Etiqueta: actas electorales

  • Parálisis del escrutinio y pedido de nulidad agravan incertidumbre electoral en Honduras

    Parálisis del escrutinio y pedido de nulidad agravan incertidumbre electoral en Honduras

    La paralización del escrutinio electoral en Honduras mantiene al país en vilo, mientras el partido oficialista Libre solicitó este sábado la nulidad del conteo presidencial por presuntas irregularidades, en medio de llamados de la OEA a garantizar transparencia en el proceso.

    La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, explicó que la interrupción del sistema se debió a “problemas técnicos ajenos al pleno y al equipo del CNE”, que afectan la divulgación continua de resultados. La falla, que ya supera las 24 horas, fue atribuida a la empresa adjudicada para la transmisión de datos.

    “Este CNE tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua, pero los fallos obedecen a factores externos”, declaró Hall. Por su parte, la consejera Cossette López reconoció que “todo el proceso electoral ha sido una batalla constante” y lamentó que esta etapa no haya sido diferente.

    Con el 88.02 % de las actas procesadas, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, lidera el conteo con 1,132,321 votos (40.19 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,112,570 sufragios (39.49 %). En tercer lugar se mantiene la candidata de Libre, Rixi Moncada, con 543,675 votos (19.30 %).

    Asfura cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esta elección que se perfila como una de las más reñidas de los últimos años.

    Libre solicita nulidad del escrutinio presidencial

    En medio de la crisis, el Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una acción de nulidad administrativa contra el escrutinio presidencial, alegando un “desastre” en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

    El escrito fue presentado por el abogado Edeson Argueta, representante legal de Libre, quien denunció supuestas irregularidades en el conteo realizado por 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV), tanto en el nivel presidencial como en los de designados y diputados al Parlamento Centroamericano.

    Según Argueta, el escrutinio actual “adultera la voluntad popular” y viola la ley electoral, reglamentos y procedimientos establecidos.

    Ante este escenario, el CNE anunció una prórroga de 2.5 días calendario para presentar solicitudes de nulidad administrativa, cuyo plazo vence el lunes 8 de diciembre al mediodía. Además, concedió cinco días adicionales para pedir revisiones y recuentos especiales, hasta el 15 de diciembre.

    OEA y oposición piden acelerar el proceso

    La Misión de Observación Electoral de la OEA hizo un llamado al CNE para que acelere el conteo de votos, garantizando transparencia y trazabilidad del proceso.

    En un comunicado, la OEA advirtió que el resultado entre Asfura y Nasralla es “sumamente ajustado” y expresó su preocupación por las intermitencias en la publicación de resultados y la “falta de pericia” en la implementación de soluciones tecnológicas.

    En la misma línea, el jefe de bancada del Partido Nacional en el Parlamento, Tomás Zambrano, consideró que la repetida paralización del conteo ha dañado la credibilidad del proceso. “No contribuye a otorgar transparencia ni certidumbre al pueblo hondureño”, señaló.

    Zambrano pidió al CNE celeridad y pidió mantener la calma mientras se realizan los escrutinios especiales y se publican los resultados finales.

    Los hondureños acudieron a las urnas el pasado 30 de noviembre para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.

  • Nasralla denuncia irregularidades en 5,000 actas y exige revisión voto por voto en Honduras

    Nasralla denuncia irregularidades en 5,000 actas y exige revisión voto por voto en Honduras

    El candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, denunció este sábado la existencia de más de 5,000 actas con “inconsistencias y errores graves” que, según aseguró, alteran la voluntad popular expresada en las elecciones del pasado 30 de noviembre. Ante esta situación, exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) una revisión minuciosa que podría incluir el recuento voto por voto.

    Nasralla afirmó en sus redes sociales que su equipo de cómputo, con el 100 % de las actas físicas en su poder, demuestra que fue él quien ganó los comicios. Afirmó que las irregularidades detectadas han afectado el resultado final y solicitó transparencia al órgano electoral.

    Hasta el último reporte del CNE, emitido el viernes, con el 88.02 % de las actas escrutadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura —respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— lideraba el conteo con 1,132,321 votos (40.19 %), seguido de cerca por Nasralla con 1,112,570 votos (39.49 %). La tendencia se ha mantenido estable desde el jueves.

    La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), se mantiene en un distante tercer lugar con 543,675 votos, lo que representa el 19.30 % del total.

    Hasta la fecha, el CNE no ha brindado explicaciones sobre la suspensión del escrutinio, detenido desde la tarde del viernes. La paralización también es evidente en la página web del organismo, lo que ha generado incertidumbre en el país centroamericano.

    Nasralla hizo un llamado a la calma y recordó que el plazo para solicitar revisión de actas vence el próximo 29 de diciembre. Según la normativa vigente, el ente electoral tiene hasta 30 días después de los comicios para oficializar los resultados definitivos.

    Los comicios celebrados el 30 de noviembre fueron los duodécimos desde el retorno al orden constitucional en 1980, luego de casi 20 años de regímenes militares. En esa jornada, los hondureños eligieron un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías, 128 diputados para el Congreso Nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano.

     

  • Ente electoral de Honduras rechaza injerencia de las Fuerzas Armadas 

    Ente electoral de Honduras rechaza injerencia de las Fuerzas Armadas 

    La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, rechazó este sábado lo que calificó como un intento de “injerencia” por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en el proceso electoral previsto para el 30 de noviembre.

    Durante una reunión de coordinación, Hernández solicitó verbalmente al pleno del CNE una copia de las actas de las juntas receptoras de votos del nivel presidencial, petición que ha generado una ola de críticas por carecer de sustento legal.

    “Ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales contrarios a la solicitud verbal del Jefe del Estado Mayor Conjunto”, expresó Hall en la red social X. “Seguiremos coordinando el trabajo requerido, de acuerdo al artículo 272 de la Constitución”.

    Sin base legal para entregar actas a militares

    El artículo 272 de la Constitución de Honduras, citado por Hall, establece que las Fuerzas Armadas deben ser una institución profesional, apolítica y no deliberante, y su papel en los comicios se limita a la custodia, transporte y vigilancia del material electoral, bajo órdenes del CNE, sin intervenir en el escrutinio ni en los resultados.

    Diversos sectores han manifestado su preocupación, considerando que la solicitud de Hernández puede interpretarse como un intento de intervenir en funciones exclusivas del ente electoral, lo que pondría en riesgo la transparencia y credibilidad del proceso electoral.

    Roosevelt Hernández ha sido cuestionado por su aparente cercanía con el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), liderado por el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la actual presidenta Xiomara Castro.

    Pese a las críticas, Hernández defendió su solicitud alegando que está amparada por la Constitución, aunque ninguna ley electoral vigente faculta a las Fuerzas Armadas a recibir o procesar actas electorales.

    Contexto electoral marcado por tensiones

    Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre, en un clima de polarización política y con fuertes cuestionamientos al rol de los órganos electorales. El CNE, conformado por representantes de tres partidos, ha enfrentado crisis desde las elecciones primarias e internas celebradas en marzo.

    El incidente con las Fuerzas Armadas se suma a una cadena de enfrentamientos entre actores políticos e institucionales que han puesto en entredicho la imparcialidad del proceso electoral.

     

  • Venezuela conmemora primer aniversario del fraude electoral de Nicolás Maduro

    Venezuela conmemora primer aniversario del fraude electoral de Nicolás Maduro

    Venezuela se alista para el primer aniversario de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, una jornada marcada por denuncias de fraude electoral, represión y tensiones políticas que persisten hasta hoy. La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), continúa rechazando el resultado que proclamó a Nicolás Maduro como presidente, mientras defiende que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio.

    La campaña opositora fue liderada por María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, quien, pese a su inhabilitación política, respaldó a González Urrutia tras varios intentos fallidos de inscribir a otros candidatos, como la historiadora Corina Yoris.

    Tras obtener más del 90 % de los votos en las primarias opositoras de octubre de 2023, Machado fue apartada por una resolución de la Contraloría General que le prohibió ejercer cargos públicos hasta 2036. En marzo de 2024, intentó postular a Corina Yoris, pero el sistema del CNE impidió su inscripción, lo que fue denunciado como una maniobra del oficialismo.

    Finalmente, la tarjeta del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) fue utilizada para inscribir a Edmundo González Urrutia, un exembajador hasta entonces poco conocido en el ámbito político, quien asumió la candidatura con el respaldo de Machado y de toda la coalición opositora.

    Durante la campaña, la oposición enfrentó detenciones arbitrarias, cierre de locales comerciales, y una absoluta ausencia de cobertura en medios públicos, contrastando con la intensa exposición de Maduro en actos transmitidos por el Estado.

    Aun así, la ciudadanía mostró apoyo masivo en concentraciones y redes sociales, en lo que Machado describió como una campaña “histórica”, impulsada boca a boca y por canales alternativos.

    Nicolás Maduro (i), al ser proclamado ganador de unas elecciones en las que nunca mostraron la actas electorales. A su derecha, el presidente de Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso. EFE

    Resultados impugnados y actas en disputa

    El presidente del CNE, Elvis Amoroso, proclamó a Maduro ganador con el 80 % de los votos, pero la PUD desconoció el resultado y denunció múltiples irregularidades, incluyendo la falta de entrega de actas en más del 80 % de los centros de votación.

    En respuesta, la oposición publicó una base de datos de actas que atribuían la victoria a González Urrutia, lo que fue respaldado por más de 10 países, entre ellos Estados Unidos y Argentina, pero rechazado por el gobierno de Maduro, que las calificó como “falsas”.

    Tras los comicios, se registraron protestas que dejaron 28 muertos y más de 2,400 detenidos, de los cuales la mayoría fue excarcelada. La Fiscalía los acusó de formar parte del supuesto “comando terrorista” opositor.

    Pese a los intentos del Ejecutivo por validar los resultados, organismos internacionales como el Centro Carter y un panel de expertos de la ONU coincidieron en que las elecciones carecieron de transparencia y no fueron democráticas, al señalar la ausencia de garantías mínimas. Estos pronunciamientos fueron tajantemente rechazados por el oficialismo.

    A un año del proceso electoral, Venezuela sigue bajo un clima de polarización, con la oposición venezolana clamando por justicia y transparencia, mientras el gobierno mantiene su legitimidad con respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).