Una jueza federal en Colorado falló en contra de la política del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos de negar fianza a un salvadoreño, al considerar que se le negaba al inmigrante el derecho al debido proceso.
La decisión judicial allana el camino para restringir la aplicación de la política de detención obligatoria establecida por el ICE en julio pasado.
El fallo de la jueza en Denver (Colorado) se refiere al caso de Néstor Esaí Mendoza Gutiérrez, residente de Colorado por más de dos décadas y propietario de una pequeña empresa, que fue detenido en mayo pasado.
Desde entonces ha permanecido en la cárcel migratoria de Aurora, ubicada en el mismo estado, debido a la nueva política del ICE que declara que a todas las personas que presuntamente ingresaron de forma indocumentada se les negará la posibilidad de fianza durante su proceso de deportación.
La medida afecta a millones de inmigrantes en el país, independientemente de su tiempo de residencia en Estados Unidos.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) demandó al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentando que la nueva política “es ilegal” y representa “un profundo desvío” de la ley de inmigración.
La ley federal vigente exige la detención sin derecho a fianza solo en circunstancias limitadas.
La querella legal afirma que Mendoza Gutiérrez y otras personas en situaciones similares no cumplen estos criterios que limitan la elegibilidad para fianza.
La demanda también argumenta que la detención de Mendoza Gutiérrez sin derecho a fianza plantea serias preocupaciones constitucionales y viola las garantías fundamentales del debido proceso. Además, causa un daño irreparable a la familia del salvadoreño ya que él es su mayor sostén.
En su fallo, la jueza afirmó que el Gobierno no tiene el derecho irrestricto de detener a extranjeros.
Estas protecciones constitucionales se aplican a todas las personas en el país, independientemente de su estatus migratorio, advierte la ACLU.
La jueza ordenó la liberación del salvadoreño y estudia la solicitud de demanda colectiva para que la decisión pueda cobijar a otros inmigrantes detenidos en Colorado sujetos a la nueva política.
“Esta política ilegal amenaza con encarcelar a millones de inmigrantes trabajadores sin antecedentes penales y con profundos vínculos con sus comunidades, sin posibilidad de recurso alguno”, dijo en un comunicado Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado.
El DHS enfrentan varios litigios alrededor de Estados Unidos por la medida de no otorgar fianza a ningún detenido por ICE.
