Miembros de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) denunciaron este domingo que el Estado continúa en deuda con las víctimas de la guerra civil salvadoreña, conflicto que entre 1980 y 1992 dejó unas 75,000 personas muertas, alrededor de 8,000 desaparecidas y cientos de masacres.
La organización, integrada por familiares de víctimas del conflicto armado, realizó la denuncia durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se recuerda cada 30 de agosto, y reiteró sus demandas de verdad, justicia y reparación.
«El Estado salvadoreño sigue en deuda con las víctimas de las desapariciones forzadas del conflicto armado y las desapariciones actuales», apuntaron e indicaron que «no se debe olvidar el sufrimiento de las víctimas».
Los familiares también reiteraron su esperanza de conocer el paradero de las personas desaparecidas después de décadas de búsqueda. «La esperanza de encontrarlos vivos es lo que nos mantiene con vida», agregaron.
La guerra civil salvadoreña se extendió durante 12 años y estuvo marcada por la pobreza, la desigualdad social y la represión militar. El conflicto dejó cientos de masacres contra población civil y concluyó en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz.
Organizaciones y activistas de derechos humanos han señalado que sucesivos gobiernos salvadoreños no atendieron plenamente las demandas de las víctimas. Muchas de las personas que continúan buscando justicia son ahora adultos mayores y acumulan más de cuatro décadas esperando conocer la verdad sobre lo ocurrido y obtener reparación.
La CDHES incluyó dentro de sus reclamos tanto las desapariciones ocurridas durante el conflicto armado como las registradas en años recientes. Las organizaciones de derechos humanos también han planteado señalamientos sobre presuntas vulneraciones de derechos fundamentales durante la administración del presidente Nayib Bukele.
Desde la llegada de Bukele a la Presidencia en 2019, el Gobierno dejó de realizar actos oficiales para conmemorar la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los familiares insistieron en mantener viva la memoria de quienes desaparecieron y en que el Estado responda a sus demandas de verdad, justicia y reparación.
