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  • Contrabando de cigarrillos cae a 24.8 % en El Salvador en 2025

    Contrabando de cigarrillos cae a 24.8 % en El Salvador en 2025

    El comercio ilícito de cigarrillos en El Salvador representó un 24.8 % en 2025, su nivel más bajo en cuatro años, reveló un estudio de Total Research Network.

    El documento, elaborado para la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), señaló que el comercio ilícito de cigarrillos representaba un 44.1 % en 2019, lo que implica una reducción de 20 puntos porcentuales en seis años.

    Según ADES, la disminución del contrabando responde a las acciones de control y fiscalización realizadas por las autoridades salvadoreñas.

    “Los avances registrados en los últimos años demuestran que la articulación técnica fortalece la economía formal, protege la competencia leal y genera mayor confianza en la cadena de distribución”, cita un comunicado a Blanca Roque, directora ejecutiva de ADES.

    La gremial destacó que en 2025 se destruyeron más de 20 toneladas de cigarrillos incautados, que representan un monto defraudado de $4.1 millones y una evasión de impuestos de $2 millones.

    Estos cigarrillos fueron decomisados en operativos realizados en coordinación con la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), el Ministerio de Hacienda de El Salvador, la Dirección General de Aduanas de El Salvador (DGA) y el Ministerio de Seguridad de El Salvador. Las autoridades han desarticulado estructuras vinculadas al contrabando, así como identificado rutas y patrones de ingreso de mercancía ilícita al territorio.

     

    Aumenta recaudación por venta de cigarrillos

    Como resultado, el estudio señala que la recaudación del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos aumentó un 17.4 % entre 2019 y 2025.

    De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la recaudación por este impuesto representó $24.2 millones en 2019, un monto que subió a $28.4 millones en 2025, equivalente a un incremento de $4.2 millones (17.3 %).

    ADES agregó que la reducción del comercio ilícito impacta positivamente en la recaudación fiscal y contribuye a la estabilidad del mercado, además de proteger al consumidor y crear un entorno de mayor transparencia para las empresas.

    La gremial señaló que en los controles también se ha identificado el ingreso en contrabando de medicamentos no autorizados y lácteos sin certificación sanitaria, por lo que considera importante mantener “mecanismos de vigilancia permanente”.

    Los cigarrillos son uno de los productos que más circulan en el comercio ilícito, junto con pasta dental, licores, aceites comestibles y pollos vivos. En 2022, la tabacalera British American Tobacco señaló que el 37 % de los cigarrillos que se consumen ingresan a El Salvador de manera ilegal y que el fisco salvadoreño pierde cerca de $25 millones anuales en tributos.

  • Gremiales empresariales aseguran que quincena 25 será un dinamizador de la economía nacional

    Gremiales empresariales aseguran que quincena 25 será un dinamizador de la economía nacional

    Los empresarios, productores y exportadores salvadoreños respaldaron este 15 de enero la implementación de la quincena 25 y aseguraron que se convertirá en un dinamizador de la economía nacional.

    En su comunicado, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), junto con la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex), la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) y la Asociación Azucarera de El Salvador, aseguraron que la remuneración extra fortalecerá el poder adquisitivo de las familias.

    Las gremiales destacaron el enfoque “gradual y flexible” de la implementación de la medida, apegada a las realidades operativas, administrativas y financieras de las empresas en el país.

    “Reconocemos la importancia del razonamiento expuesto por el gobierno y confiamos en que la aplicación de esta normativa puede convertirse en un favor dinamizador de la economía nacional”, indicaron las cinco gremiales en su comunicado.

    Los empresarios reiteraron que la quincena 25 también contribuirá a la estabilidad económica del país.

    La medida fue aprobada este 14 de enero en la Asamblea Legislativa, luego de que el gobierno de Nayib Bukele entregara la propuesta de ley y anticipara que todo trabajador formal —que devengue $1,500 mensuales o menos— recibirá un 50 % de su salario entre el 15 y 25 de enero.

    Según la normativa, su aplicación es obligatoria para el sector público desde 2026, pero el próximo año se deberán sumar las empresas privadas a la medida.

    El gobierno indicó que las empresas que se sumen de forma voluntaria este año recibirán una exención de un 100 % del Impuesto sobre la Renta (ISR) para el ejercicio del año fiscal 2026.

     

    Margen

    Las gremiales empresariales dijeron que postergar la obligatoriedad hasta el 2027 brinda un margen “razonable” para análisis, evaluación y adopción por parte del sector productivo.

    En su comunicado, los empresarios agradecieron a los negocios que se sumen este año al pago de la quincena 25.

    Además, reafirmaron su compromiso por continuar trabajando para que en el país se impulse un entorno moderno, responsable a nivel social y competitivo.

    El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) recordó este jueves que entre 900,000 y 960,000 personas serán beneficiadas con la quincena extra, más de un 90 % de la masa laboral formal.

     

  • Instalan juicio repetido en caso Santa Marta y juramentan primeros testigos

    Instalan juicio repetido en caso Santa Marta y juramentan primeros testigos

    El Juzgado de Sentencia de San Vicente instaló este martes la repetición del juicio en contra de ocho personas de la comunidad de Santa Marta, en Cabañas por el asesinato de una persona durante el conflicto armado.

    La apertura del juicio se realizó pese a la incomparecencia de los acusados, a quienes ahora se les procesa en ausencia.

    En la diligencia se presentaron los alegatos iniciales y la juramentación de los primeros cuatro testigos de la representación fiscal y defensa, quienes brindarán su testimonio sobre los hechos señalados. Entre los testigos figuran dos hijos de la víctima.

    Posteriormente, se pretende la juramentación de un testigo con régimen de protección y el exmagistrado Eugenio Chicas, quién está bajo detención por presunto enriquecimiento ilícito.

    La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y

    El juicio repetido se desarrolla en el edificio de segunda instancia de San Salvador. Dania Quehl

    de asesinar a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de la Resistencia Nacional.

    Por este hecho, la representación fiscal los procesa de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas.

    En la primera parte del juicio, la FGR solicitó que se incorporé el delito de privación de libertad, ya que alegan que la víctima fue sacada a la fuerza de su vivienda hasta ser llevada a un campamento donde fue torturada y asesinada 15 días después.

    Por otra parte, la defensa solicitó que el exmagistrado Eugenio Chicas, quien figura como testigo de la defensa, acuda al juicio de forma presencial. Sin embargo, la declaración será de forma virtual debido a que la Dirección General de Centros Penales indicó que Chicas ahora está procesado por un delito de crimen organizado.

    Ante ello, el exfuncionario no será trasladado al juicio, por lo que brindará su testimonio de forma virtual.

    El abogado de la defensa, Pedro Cruz, señaló que en el desarrollo de la audiencia se demostrará que los acusados no estaban en el lugar de los hechos, por lo que no pudieron haber sido responsables del delito.

    “Vamos a probar que las personas acusadas en las fechas que ocurrieron los hechos estaban en otro lado, lejos de donde ocurrieron los hechos y por lo tanto no pudieron haber participado”.
    Pedro Cruz, abogado defensor.

    La defensa alegó que los acusados estaban en el departamento de Chalatenango y el cerro de Guazapa al momento del supuesto delito, como parte de la preparación de la ofensiva militar, motivo por el que no estuvieron en el cantón de Santa Marta cuando presuntamente cometieron el asesinato.

    Además, sostienen que existe un documento donde se comprueba que la víctima falleció el 22 de agosto de 1987, dos años antes del que planteó el Ministerio Público Fiscal en su acusación, y que la víctima era combatiente de la guerrilla.

    “Hay documentos que prueban que la señora víctima falleció dos años antes y eso es bien importante para la tesis de la defensa”, agregó el abogado.

    El juicio de Santa Marta seguirá este miércoles en el edificio de Cámaras. Dania Quehl

    Primer juicio

    En octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.

    Las organizaciones sostienen que la repetición del juicio se trata de una “nueva fase de persecución” en contra los ambientalistas de Santa Marta.

    “Ahora se ha instalado y vemos positivo, sin embargo estamos a la expectativa que con los matices políticos que este caso tiene vaya a ver un fallo desfavorable”, expresó Alfredo Leiva, vocero de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta.

    A la vista pública se hicieron presentes miembros de la organización en apoyo de los procesados, así como observadores internacionales y representantes de embajadas acreditadas en el país que estuvieron en la sala de audiencia.

    El juicio se realiza en el Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador, luego de haber sido suspendida en cinco ocasiones por la inasistencia de los imputados y el cambio de uno de los jueces.