Etiqueta: actas electorales

  • Ente electoral de Honduras rechaza injerencia de las Fuerzas Armadas 

    Ente electoral de Honduras rechaza injerencia de las Fuerzas Armadas 

    La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, rechazó este sábado lo que calificó como un intento de “injerencia” por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en el proceso electoral previsto para el 30 de noviembre.

    Durante una reunión de coordinación, Hernández solicitó verbalmente al pleno del CNE una copia de las actas de las juntas receptoras de votos del nivel presidencial, petición que ha generado una ola de críticas por carecer de sustento legal.

    “Ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales contrarios a la solicitud verbal del Jefe del Estado Mayor Conjunto”, expresó Hall en la red social X. “Seguiremos coordinando el trabajo requerido, de acuerdo al artículo 272 de la Constitución”.

    Sin base legal para entregar actas a militares

    El artículo 272 de la Constitución de Honduras, citado por Hall, establece que las Fuerzas Armadas deben ser una institución profesional, apolítica y no deliberante, y su papel en los comicios se limita a la custodia, transporte y vigilancia del material electoral, bajo órdenes del CNE, sin intervenir en el escrutinio ni en los resultados.

    Diversos sectores han manifestado su preocupación, considerando que la solicitud de Hernández puede interpretarse como un intento de intervenir en funciones exclusivas del ente electoral, lo que pondría en riesgo la transparencia y credibilidad del proceso electoral.

    Roosevelt Hernández ha sido cuestionado por su aparente cercanía con el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), liderado por el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la actual presidenta Xiomara Castro.

    Pese a las críticas, Hernández defendió su solicitud alegando que está amparada por la Constitución, aunque ninguna ley electoral vigente faculta a las Fuerzas Armadas a recibir o procesar actas electorales.

    Contexto electoral marcado por tensiones

    Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre, en un clima de polarización política y con fuertes cuestionamientos al rol de los órganos electorales. El CNE, conformado por representantes de tres partidos, ha enfrentado crisis desde las elecciones primarias e internas celebradas en marzo.

    El incidente con las Fuerzas Armadas se suma a una cadena de enfrentamientos entre actores políticos e institucionales que han puesto en entredicho la imparcialidad del proceso electoral.

     

  • Venezuela conmemora primer aniversario del fraude electoral de Nicolás Maduro

    Venezuela conmemora primer aniversario del fraude electoral de Nicolás Maduro

    Venezuela se alista para el primer aniversario de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, una jornada marcada por denuncias de fraude electoral, represión y tensiones políticas que persisten hasta hoy. La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), continúa rechazando el resultado que proclamó a Nicolás Maduro como presidente, mientras defiende que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio.

    La campaña opositora fue liderada por María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, quien, pese a su inhabilitación política, respaldó a González Urrutia tras varios intentos fallidos de inscribir a otros candidatos, como la historiadora Corina Yoris.

    Tras obtener más del 90 % de los votos en las primarias opositoras de octubre de 2023, Machado fue apartada por una resolución de la Contraloría General que le prohibió ejercer cargos públicos hasta 2036. En marzo de 2024, intentó postular a Corina Yoris, pero el sistema del CNE impidió su inscripción, lo que fue denunciado como una maniobra del oficialismo.

    Finalmente, la tarjeta del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) fue utilizada para inscribir a Edmundo González Urrutia, un exembajador hasta entonces poco conocido en el ámbito político, quien asumió la candidatura con el respaldo de Machado y de toda la coalición opositora.

    Durante la campaña, la oposición enfrentó detenciones arbitrarias, cierre de locales comerciales, y una absoluta ausencia de cobertura en medios públicos, contrastando con la intensa exposición de Maduro en actos transmitidos por el Estado.

    Aun así, la ciudadanía mostró apoyo masivo en concentraciones y redes sociales, en lo que Machado describió como una campaña “histórica”, impulsada boca a boca y por canales alternativos.

    Nicolás Maduro (i), al ser proclamado ganador de unas elecciones en las que nunca mostraron la actas electorales. A su derecha, el presidente de Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso. EFE

    Resultados impugnados y actas en disputa

    El presidente del CNE, Elvis Amoroso, proclamó a Maduro ganador con el 80 % de los votos, pero la PUD desconoció el resultado y denunció múltiples irregularidades, incluyendo la falta de entrega de actas en más del 80 % de los centros de votación.

    En respuesta, la oposición publicó una base de datos de actas que atribuían la victoria a González Urrutia, lo que fue respaldado por más de 10 países, entre ellos Estados Unidos y Argentina, pero rechazado por el gobierno de Maduro, que las calificó como “falsas”.

    Tras los comicios, se registraron protestas que dejaron 28 muertos y más de 2,400 detenidos, de los cuales la mayoría fue excarcelada. La Fiscalía los acusó de formar parte del supuesto “comando terrorista” opositor.

    Pese a los intentos del Ejecutivo por validar los resultados, organismos internacionales como el Centro Carter y un panel de expertos de la ONU coincidieron en que las elecciones carecieron de transparencia y no fueron democráticas, al señalar la ausencia de garantías mínimas. Estos pronunciamientos fueron tajantemente rechazados por el oficialismo.

    A un año del proceso electoral, Venezuela sigue bajo un clima de polarización, con la oposición venezolana clamando por justicia y transparencia, mientras el gobierno mantiene su legitimidad con respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).