Etiqueta: Acción Ciudadana (AC)

  • FGR judicializó un 31 % de casos que inició durante los últimos cinco años según informe de AC

    FGR judicializó un 31 % de casos que inició durante los últimos cinco años según informe de AC

    La Fiscalía General de la República (FGR) ha judicializado casi la tercera parte de los casos que ha iniciado en los últimos cinco años de acuerdo al análisis de las memorias de labores de la entidad fiscal realizado por Acción Ciudadana (AC) a través del informe «Operatividad y eficacia de la FGR 2025».

    El reporte señala que en los últimos cinco años la institución inició 440,706 casos, de los cuales solamente 136,901 fueron judicializados, es decir, que solo en el 31.06 % de los casos iniciados se presentó requerimiento fiscal luego de la etapa de investigación inicial.

    Acción Ciudadana enfatiza que los datos indican que en estos cinco años hubo al menos 303,805 casos que no fueron presentados ante las sedes judiciales, por lo que concluye que el 68 % de los casos iniciados «no superó las primeras fases de investigación».

    «Esta inoperancia se agrava aún más con las reformas recientes que dilatan los procesos hasta por tres años, transformando la detención en una pena anticipada». Acción Ciudadana en el informe «Operatividad y eficacia de la FGR 2025».

    No obstante, la baja judicialización de casos ha sido una constante en los últimos cinco años. El período con más casos judicializados fue 2020-2021 con 32,886 (44 %) y le sigue el 2024-2025 con 29,132 (32 %). Mientras, el período con menos judicializaciones de casos fue 2021-2022, con apenas 24 %.

    El análisis también retoma que en el mismo período hubo 101,019 casos finalizados, de ellos 58,362 terminaron con «salidas alternas», es decir, con mediación, conciliación o suspensión condicional acordada antes de llegar a la vista pública.

    Por otro lado, los casos con condenas fueron 42,657 con lo que la tendencia indica que «la mayoría de los casos terminan de forma anormal mediante las diferentes formas de terminación anticipada» acordaba entre ambas partes en un proceso penal.

    Períodos con más casos terminados:

    • 2020-2021: 17,336 casos concluidos.
    • 2021-2022: 19,064 casos concluidos.
    • 2022-2023: 18,199 casos concluidos.
    • 2023-2024: 21,156 casos concluidos.
    • 2024-2025: 25,264 casos concluidos.

    Acción Ciudadana explica en el informe que la importancia de conocer el porcentaje de los casos judicializados es que permite medir «la efectividad de la FGR en la investigación y persecución del delitos» porque se analiza «la eficiencia en el ejercicio de la acción penal».

    Tomando en cuenta los datos de los casos iniciados, los judicializados y las sentencias emitidas en los últimos años se puede decir que el mayor nivel de efectividad fue alcanzado en el periodo 2021-2022 con el 36 % y el nivel más bajo fue reportado en 2020-2021 con el 24 %.

    Solo el 11 % de los casos iniciados en 2024-2025 terminaron en condenas según el informe de la AC. / Acción Ciudadana.
  • El 89.34 % de los casos iniciados en la FGR quedaron impunes en el período 2024-2025 según AC

    El 89.34 % de los casos iniciados en la FGR quedaron impunes en el período 2024-2025 según AC

    El 89.34 % de los casos que inició la Fiscalía General de la República (FGR) quedaron «impunes» en el período 2024-2025, según el informe «Operatividad y eficacia de la FGR 2025» presentado el jueves por la organización Acción Ciudadana (AC).

    El análisis señala que de 92,139 casos iniciados en el período de junio de 2024 a mayo de 2025, un total de 9,828 concluyeron en sentencias condenatorias por delitos cometidos en El Salvador, lo que significa que el 89.34 % de los casos habrían quedado impunes en ese período.

    Acción Ciudadana señala que el porcentaje de impunidad, de los delitos denunciados, disminuyó levemente en comparación con el 91.29 % del período 2023-2024, a pesar de que la cantidad de casos iniciados disminuyó. Si bien en el último año se iniciaron 92,159, la cifra muestra una baja en relación a los 95,813 del período 2023-2024.

    En los últimos cinco años, los datos recopilados por la AC en las memorias de labores de la entidad indican que los niveles de impunidad se han mantenido alcanzando su punto más bajo en el período 2024-2025 con el 89.34 % y el nivel más elevado en el período anterior con el 91.29 %.

    Los niveles de impunidad (falta de condenas ante denuncias presentadas) de los últimos cinco años

    • 2020-2021: 89.54 %.
    • 2021-2022: 90.67 % %.
    • 2022-2023: 90.59 %.
    • 2023-2024: 91.29 %.
    • 2024-2025: 89.34 %.

    La organización explica que, pese a que la entidad fiscal ha dicho que hay «0 % del índice de impunidad en el delito de homicidio en el año 2025», aún se «mantiene en alto porcentaje» la impunidad directa, es decir la diferencia entre la cantidad de casos iniciados y los que concluyeron en condenas.

    «No puede determinarse la efectividad de la FGR sobre los resultados obtenidos sobre un tipo penal en específico sino en atención al conglomerado de tipos penales que conoce», afirmó Acción Ciudadana.

    La AC concluye que la «efectividad real de la FGR en términos de condenas es marginal» pues el promedio de efectividad es «de apenas el 10 %», por lo que, sea «por acción u omisión, que 9 de cada 10 delitos denunciados no deriven en condenas». Además, señala que el papel de la Fiscalía es más de ser «un órgano receptor de denuncias y gestor administrativo que como un ente de persecución penal efectivo y transparente».

  • Partidos políticos han recibido al menos $174.7 millones en financiamiento desde 2014

    Partidos políticos han recibido al menos $174.7 millones en financiamiento desde 2014

    Los partidos políticos salvadoreños recibieron al menos $174,794,833.76 en financiamiento desde 2014 hasta 2024 según los datos del último «Informe sobre financiamiento 2024 y la transparencia de los partidos políticos en 2024» de la organización Acción Ciudadana (AC).

    En 11 años de datos, los institutos políticos salvadoreños registran un financiamiento público de al menos $89,907,601.57 o deuda política y otros $84,887,232.19 en financiamiento privado, es decir, donaciones de personas naturales y jurídicas.

    Los datos indican que, si bien el financiamiento público ha sido ligeramente predominante, también el apoyo privado ha tenido un papel relevante, especialmente durante los años electorales en los que los partidos aumentan sus gastos.

    Los registros muestran que una mayor cantidad de dinero fue reportada en 2014 con $42,275,027.11  y 2018, con $29,373,729.29.

    Acción Ciudadana consideró en el informe que los «datos evidencian una dependencia del financiamiento respecto al ciclo electoral» y la capacidad de hacer fluir recursos en esos períodos.

    La AC recalcó que los montos de financiamiento podrían incluso ser mayores a los reportados en el informe, porque «no todos los partidos han presentado información completa» sobre sus donantes y los montos recibidos de financiamiento.

    Los años con más financiamiento según reportes de Acción Ciudadana fueron:

    • $42,275,027.11 en 2014.
    • $29,373,729.29 en 2018.
    • $23,470,857.85 en 2021.
    • $19,883,611.80 en 2015.
    • $19,572,763.98 en 2019.

    Los partidos Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) no entregaron la información de sus estados financieros a AC para el estudio.

    Mientras, el Ministerio de Hacienda no ha divulgado el detalle completo de los montos exactos que recibió cada partido como deuda política en los años 2021 y 2024, por lo que el total reportado podría ser superior al registrado por Acción Ciudadana.

    ¿Quiénes han recibido mayor financiamiento?

    Acción Ciudadana enfatizó que los datos no incluyen los montos individuales recibidos por los partidos, porque desde 20214 el Ministerio de Hacienda no desglosa la cantidad que recibió cada instituto.

    Según las estimaciones de Acción Ciudadana, solo Nuevas Ideas por la cantidad de votos reportada debió recibir al menos $39,730,771.77 en deuda política.

    Sin embargo, los datos disponibles muestran que cuatro partidos concentrarían la mayor cantidad de fondos.

    El informe señala que desde 2014, el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) recibió $74,501,266.13 en financiamiento público y privado. Le sigue el FMLN con $40,586,219.60. Luego, se reporta deuda política no especificada a su destinatario por un monto de $30,459,208.20.

    Después, se encuentra Gana con $12,405,821.25 de fondos privados y públicos. Le sigue el PCN con $7,380,370.42 y Democracia Salvadoreña con $3,360,522.69. Aún más abajo se encuentra Nuevas Ideas con $1,407,297.57; y Vamos, con $231,376.13.

    A partir de 2027, los partidos ya no recibirán la deuda política porque fue eliminada por la Asamblea Legislativa.

  • ¿Desde cuándo hay voto para los salvadoreños en el exterior?

    ¿Desde cuándo hay voto para los salvadoreños en el exterior?

    El sistema electoral salvadoreño ha ejecutado al menos tres diferentes modalidades de voto para los connacionales en el exterior desde 2009. Solo en las elecciones de 2024, más de 300,000 salvadoreños votaron por modalidad electrónica según los reportes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

    La primera oportunidad que tuvieron los connacionales en el exterior para votar fue en las elecciones presidenciales de 2009, cuando se habilitó una urna en el estadio Flor Blanca. Acción Ciudadana (AC) recuerda que la dificultad de este modalidad fue que requería que los compatriotas vinieran hasta El Salvador para votar.

    Por ello, la AC considera que el voto de los connacionales “no tuvo mayor efecto” porque menos de 300 personas vinieron hasta El Salvador para emitir el sufragio. «Ese fue un primer ejercicio de voto en el exterior» a través de un decreto transitorio de la Asamblea Legislativa, recordó la organización.

    Para los comicios presidenciales de 2014, la Asamblea consideró la modalidad postal para los compatriotas por medio de una ley. Acción Ciudadana explicó que en este tipo de votación, los salvadoreños en el extranjero debían empadronarse en el TSE, luego recibía el paquete electoral, marcaba la papeleta y enviaba de nuevo el paquete con su voto vía correo. Ese mismo modelo se utilizó para 2019.

    «Ni en 2014 ni en 2019, que se utilizó el voto postal, en ningún caso se superaron los 6,000 votos, en ninguna de las dos elecciones». Acción Ciudadana.

    En ese sentido, la AC aseguró que ambas modalidades «no fueron efectivas» porque del «universo de compatriotas en el exterior, fueron pocos los que los usaron» porque en la votación presencial de 2009 fueron menos de 300 los que emitieron el sufragio; en 2014 fueron 2,700 y en 2019 casi 6,000. Recordó que solo en 2019, el registro de posibles votantes fue de 350,000.

    Para las elecciones de 2024, la Asamblea Legislativa dejó plasmado en la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero que los salvadoreños podrían emitir el voto electrónicamente. Para quienes tienen Documento Único de Identidad (DUI) con dirección en el exterior se habilita el voto remoto por internet y para quienes poseen pasaporte salvadoreño el voto electrónico presencial en centros de votación en el extranjero.

    La ley también incluye que los salvadoreños pueden no solo votar en los comicios presidenciales sino en los legislativos, en los cuales, los votos por internet son cargados para los diputados de la circunscripción de San Salvador.

    Solo en la elección de 2024, el TSE reportó 331,756 votos electrónicos desde el exterior. De ellos, al menos 242,110 fueron emitidos por internet en dispositivos móviles y 89,676 en la modalidad electrónica presencial. Es importante también mencionar, que la votación por internet permanece habilitada por 30 días calendario por mandato de ley.

    La AC reconoce que estas modalidades permitieron elevar «el porcentaje de participación por las facilidades que el sistema ofrece». Sin embargo, las auditorías al sistema electrónico desarrollado por la empresa española Indra, fueron puesto bajo reserva de siete años, aunque las autoridades informaron que el sistema de voto por internet sufrió al menos 35 ataques.

    Así, El Salvador se enrumba a un nuevo proceso electoral a celebrarse el 28 de febrero de 2027. Hasta el momento, las modalidades de votación y las condiciones del sufragio en el exterior se mantendrían. Actualmente, los connacionales no pueden votar en las elecciones municipales.

  • Arena, Vamos y PDC reportan financiamiento de $2.6 millones durante 2024

    Arena, Vamos y PDC reportan financiamiento de $2.6 millones durante 2024

    Los institutos políticos Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Vamos y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) reportan un financiamiento de $2,612,886.16. El 96.5 % del financiamiento reportado es de deuda política recibida por Arena y PDC, mientras que Vamos renunció a la misma.

    El «Informe sobre el financiamiento 2024 y la transparencia de los partidos políticos en 2025» indica que Acción Ciudadana (AC) solicitó a ocho partidos la información financiera sobre el dinero que recibieron en 2024, de ellos, solo Arena, Vamos y PDC entregaron la información en la que se evidencia un financiamiento de $2,612,886.16. Democracia Salvadoreña presentó la información, pero no reportó entradas de dinero.

    Los datos revelan que $2,521,273.86 o sea, el 96.5 % de los fondos corresponden a la deuda política recibida por Arena y por PDC por los votos que obtuvieron en las elecciones de 2024. Estos datos indican según la AC una «alta dependencia de los partidos» al financiamiento público, el cual, ya fue eliminado por la Asamblea Legislativa.

    «En liquidez, los tres partidos muestran capacidad para cubrir sus deudas de corto plazo. En endeudamiento, Vamos presenta niveles altos, mientras que PDC y Democracia Salvadoreña (DS) tienen niveles bajos. En el indicador de desempeño, PDC y Vamos reflejan incrementos en ingresos, mientras que DS presenta una disminución». Acción Ciudadana, en el Informe sobre el financiamiento 2024.

    Arena, Vamos y PDC reportan también $91,612.30 en financiamiento privado por donaciones, es decir, solo el 3.2 % del monto total. Además, se registran otros $7,402.14 (0.3 %) de colectas y solo $1,000 (0.0 %) de ingresos por personas jurídicas.

    Para Acción Ciudadana, estos datos evidencian «la limitada» participación de privados en el financiamiento de institutos políticos. AC aclaró sobre los datos que el partido Arena no presentó los datos firmados, sellados y auditados sino un documento con los ingresos, gastos y donantes, por lo que, catalogan la información como «extracontable».

    Gastos de los cuatro partidos por $1.7 millones

    Los partidos Arena, Vamos, PDC y DS reportaron también gastos por $1,766,011.47 durante el año pasado. Solo Arena tiene el 89 % de esa deuda con $1,570,939.86; le sigue el PDC con $162,672.34; luego DS con $12,341.49 y finalmente Vamos con a penas $20,057.78.

    Arena reportó en su información que percibió ingresos por $2,231,052, de ese monto, al menos $2,221,273.86 eran de deuda política. Mientras que en gastos, el partido tricolor reporta $1,570,939.86 en agostos que incluyen programas, alimentación, promocionales, viáticos y otros.

    Democracia Salvadoreña no reportó ingresos ni públicos ni privados  pero sí un gasto de $12,341.49 en salarios, auditoría, mantenimiento, papelería y servicio de telefonía. PDC tuvo ingresos por $363,913.80. Vamos registró financiamiento privado por $17,920.36 y un gasto de $20,057.78.

    Aunque Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) no entregó la información, la Asamblea Legislativa reportó que entregó $28,842.68 al partido en concepto de cuotas partidarias durante 2024.

  • CCR no auditó partidos políticos ni proceso electoral 2024 por priorizar fiscalización municipal, según AC

    CCR no auditó partidos políticos ni proceso electoral 2024 por priorizar fiscalización municipal, según AC

    La Corte de Cuentas de la República (CCR) habría cerrado el 2024 sin auditar a los partidos políticos salvadoreños ni el proceso electoral 2024 por haber priorizado su Plan de fiscalización municipal del año pasado según informó a través de una solicitud de información a la organización Acción Ciudadana (AC).

    La AC informó que envió una solicitud de información a la CCR para solicitar información sobre los partidos políticos auditados en 2024 y el proceso electoral de ese año, pero la institución fiscalizadora le respondió que «para el año 2024 era prioridad el cumplimiento del Plan de fiscalización municipal 2024, por lo que, la mayoría de esfuerzos se enfocaron en dicho plan».

    Por ello, Acción Ciudadana concluye que la Corte no realizó «auditorías especificas a partidos políticos ni al proceso electoral». En el portal de transparencia de la entidad no están publicadas los informes de auditorías de 2023 y 2024, mientras que el año pasado, dijo que presuntamente estaba auditando «en tiempo real» las elecciones, pero el informe respectivo no se conoció. En ese entonces, la CCR era dirigida por la ahora presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.

    «La Corte de Cuentas de la República informó que durante 2024 su prioridad fue el plan de fiscalización municipal, por lo que, no se realizaron auditorías especificas a partidos políticos ni al proceso electoral… Esto debilita los mecanismos de control». Acción Ciudadana en su informe sobre transparencia de partidos políticos.

    La organización aseguró en el «Informe sobre el financiamiento 2024 y la transparencia de los partidos políticos en 2025» que esta falta de fiscalización evidencia que la opacidad en la transparencia del financiamiento de los institutos políticos no solo es partidaria sino institucional.

    Además, considera que esta falta de auditoría debilita los mecanismos de control sobre los partidos y dificulta la fiscalización, por lo que, se abren «espacios para riesgos de financiamiento irregular». Para el proceso electoral de 2027, los partidos solo podrán recibir fondos de privados, debido a la eliminación de la deuda política.

    Por otro lado, la AC dijo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó a entregar reportes sobre el financiamiento de los partidos, a pesar que el año pasado se inauguró la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos (UFFPP) para controlar los fondos que reciben los institutos políticos.

    En la resolución, el Tribunal alegó que no es la entidad competente de divulgar datos financieros de los partidos. Lo que impediría «conocer si se llevaron a cabo procedimientos de verificación o si se aplicaron sanciones ante posibles incumplimientos».

    Mientras, que el Ministerio de Hacienda no entregó a Acción Ciudadana los listados de donantes de los partidos políticos y solo se limitó a publicar los montos generales que entregó en deuda política, sin detallar el monto para cada partido, limitando así «la capacidad de seguimiento sobre cómo se asignan estos recursos públicos».

    El artículo 22 de la Ley de partidos políticos establece que los institutos deben llegar contabilidad formal y tener auditorías internas en los períodos que señalan los estatutos sobre el uso de su patrimonio y de los fondos de financiamiento privado y público.

  • Registro electoral supera los 6.4 millones mientras inscritos en el exterior aumentaron 26 % tras dos años sin actualizaciones

    Registro electoral supera los 6.4 millones mientras inscritos en el exterior aumentaron 26 % tras dos años sin actualizaciones

    El registro electoral que contiene a los salvadoreños mayores de 18 años que tienen Documento Único de Identidad (DUI) llegó este noviembre a los 6,448,856 inscritos, incluyendo los connacionales en el exterior y en el territorio nacional. El registro en el exterior aumentó un 26 % luego de dos años sin actualizaciones.

    El último informe emitido por la Dirección del Registro Electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) consta de 6,448,856 de salvadoreños con DUI que podrían votar en las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales. El registro es la base con la que se elabora el padrón electoral.

    Según el último informe público del registro emitido el 5 de noviembre de 2023, habían 6,214,399 salvadoreños con DUI, lo que implicaría un aumento del 4 % en comparación con la última cifra reportada por la entidad electoral. El calendario electoral contempla el cierre del registro para el 30 de octubre de 2026, hasta entonces se conocerá la cifra total de inscritos.

    Por otro lado, el informe estadístico indica 932,316 compatriotas con DUI con dirección en el exterior, es decir, que según la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero, tendrían que votar por la modalidad remota por internet en sus dispositivos móviles. Los salvadoreños en el exterior con pasaporte votan en centros físicos por modalidad electrónica presencial.

    Los votos de esos 932,316 serán dirigidos en la elección legislativa para la circunscripción de San Salvador.

    En el cierre del registro en noviembre de 2023, habían 741,094 salvadoreños con dirección en el exterior, es decir, que en más de dos años, la cantidad de duis en el exterior aumentó en un 26 %. El Código Electoral obliga a la entidad a actualizar el registro cada seis meses y ha divulgar los informes, pero el último documento disponible en el portal de transparencia corresponde a noviembre de 2023.

    En general, el registro total ha aumentado en 234,457 según los datos oficiales del TSE. En septiembre de este año, el Tribunal negó a Diario El Mundo acceso a los informes estadísticos de inscripciones, cancelaciones y actualizaciones al registro aunque es información pública. Esta semana el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) galardonó a la institución por su contribución a la transparencia.

    No actualización constante impide conocer avance y corroborar datos

    Por su parte, la organización Acción Ciudadana (AC) considera que para saber si el aumento de registros de duis en el exterior es razonable, se tendría que tener constancia si el TSE ha realizado una «campaña agresiva» de emisiones de duis en el extranjero o si los salvadoreños se han motivado por la realización de trámites.

    La organización dijo a El Mundo que conocer detalles sobre dónde se ha aumentado la emisión de duis en el exterior se obstaculiza por la falta de actualizaciones constantes y así legitimar los datos certeramente. Por ello, AC insta a la entidad electoral ha poner a disposición de todos los datos del registro para conocer las altas y las bajas de documentos.

    Acción Ciudadana también advirtió que el partido oficial, Nuevas Ideas, busca frecuentemente obtener ventaja del voto exterior porque quienes votan por internet lo hacen por los diputados de San Salvador. «No hay que perder de vista que en el voto exterior más allá de cuánta gente vote, genera una distorsión en el sistema electoral por la forma en que se aplica», afirmó.

    Recientemente, el Tribunal inició su campaña para informar sobre las actualizaciones de direcciones de residencia, llamando a cambiar la dirección de DUI si el connacional se encuentra en el exterior. Mientras el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) ha asegurado que para cambiar la dirección de DUI no se requieren comprobantes.

  • TSE niega informes financieros de los partidos políticos y AC dice «pretende eludir su responsabilidad»

    TSE niega informes financieros de los partidos políticos y AC dice «pretende eludir su responsabilidad»

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) negó los informes financieros de los partidos políticos salvadoreños desde 2021 hasta 2024, consta en la resolución de la solicitud de información interpuesta por la organización Acción Ciudadana (AC), que aseguró que la institución «pretende eludir su responsabilidad» de fiscalización.

    La AC envió al Tribunal una solicitud pidiendo información sobre nueve puntos de la fiscalización de partidos sobre sus finanzas.

    La entidad concluyó en mayo que no es competente para brindar información sobre los informes financieros de los partidos «aduciendo que los encargados de permitir el acceso a esa información son los partidos».

    «La Ley de partidos políticos señala que la autoridad electoral es receptora de la información financiera de los partidos y tiene el deber de auditarlos y sancionarles. Además, considera que la fiscalización no es acto administrativo, sino jurisdiccional, lo cual es erróneo».

    Acción Ciudadana a través de un comunicado de prensa.

    En ese sentido, Acción Ciudadana considera que el argumento del Tribunal «pretende eludir su responsabilidad de fiscalizar el financiamiento y la transparencia de los partidos», especialmente cuando «persiste la opacidad sobre quién financia al partido Nuevas Ideas».

    Acción Ciudadana solicitó esta información:

    1. Fecha de remisión de los informes financieros de los partidos desde 2021 hasta 2024.
    2. Detalles de cómo fue el proceso de auditoría, las unidades responsables de la fiscalización, personal que realizó la auditoría, período en que se realizó la auditoría y número de partidos auditados desde 2021 hasta 2024.
    3. Detalles de la Unidad de fiscalización del financiamiento de partidos políticos sobre sus miembros, fecha de creación y lineamientos de funcionamiento.
    4. Principales hallazgos de la auditoría financiera de los partidos desde 2021 hasta 2024.
    5. Informe sobre verificación de publicación de información pública en los partidos.
    6. Informe sobre procesos administrativos contra partidos que denegaron información desde 2021 hasta 2024.
    7. Detalle de sanciones impuestas por el TSE a partidos que negaron información pública desde 2021 hasta 2024.
    8. Medidas implementadas por el TSE para fiscalizar a partidos políticos.
    9. Detalles sobre lineamientos para donaciones de partidos políticos en criptomonedas.

    Sobre la conformación de la Unidad de fiscalización del financiamiento de partidos políticos, el Tribunal aseguró que la información conlleva «datos personales» y no podía entregarla por eso, argumentó la oficial de Información, Rocío Guadalupe Peraza Bran.

    Le puede interesar: TSE niega cifras de inscripciones, cancelaciones y actualizaciones del registro electoral nacional y en el exterior

    Acción Ciudadana estima que con esta resolución el TSE «hace manifiesto su poco compromiso con la transparencia», y aseguró que la entidad está «desconociendo su rol fiscalizador de las finanzas y transparencia de los partidos».

    El artículo 24 de la ley de partidos señala que los institutos «tienen el deber» de publicar los montos de financiamiento y los nombres de las personas naturales y jurídicas que hacen aportes al partido. El artículo 3 dice que el Tribunal «es la autoridad máxima responsable de hacer cumplir» esta normativa.

  • El Salvador con menor porcentaje de casos resueltos a favor en información pública en la región según AC

    El Salvador con menor porcentaje de casos resueltos a favor en información pública en la región según AC

    Con una tasa de 11.1 %, El Salvador es el país con la menor tasa de casos resueltos a favor de los ciudadanos en cuanto a información pública según el “monitoreo sobre el desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública” (IAIP) de Acción Ciudadana (AC).

    Según el estudio, entre Costa Rica, Guatemala, Honduras y Chile, El Salvador es el país con el menor porcentaje de casos resueltos a favor del ciudadanos demandantes de información pública en la región. En el otro extremo se encuentra Costa Rica con el 87.80 %.

    El IAIP en El Salvador inició el 2024 con una carga de trabajo de 407 casos de demandas de ciudadanos sobre información pública de instituciones gubernamentales, de esos casos, solo 144 fueron resueltos; el 11.1 % a favor de la entrega de información a los ciudadanos, lo que lo ubica con el “porcentaje más bajo comparado con el resto de países analizados”.

    Decisiones positivas aumentaron

    Los datos de Acción Ciudadana indican que, luego de dos años continuos de caídas en los índices de resoluciones favorables para los ciudadanos, aunque el porcentaje sigue siendo bajo (11.1 %), la cantidad de decisiones positivas para ciudadanos aumentaron en 2024.

    En 2022, el IAIP resolvió 89 casos, de ellos, solo nueve (10 %) fueron a favor de ciudadanos; en 2023, la cifra continuó a la baja, llegando a solo el 8 % y, en 2024, aumentó tres puntos porcentuales, llegando al 11.1 %.

    Sin embargo, 2020, 2019 y 2021 fueron los años con mejores resultados para los salvadoreños que interpusieron demandas por información pública, alcanzando porcentajes favorables del 49 %, el 38 % y el 20 % respectivamente.

    La AC indica que desde 2022 el Instituto “recibió más presupuesto, pero no se observa un impacto efectivo en la carga laboral resuelta y a favor de la ciudadanía”; advirtió que en 2025 “ha recibido menos presupuesto”, “situación que podría afectar su desempeño”.

    La ley del presupuesto 2024 contemplaba un presupuesto de $2,169,437 para el Instituto de Acceso a la Información Pública, en cambio, para 2025 se aprobaron $1,889,377 para la entidad, es decir, $280,060 menos.