Etiqueta: Acción Ciudadana

  • Aumenta control de un solo partido en el TSE según Acción Ciudadana

    Aumenta control de un solo partido en el TSE según Acción Ciudadana

    El control del partido de gobierno sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aumentará a raíz de la reforma constitucional que quitó la facultad de los partidos de proponer magistrados en el órgano electoral, indicó la organización Acción Ciudadana en el informe “Monitoreo del Estado de la integridad electoral en El Salvador” del periodo abril junio de 2026 divulgado este viernes.

    Para la organización, la ratificación de la reforma constitucional y posterior modificación del Código Electoral para que los partidos ya no propongan magistrados al TSE, “apunta a que aumentará el control de un solo partido, el de gobierno, sobre la institución” y “elimina uno de los pocos espacios de control y balance de poder que aún tenían el resto de los partidos en el sistema político salvadoreño”, indicó el informe.

    Según la AC, ahora el “único espacio de control que le queda a los partidos políticos que no son del oficialismo” es la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) que consideró debilitada presupuestariamente.

    La oenegé ve un sistema electoral distorsionado y una competencia electoral “más desequilibrada”.

    Señala la “poca claridad” en la redistribución de los escaños legislativos que permitió descontar 6 diputados a San Salvador y La Libertad, para otorgarlos a la nueva circunscripción de la diáspora salvadoreña, y consideró que “esta se aprobó, distorsionando aún más el sistema electoral y la proporcionalidad de las circunscripciones”.

    El informe indicó que una competencia desequilibrada porque “los diputados de gobierno se mantienen en campaña electoral permanente” ante la falta de sanciones por el TSE y por la falta de financiamiento público.

    “Los partidos políticos continúan denunciando la campaña electoral adelantada y la inoperancia del TSE ante esta. Como ya se ha señalado, el nulo trabajo del TSE en este aspecto produce un mayor desequilibrio en la contienda electoral, beneficiando claramente al partido de Gobierno”, indica el informe.

    El informe considera también una falta de idoneidad y experiencia del personal nuevo del Tribunal Supremo Electoral y señala falta de transparencia y el atraso en la contratación de la empresa que administrará el voto electrónico que ejercerán los salvadoreños en el extranjero.

  • Acción Ciudadana señala desactualización en transparencia del TSE

    Acción Ciudadana señala desactualización en transparencia del TSE

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sigue teniendo deficiencias en la publicación de información oficiosa, a ocho meses de las elecciones, según el quinto monitoreo de transparencia activa de la organización Acción Ciudadana, correspondiente a julio de 2026.

    La organización sostuvo que no observó cambios sustanciales respecto de la evaluación anterior y cuestionó la desactualización o inexistencia de buena parte de la información.

    El análisis comparativo muestra que, de los 33 ítems evaluados, 26 fueron clasificados como desactualizados, tres como vacíos o con inexistencia injustificada, uno como incompleto y únicamente tres como completos y en formato. Los resultados son iguales a los registrados en abril de 2026 y representan un retroceso frente a diciembre de 2025, cuando siete apartados fueron calificados como completos y en formato.

    Entre los principales señalamientos, Acción Ciudadana indicó que desapareció por completo del portal de transparencia la información relacionada con el directorio y currículo de funcionarios, apartado que ya figuraba vacío en diciembre de 2025 y abril de 2026.

    La organización también reportó que no existe información disponible sobre los asesores del TSE y que el ítem correspondiente tampoco aparece en el portal.

    La información financiera concentra varias de las deficiencias identificadas. Según el monitoreo, los apartados de presupuesto, remuneraciones, viajes, subsidios e incentivos fiscales, recursos públicos asignados a particulares, inventario de bienes muebles, adquisiciones y contrataciones, listado de ofertantes y contratistas, así como permisos, autorizaciones y concesiones, fueron clasificados como desactualizados. 

    En el caso del presupuesto, la última información disponible corresponde al período de julio a septiembre de 2024, mientras que las remuneraciones llegan hasta septiembre de ese año.

    La organización encontró una situación similar en la gestión operativa. El Plan Operativo Anual disponible corresponde a 2024 y registra como última actualización el 30 de septiembre de ese año; las actas disponibles se remontan a 2017 y las estadísticas del registro electoral, elecciones, solicitudes de información y visitas al sitio presentan información desactualizada. Además, la última resolución ejecutoriada disponible corresponde al 7 de abril de 2024.

    En materia de acceso a la información, el monitoreo calificó como incompleto el apartado de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), debido a que los datos corresponden al 16 de mayo de 2025 y no aparece la fecha de nombramiento del oficial. También señaló que el índice de información reservada está actualizado únicamente hasta junio de 2024, mientras que la guía de organización de archivos disponible tiene fecha de septiembre de 2019.

    El informe también revisó las obligaciones especiales del organismo electoral. El calendario electoral fue uno de los tres ítems clasificados como completos y en formato, aunque Acción Ciudadana observó que se encuentra en un apartado propio del sitio web y no en el portal de transparencia.

    En contraste, el apartado de resultados de escrutinios permanece vacío y el enlace correspondiente al escrutinio final de 2024 está roto. Las agendas del pleno disponibles llegan hasta 2017 y la jurisprudencia publicada hasta 2020.

    Acción Ciudadana concluyó en su resumen de hallazgos que “persiste la desactualización o inexistencia de la mayoría de la información oficiosa, siendo un claro el patrón de opacidad de forma intencionada”.

    El monitoreo evaluó el cumplimiento mediante criterios que incluyen información completa y en formato, completa sin formato, incompleta, desactualizada, inexistencia no justificada y apartados vacíos. El documento fue elaborado por Acción Ciudadana y su Centro de Monitoreo Político en julio de 2026.

  • Acción Ciudadana advierte retroceso en acceso a información sobre proyectos de infraestructura

    Acción Ciudadana advierte retroceso en acceso a información sobre proyectos de infraestructura

    La organización Acción Ciudadana presentó este jueves su informe sobre Transparencia Activa en proyectos de Infraestructura Pública 2025, en el que advierte un retroceso en el acceso a información sobre obras públicas ejecutadas por instituciones del Estado.

    El monitoreo el monitoreo “Transparencia activa en proyectos de infraestructura pública 2025” incluyó el seguimiento a 23 proyectos de infraestructura evaluados desde 2023, con el objetivo de verificar si las entidades responsables cumplen con la obligación de publicar información oficiosa en sus portales de transparencia, según lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

    De acuerdo con el informe, los resultados evidencian bajos niveles de cumplimiento en la publicación de información oficial relacionada con proyectos de obra pública, lo que limita el acceso ciudadano a datos sobre ejecución, contratos o avances de las obras.

    Acción Ciudadana también señaló que las reservas de información continúan vigentes en varias instituciones, lo que impide conocer detalles sobre proyectos emblemáticos financiados con fondos públicos.

    La organización indicó además que identificar información en los portales de transparencia se ha vuelto más complejo, ya que parte de la documentación que estaba disponible en años anteriores ya no se encuentra o resulta difícil de ubicar.

    El informe advierte que, pese a que algunos proyectos presentan inconvenientes en su ejecución o carecen de información pública, y advierte que la Asamblea Legislativa continúa aprobando préstamos para nuevas obras sin que exista claridad sobre la gestión de proyectos anteriores.

    Disminución de transparencia

    Según los datos recopilados, el nivel de transparencia activa disminuyó respecto a evaluaciones anteriores. Mientras que en 2024 se pudo acceder a 26 % de la información que debía estar publicada, en la verificación realizada entre agosto y octubre de 2025 únicamente se encontró 19 % de los datos requeridos.

    En la evaluación, cada proyecto podía obtener un máximo de 23 puntos, de acuerdo con los criterios de información que exige la ley. Sin embargo, el mayor puntaje registrado fue de 16 puntos, lo que refleja que en ningún caso se encontró la totalidad de la información que debía estar disponible al público.

    El informe también advierte que el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) concentra una parte importante de los recursos destinados a infraestructura y mantiene una tendencia a declarar bajo reserva información sobre proyectos relevantes, lo que limita el acceso a detalles sobre su ejecución.

    Acción Ciudadana señaló que algunos proyectos nuevos considerados prioritarios por el oficialismo han sido aprobados por la Asamblea Legislativa sin mayor debate ni justificaciones técnicas, y que varios de ellos ya presentan reservas de información.

    Ante este panorama, la organización advirtió que el bajo nivel de transparencia en la gestión de infraestructura pública representa un alto riesgo de corrupción, por lo que recomendó a instituciones contraloras como la Corte de Cuentas reforzar auditorías sobre estos proyectos.

  • 29 organizaciones han solicitado registrarse como agentes extranjeros en El Salvador, 38 pidieron ser excluidas

    29 organizaciones han solicitado registrarse como agentes extranjeros en El Salvador, 38 pidieron ser excluidas

    Al menos 29 organizaciones pidieron inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) durante el último trimestre de 2025 según consta en el informe de servicios ofrecidos por la Dirección General del Registro de Agentes Extranjeros.

    El informe indica que durante octubre de 2025 recibieron 21 solicitudes de inscripción de personas jurídicas, pero la cifra cayó un 76.1 % en relación a las únicas cinco inscripciones solicitadas en noviembre. Para diciembre, solo se recibieron tres, sumando 29.

    La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada en mayo por dispensa de trámite en la Asamblea Legislativa. La normativa asignó un plazo de 90 días para que las organizaciones y personas naturales que reciben fondos desde el extranjero se inscribieran en el RAEX, dependencia del Ministerio de Gobernación.

    El registro de datos indica que también se recibieron dos solicitudes de inscripción de personas naturales al Registro y solo una de mandantes extranjeros. Además, se reportaron nueve solicitudes de constancias y certificaciones desde octubre hasta diciembre del año pasado.

    La ley establece que las organizaciones inscritas deberán pagar un impuesto del 30 % por el financiamiento que reciben del exterior, aunque se permiten exoneraciones según la naturaleza del proyecto.

    El informe destaca que, en los últimos tres meses de 2025, recibieron 38 solicitudes de organizaciones que pidieron ser exoneradas del pago del impuesto del 30 %. El reporte no detalla la cantidad de solicitudes que fueron aprobadas.

    Solicitudes que pidieron inscripción y exoneración

    Organizaciones Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (Fusate) y Casa Morada de la Mujer (Cemujer) fueron inscritas y exoneradas del pago de impuesto del 30 % a los fondos recibidos desde el extranjero para actividades, informaron voceras a Diario El Mundo y por redes sociales respectivamente.

    Hasta septiembre de 2025, la organización «Colectiva Feminista» había recibido una exclusión temporal de 20 días; la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen) y la organización Transparencia, Contraloría y datos Abiertos (Tracoda) también habían solicitado su inscripción y correspondiente exclusión del pago de impuesto del 30 %. Hasta esa fecha, también, la Fundación Comunicándonos había solicitado su inscripción y exoneración,  al igual que la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). Mientras que otras entidades como la Fundación para el Desarrollo Nacional (Funde) y Cristosal solicitaron su inscripción, pero no la exención.

    La organización Acción Ciudadana fue inscrita en el Registro de Agentes Extranjeros pero no fue clasificada como «sujeto excluido» del pago de impuestos, aunque lo solicitaron en su proceso.

  • Informes de viajes de magistrados electorales están en actualización tras un año sin publicaciones según TSE

    Informes de viajes de magistrados electorales están en actualización tras un año sin publicaciones según TSE

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que tiene en actualización el sitio de transparencia para publicar los informes de viajes en misiones oficiales que han realizado los magistrados del organismo colegiado tras más de un año sin publicaciones.

    A través de una solicitud de acceso a la información pública, Diario El Mundo solicitó los informes de viajes de magistrados con los plazos de las misiones, el objetivo y los desembolsos de dinero público para pasajes de viaje, viáticos y gastos de terminal desde el 1 de septiembre de 2024.

    En el portal de transparencia el último informe de viajes corresponde al período de julio a septiembre 2024, sin embargo, en la resolución de la solicitud de información, la institución electoral aseguró que actualizará el portal con los informes.

    Los magistrados del TSE asumieron sus cargos a finales de septiembre de 2024 y han realizado algunos viajes que como observadores electorales a los comicios de Estados Unidos para la elección del actual mandatario Donald Trump.

    Los últimos informes de viajes publicados corresponden al organismo colegiado 2019-2024. / Captura de pantalla del sitio de transparencia.

    Una fuente de la institución dijo que los magistrados fueron invitados por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), por sus siglas en inglés. En octubre la presidenta del TSE, Roxana Soriano, viajó como observadora a la segunda vuelta presidencial de Bolivia por invitación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

    El portal de transparencia del TSE tampoco actualiza el registro electoral desde 2023 y tampoco ha publicado las resoluciones emitidas por el colegiado desde abril de 2024. Los proyectos de agenda de sesiones y las respectivas actas tampoco son actualizadas desde 2017.

    Acción Ciudadana ha señalado un retroceso en acceso a la información en el Tribunal que en sus resoluciones no niega la información, pero que no da acceso ni la publica según manda la Ley de acceso a la información pública.

  • TSE cumple un año, Acción Ciudadana y oposición señalan opacidad del organismo electoral

    TSE cumple un año, Acción Ciudadana y oposición señalan opacidad del organismo electoral

    El nuevo organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplió un año de haber asumido sus funciones luego de su juramentación en la Asamblea Legislativa.

    Políticos y sociedad civil externaron  preocupaciones por la opacidad y las posibles interferencias mientras la institución destaca logros en su primer año.

    La institución electoral aseguró el viernes que en este primer año de gestión ha logrado «hitos fundamentales» como el pago atrasado a personal temporal que trabajó en las elecciones de 2024, una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la digitalización del registro electoral.

    Sin embargo, partidos políticos y sociedad civil no están del todo convencidos de los avances en el TSE.

    La organización Acción Ciudadana aseveró a Diario El Mundo que ve «preocupación por la opacidad de la autoridad electoral» concretamente por la resistencia de publicar información pública que debería divulgarse de oficio en el Portal de Transparencia.

    «Vemos con preocupación la opacidad de la autoridad electoral… Vemos con preocupación que mucha información está desactualizada o simplemente no se publica».

    Acción Ciudadana.

    Además, señala la organización que el Tribunal ha tenido «una actitud pasiva» ante las reformas realizadas a la Constitución de la República porque no fue consultada al respecto ni dio opinión, solo las aceptó. El 31 de julio, mediante una reforma constitucional, la Asamblea eliminó la segunda vuelta presidencial, extendió el período presidencial a seis años y eliminó la perdida de ciudadanía para quienes proclaman reelección presidencial.

    Arena teme «interferencia» partidaria al trabajo electoral

    El presidente del Consejo Ejecutivo de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Carlos García Saade, aseveró que su real preocupación es que la entidad pueda recibir presiones de partidos políticos «para influir en su trabajo».

    Aseveró que cualquier tipo de interferencia partidaria es «inaceptable y una amenaza directa» a la democracia salvadoreña y agregó que, ante cualquier presión, la entidad «debe demostrar independencia y carácter».

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    Tres de los magistrados son propuestos por los tres partidos con más votos en la última elección presidencial y dos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La presidencia la ocupa el partido que ganó la presidencial, en este caso, Nuevas Ideas, con Roxana Soriano, quien fue duramente criticada por haber sido elegida cuando en 2021 fue precandidata a diputada de ese mismo partido. La funcionaria, en una audiencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, aseguró que se desafilió del partido en julio de 2020.

    «Lo que realmente me preocupa es el riesgo de que haya intentos de interferencia. Cualquier presión política que busque influir en su trabajo es inaceptable y una amenaza directa a nuestra democracia».

    Carlos García Saade, presidente del COENA.

    Saade dijo que los partidos e instituciones tienen «la obligación de blindar» la autonomía del Tribunal porque, si dejan «que el árbitro sea presionado», pierden todos, no solo los contrincantes electorales.

    Asimismo, aseveró que, si bien es corto el tiempo de gestión del nuevo del TSE, «enfrentan un enorme reto» porque sus predecesores «dejaron una gestión llena de dudas y cuestionamientos». Indicó que los magistrados no deben «dejarse influir por ningún tipo de presión política».

    Buscan garantías de equidad y fiscalización de fondos

    Acción Ciudadana y Arena coinciden en que el principal reto para el nuevo TSE es garantizar «una elección equitativa». Arena insiste en que se debe contar con un proceso transparente que garantice «un padrón confiable, tecnología segura y conteo de votos claro».

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    La AC considera que es un reto porque la Asamblea ha impulsado reformas para inclinar «el campo del juego hacia el oficialismo».

    Además, cree que es un desafío para el TSE la reactivación de la Unidad de Fiscalización de financiamiento en partidos políticos y las medidas para «superar las dificultades vividas en 2024», como la falta de transmisión de actas en la elección legislativa.

    En esa elección, partidos políticos denunciaron papeletas «planchadas», es decir, papeletas votadas y sin dobleces pese a que tenían que haber estado dobladas al ser introducidas en cada urna.

  • Por finalizar plazo para solicitar inscripción de “agentes extranjeros” en Gobernación

    Por finalizar plazo para solicitar inscripción de “agentes extranjeros” en Gobernación

    Este jueves 4 de septiembre finaliza el plazo de 90 días que tienen las personas naturales y jurídicas existentes para solicitar su inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial creado con la nueva Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador.

    La normativa está vigente desde el 7 de junio, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de mayo, y daba un plazo de 90 días, que concluyen al final del día jueves 4 de septiembre.

    Gobernación abrió formalmente el plazo de inscripción el 9 de junio.

    La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), la fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) y la Colectiva Feminista confirmaron que han solicitado su inscripción al RAEX pero por el momento continúan esperando la respuesta del RAEX.

    Hasta hoy, únicamente las organizaciones Acción Ciudadana y Cristosal informaron, el pasado 1 de septiembre, que su inscripción se ha hecho efectiva en el RAEX.

    La AC indicó que cumplieron con la obligación legal pero que mantienen la opinión sobre el carácter autoritario, confiscatorio y restrictivo del espacio cívico, la libertad de asociación y expresión, y el derecho al patrimonio que impone la nueva Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador.

    “Hemos sido inscritos en el Registro de Agentes Extranjeros”, anunció la AC en un comunicado, la AC es una organización especializada en analizar financiamiento público y privado de partidos políticos, acceso a la información pública, desempeño de la Fiscalía General de la República.

    Los obligados a inscribirse son las personas naturales y jurídicas que realizan actividades en El Salvador financiadas por mandantes extranjeros, que son los financistas y que según la redacción de la nueva ley también son sujetos obligados.

    La ley establece un control de las actividades obliga a tributar el 30 % de todas sus donaciones, la obligatoriedad de inscripción y faculta al RAEX de fiscalizar y controlar a los inscritos, así como de eximirles del impuesto.

    Formalmente, el Ministerio de Gobernación informó que el plazo vencía el 4 de septiembre.

    Fe de errata: Se hizo una corrección a la noticia original que equivocadamente indicaba que el plazo vencía el miércoles 3 de septiembre, cuando la fecha de vencimiento correcta es el jueves 4 de septiembre.

  • Arzobispo pide en su homilía que diputados reconsideren reforma a Constitución por falta de consulta al pueblo

    Arzobispo pide en su homilía que diputados reconsideren reforma a Constitución por falta de consulta al pueblo

    El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, durante la misa solemne del Divino Salvador del Mundo, hizo dos peticiones a los diputados de la Asamblea Legislativa: que revivan la prohibición de la minería metálica en El Salvador y que reconsideren la reforma constitucional por considerarla ilegítima ya que no fue consultada.

    “Con todo respeto y sin otro interés más que el bien de nuestro pueblo, hacemos dos peticiones a la Asamblea nacional Legislativa”, anunció durante su homilía de este miércoles 6 de agosto.

     

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    “La primera, que cumplan con la deuda que tienen con este pueblo, de derogar la Ley de la Minería. Pedimos a los señores diputados que le devuelvan al pueblo la Ley que derogaron, la que protege el medio ambiente, la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas, la ley que prohíbe la explotación minera”, expresó, en referencia a la Ley de Prohibición de Minería Metálica derogada el 23 de diciembre de 2024.

    “La segunda petición es que los señores diputados reconsideren las reformas a la Constitución recientemente aprobadas por ese pleno legislativo de manera inconsulta, pues, para la legitimidad de una reforma constitucional, el pueblo debe ser consultado”, agregó el líder católico, antes de aplausos.

    Escobar Alas sostuvo que el “pueblo salvadoreño es capaz de producir grandes riquezas, pues sabemos que es un pueblo trabajador y emprendedor, es un pueblo noble y valiente” que ha salido adelante en medio de tragedias naturales, guerras y pandillas. “Nada lo ha doblegado porque Cristo ha caminado junto con él”, indicó en sus palabras en la misma en la cual los católicos celebran la fiesta de la Transfiguración de Jesucristo.

    Durante su homilía, mencionó la persecución de la que fue víctima monseñor Óscar Arnulfo Romero. “Hoy nos gloriamos de tener una gran lista de testigos de la fe”, indicó.

    El religioso también pidió a las autoridades de Estados Unidos que detengan la persecución contra los migrantes. “Desde lo más profundo del corazón, pedimos a las autoridades de Estados Unidos detener la persecución contra nuestros hermanos migrantes, pedimos que se les respeten sus derechos y el derecho a la migración es fundamental”, indicó. También pidió a los gobernantes de la región encontrar modos de combatir la pobreza.

    El 31 de julio por la noche, la Asamblea Legislativa ratificó dos reformas constitucionales, una que suprimió al Parlamento Centroamericano (Parlacen) de la Constitución y otra que permite la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

    La reforma fue rechazada por las asociaciones Cristosal, Acción Ciudadana, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), así como Human Rights Watch (HRW), WOLA, entre otras.

    Mientras, el presidente salvadoreño Nayib Bukele expresó dos días después de la reforma que el 90 % de los países desarrollados permite la reelección indefinida de su jefe de gobierno “y a nadie le importa”, indicó en X.

    El gobierno de Estados Unidos, según la agencia EFE, se pronunció la comparación de El Salvador con los cambios constitucionales que han realizado regímenes dictatoriales para perpetuarse en el poder, como lo han hecho organizaciones locales ante la reforma.

  • Acción Ciudadana y Cristosal dicen reforma constitucional «perpetúa al presidente» en el poder

    Acción Ciudadana y Cristosal dicen reforma constitucional «perpetúa al presidente» en el poder

    La organización Acción Ciudadana (AC) sostuvo en un comunicado que las reformas a la Constitución de la República cierran “prácticamente” la vía electoral “como mecanismo para la alternancia democrática en el poder” y cree que el “objetivo real es perpetuar al presidente en el poder”, consolidando el “autoritarismo” en El Salvador.

    La institución aseguró que el camino de El Salvador “es similar al que siguieron Nicaragua y Venezuela” y calcula que “El Salvador tendrá a una persona que ejercerá la presidencia por al menos 14 años de forma consecutiva, cuando lo máximo permitido eran 5 años”.

    “Con esta reforma, en El Salvador está prácticamente cerrada la vía electoral como mecanismo para la alternancia democrática en el poder”. Acción Ciudadana, organización no gubernamental.

    El cálculo suma los cinco años de gobierno del primer periodo de Nayib Bukele (2019-2024), tres del periodo actual (2024-2027) y una reelección por seis años más.

    Según la AC, adelantar las elecciones presidenciales de 2029 a 2027 “busca manejar la concentración de poder y evitar cualquier pérdida de diputaciones y alcaldías”, ya que esta es “previsible por el creciente descontento ciudadano con la actual gestión de dichas instituciones”.

    También, la asociación Cristosal aseveró, en un comunicado, es el “tiro de gracia a la democracia”.

    “Este último golpe al sistema democrático no devuelve el poder al pueblo, como afirma la narrativa oficial: se lo entrega sin límites a la familia gobernante. Sin contrapesos, el régimen se otorga a sí mismo el poder de perpetuidad”, indicó Cristosal. Para la organización, esta reforma constitucional consideró que se repite el modelo de «Venezuela, Nicaragua, China y Rusia».

    La Asamblea Legislativa reformó la Constitución para permitir la posibilidad de que el presidente de la República pueda ser reelecto en el cargo de manera indefinida si así se define en elecciones.

    La reforma elimina la disposición que castiga a los promotores de la reelección con la pérdida de la ciudadanía, aclara que la frase “un día más” en el cargo no aplica para un presidente reelecto y elimina la prohibición que establecía el artículo 152 inciso primero a candidatos presidenciales que hayan gobernado seis meses antes del periodo inmediato anterior.

    La reforma fue acordada y ratificada sorpresivamente la noche del 31 de julio por la Asamblea Legislativa.

  • El IAIP resolvió 144 demandas en el último año, 16 a favor de los demandantes según informe de Acción Ciudadana

    El IAIP resolvió 144 demandas en el último año, 16 a favor de los demandantes según informe de Acción Ciudadana

    El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió 144 demandas el año pasado, de esas 16 fueron a favor de los demandantes, según el reciente informe «Monitoreo sobre el desempeño» del IAIP durante 2024 de la organización Acción Ciudadana.

    La institución inició el 2024 con una carga laboral de 407 casos por demandas de información interpuestas desde 2021 hasta 2024. De esos casos, la mayoría corresponden a apelaciones en resoluciones de información, representando el 78.3 % del total de casos a analizar.

    De los 407 casos, solo 144 fueron resueltos por la entidad incluyendo casos con resoluciones definitivas o salidas alternas en la demanda. De los casos resueltos, nueve corresponden a la mora de 2021; otros 21 al año 2022; 82 del año 2023 y 32 corresponden a 2024.

    Las demandas de información son interpuestas en el IAIP cuando un ciudadano ha solicitado información pública a una entidad del Estado y esta se niega. Entonces, el Instituto debe decidir si ordenar que se entregue la información o si opta por «salidas alternas».

    Las salidas alternas pueden ser:

    • Que el demandante no desee continuar con el proceso y desista.
    • Que el IAIP rechace la demanda.
    • El IAIP dicta sobreseimiento para que decida un juez.

    El informe señala también que de los 144 casos resueltos, apenas 16 fueron resueltos a favor del demandante de información pública, lo cual representa solo el 11.1 %. La mayoría de los casos fueron decididas con salidas alternas y solo en el 4 % de los casos confirmó la decisión que tomó la institución correspondiente de no entregar la información solicitada por el ciudadano.

    Acción Ciudadana retomó datos de informes anteriores, documentó que desde 2019 hasta 2024 el IAIP emitió 508 resoluciones a favor de ciudadanos, sin detallar el porcentaje de los casos resueltos.

    En 2024, la cantidad de casos resueltos aumentó 7 % en comparación con 2023, sin embargo, en comparación con 2021 cayó casi a la mitad en comparación con el 62 % de 2021. / Acción Ciudadana.

    Según la AC, la cantidad de casos iniciados se evidencia «una disminución respecto de años anteriores» y que se tendría que  «determinar si la causa de esta baja de casos se debe a la desconfianza en la gestión del IAIP». El estudio indica que el IAIP continúa con el patrón de «no resolver en el año todos los casos iniciados» y que se «va generando un rezago» al menos con casos desde 2021.