en mayo que no es competente para brindar información sobre los informes financieros de los partidos «aduciendo que los encargados de permitir el acceso a esa información son los partidos».

    «La Ley de partidos políticos señala que la autoridad electoral es receptora de la información financiera de los partidos y tiene el deber de auditarlos y sancionarles. Además, considera que la fiscalización no es acto administrativo, sino jurisdiccional, lo cual es erróneo».

    Acción Ciudadana a través de un comunicado de prensa.

    En ese sentido, Acción Ciudadana considera que el argumento del Tribunal «pretende eludir su responsabilidad de fiscalizar el financiamiento y la transparencia de los partidos», especialmente cuando «persiste la opacidad sobre quién financia al partido Nuevas Ideas».

    Acción Ciudadana solicitó esta información:

    1. Fecha de remisión de los informes financieros de los partidos desde 2021 hasta 2024.
    2. Detalles de cómo fue el proceso de auditoría, las unidades responsables de la fiscalización, personal que realizó la auditoría, período en que se realizó la auditoría y número de partidos auditados desde 2021 hasta 2024.
    3. Detalles de la Unidad de fiscalización del financiamiento de partidos políticos sobre sus miembros, fecha de creación y lineamientos de funcionamiento.
    4. Principales hallazgos de la auditoría financiera de los partidos desde 2021 hasta 2024.
    5. Informe sobre verificación de publicación de información pública en los partidos.
    6. Informe sobre procesos administrativos contra partidos que denegaron información desde 2021 hasta 2024.
    7. Detalle de sanciones impuestas por el TSE a partidos que negaron información pública desde 2021 hasta 2024.
    8. Medidas implementadas por el TSE para fiscalizar a partidos políticos.
    9. Detalles sobre lineamientos para donaciones de partidos políticos en criptomonedas.

    Sobre la conformación de la Unidad de fiscalización del financiamiento de partidos políticos, el Tribunal aseguró que la información conlleva «datos personales» y no podía entregarla por eso, argumentó la oficial de Información, Rocío Guadalupe Peraza Bran.

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    Acción Ciudadana estima que con esta resolución el TSE «hace manifiesto su poco compromiso con la transparencia», y aseguró que la entidad está «desconociendo su rol fiscalizador de las finanzas y transparencia de los partidos».

    El artículo 24 de la ley de partidos señala que los institutos «tienen el deber» de publicar los montos de financiamiento y los nombres de las personas naturales y jurídicas que hacen aportes al partido. El artículo 3 dice que el Tribunal «es la autoridad máxima responsable de hacer cumplir» esta normativa.

  • El Salvador con menor porcentaje de casos resueltos a favor en información pública en la región según AC

    El Salvador con menor porcentaje de casos resueltos a favor en información pública en la región según AC

    Con una tasa de 11.1 %, El Salvador es el país con la menor tasa de casos resueltos a favor de los ciudadanos en cuanto a información pública según el “monitoreo sobre el desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública” (IAIP) de Acción Ciudadana (AC).

    Según el estudio, entre Costa Rica, Guatemala, Honduras y Chile, El Salvador es el país con el menor porcentaje de casos resueltos a favor del ciudadanos demandantes de información pública en la región. En el otro extremo se encuentra Costa Rica con el 87.80 %.

    El IAIP en El Salvador inició el 2024 con una carga de trabajo de 407 casos de demandas de ciudadanos sobre información pública de instituciones gubernamentales, de esos casos, solo 144 fueron resueltos; el 11.1 % a favor de la entrega de información a los ciudadanos, lo que lo ubica con el “porcentaje más bajo comparado con el resto de países analizados”.

    Decisiones positivas aumentaron

    Los datos de Acción Ciudadana indican que, luego de dos años continuos de caídas en los índices de resoluciones favorables para los ciudadanos, aunque el porcentaje sigue siendo bajo (11.1 %), la cantidad de decisiones positivas para ciudadanos aumentaron en 2024.

    En 2022, el IAIP resolvió 89 casos, de ellos, solo nueve (10 %) fueron a favor de ciudadanos; en 2023, la cifra continuó a la baja, llegando a solo el 8 % y, en 2024, aumentó tres puntos porcentuales, llegando al 11.1 %.

    Sin embargo, 2020, 2019 y 2021 fueron los años con mejores resultados para los salvadoreños que interpusieron demandas por información pública, alcanzando porcentajes favorables del 49 %, el 38 % y el 20 % respectivamente.

    La AC indica que desde 2022 el Instituto “recibió más presupuesto, pero no se observa un impacto efectivo en la carga laboral resuelta y a favor de la ciudadanía”; advirtió que en 2025 “ha recibido menos presupuesto”, “situación que podría afectar su desempeño”.

    La ley del presupuesto 2024 contemplaba un presupuesto de $2,169,437 para el Instituto de Acceso a la Información Pública, en cambio, para 2025 se aprobaron $1,889,377 para la entidad, es decir, $280,060 menos.