Etiqueta: ACLU

  • Congresistas y organizaciones tachan de "venganza" y "distracción" arresto de Abrego

    Congresistas y organizaciones tachan de «venganza» y «distracción» arresto de Abrego

    Congresistas y organizaciones civiles de Estados Unidos criticaron el arresto del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), y pidieron para él acceso a un juicio justo, mientras lamentaron que su detención forme parte de una venganza del Gobierno estadounidense.

    «El Gobierno de (Donald) Trump lo ha dejado claro: están utilizando cruelmente a Kilmar Ábrego García como un peón y una distracción. Vivimos en un país de leyes, y por mucho que Trump lo odie, Kilmar Ábrego García tiene derecho al debido proceso», dijo en un comunicado la senadora demócrata por Maryland, Angela Alsobrooks.

    Ábrego García, quien fue deportado por error de la Administración y posteriormente traído de vuelta, fue arrestado esta mañana por agentes de Inmigración cuando acudía a una visita a los tribunales de inmigración de Baltimore (Maryland).

    El viernes fue liberado de una cárcel en Tennessee, a la espera de que se desarrolle un juicio de cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación, por no suponer una amenaza para la comunidad o estar en riesgo de huir.

    El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, que viajó a El Salvador cuando el inmigrante fue deportado allí y trasladado a una cárcel, afirmó que el Gobierno debe permitir al salvadoreño la oportunidad de defenderse en los tribunales y dejar de «decir mentiras sobre su caso».

    Los abogados de Ábrego García indicaron el pasado sábado que el Gobierno estadounidense amenazándolo con su deportación a Uganda para conseguir un acuerdo de culpabilidad que le llevase a ser deportado a Costa Rica, un extremo que también fue ampliamente criticado por algunos congresistas.

    «Seamos claros: deportar a Kilmar Abrego García a Uganda no tiene sentido; no es su país de origen. Nada en este proceso ha sido justo. El ICE lo está atacando con crueldad. Esto es un arma del gobierno, no de la justicia», dijo la representante por Texas, Jasmine Crockett.

    Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) se sumaron a este llamado, e indicaron que la Administración de Trump está teniendo un «comportamiento vengativo» que alcanza al resto de migrantes que quiere expulsar del país.

    Por el momento, Trump se ha limitado a indicar que tienen la situación «bajo control» pese a que los abogados del migrante «están haciendo cosas a través de un sistema de tribunales liberales».

  • Trump firma orden ejecutiva que facilita la remoción de personas sin hogar de las calles

    Trump firma orden ejecutiva que facilita la remoción de personas sin hogar de las calles

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que facilitará a los estados y ciudades remover a las personas sin hogar de las calles y enviarlas a centros de tratamiento, aunque no hayan dado su consentimiento.

    El mandatario estadounidense explicó que su administración ha adoptado un nuevo enfoque para lidiar con el problema de las personas sin techo «centrado en la protección de la seguridad» pública.

    La medida pide a la fiscal general, Pam Bondi, tomar acciones legales para revocar los precedentes judiciales y los decretos de consentimiento que limitan la capacidad de los gobiernos locales y estatales para trasladar a las personas que viven en las calles y campamentos a centros de tratamiento.

    También instruye a la fiscal a brindar asistencia a los gobiernos estatales y locales que permitan el internamiento civil y el tratamiento adecuados de las personas con enfermedades mentales que representan un peligro para los demás o que viven en la calle y no pueden cuidar de sí mismas.

    “El traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento civil restablecerá el orden público”, se lee en la orden titulada ‘Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses’.

    La normativa además requiere a los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Transporte priorizar las subvenciones federales para los estados y ciudades que «hagan cumplir las prohibiciones” sobre el consumo abierto de drogas ilícitas, acampar en zonas urbanas y el merodeo.

    La orden también exige una amplia recopilación federal de datos sobre personas sin hogar y personas con discapacidades mentales, lo que plantea serias preocupaciones sobre la vigilancia, la privacidad y cómo dichos datos podrían utilizarse para justificar una mayor criminalización, advirtió en un comunicado la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

    Scout Katovich, abogada del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la ACLU, dijo que la orden demuestra un “notable desprecio” por los derechos y la dignidad de las personas vulnerables.

    “Encarcelar a las personas en instituciones cerradas y obligarlas a recibir tratamiento no resolverá el problema de la falta de vivienda ni apoyará a las personas con discapacidad. Lo cierto es todo lo contrario: las instituciones son peligrosas y mortales, y el tratamiento forzado no funciona”, agregó la abogada.

    Katovich recordó que Trump ha redoblado la apuesta por políticas que “castigan” a personas desfavorecidas, como la firma de la ley presupuestaria que diezma el programa de salud pública Medicaid, el principal financiador de servicios de adicción y salud mental.

    La medida de hoy sigue una tomada en marzo pasado cuando el mandatario estadounidense ordenó al Servicio de Parques Nacionales remover los campamentos de personas sin hogar y los grafitis en tierras federales.

    El número de personas (274,224) que vivieron en las calles de Estados Unidos en una sola noche durante el 2024 fue el más alto jamás registrado en el país, según datos citados por la Casa Blanca en la orden.

  • Una jueza prohíbe a Trump arrestar a migrantes en California por su perfil racial

    Una jueza prohíbe a Trump arrestar a migrantes en California por su perfil racial

    Una jueza federal ordenó este viernes detener las redadas migratorias en el sur de California, al considerar que se estaban realizando arrestos basados en el color de piel, el idioma y otros elementos discriminatorios, en violación a derechos constitucionales.

    La decisión de la jueza Maame Frimpong también incluye una orden para que el Gobierno de Estados Unidos permita el acceso de abogados a las personas detenidas en el centro de detención migratoria B-18, ubicado en el centro de Los Ángeles.

    El fallo judicial se produjo tras una demanda interpuesta la semana pasada por personas afectadas por las redadas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los demandantes argumentan que los operativos han violado múltiples derechos constitucionales y se han sustentado en criterios de perfil racial.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones y calificó de “repugnantes y categóricamente falsas” las denuncias de discriminación.

    No obstante, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), que representa a los afectados, informó que la jueza prohibió explícitamente que los agentes migratorios detengan personas sin una sospecha razonable. También vetó arrestos basados en aspectos como la raza, el idioma (ya sea hablar español o inglés con acento), el tipo de empleo o la presencia en sitios como estaciones de autobuses, lavaderos de autos o granjas.

    Además, el fallo obliga al DHS a garantizar acceso legal para los detenidos, no solo entre semana, sino también los fines de semana y feriados.

    Las redadas iniciadas hace un mes en el área metropolitana de Los Ángeles han generado protestas y tensiones, convirtiendo a California en un símbolo de oposición a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La demanda se activó luego de un operativo ocurrido el pasado 22 de junio, en el que varios trabajadores fueron arrestados violentamente por hombres enmascarados con chalecos de la Patrulla Fronteriza. Videos del hecho circularon en redes sociales y generaron indignación.

    El propietario del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los agentes irrumpieron en zonas restringidas y utilizaron fuerza excesiva. Familiares de los detenidos aseguraron que los arrestos se realizaron sin justificación y sin acceso a comunicación legal.

    “Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU SoCal, tras conocerse la resolución judicial.