Un total de 153 organizaciones religiosas de 25 países firmaron una carta pública en la que respaldan a líderes e instituciones que demandan la restitución de la prohibición de la minería metálica en El Salvador, derogada recientemente por la Asamblea Legislativa.
El pronunciamiento fue divulgado por el Instituto de Estudios Políticos, y sostiene que la actividad minera representa un riesgo para el acceso al agua potable, al que consideran un derecho concedido por Dios. “Oramos por el pueblo salvadoreño y su gobierno, para que protejan el don sagrado de la creación, defiendan los derechos humanos y garanticen agua potable a todas las familias, ahora y para las generaciones venideras”, indicaron.
Las entidades religiosas manifestaron su solidaridad con líderes sociales y religiosos que, afirman, han sido “perseguidos y encarcelados” por oponerse a proyectos mineros que podrían generar “devastación” en las comunidades. Reiteraron que la minería metálica utiliza sustancias como arsénico y cianuro que representan “graves amenazas” para las cuencas hidrográficas del país.
Según la carta, la prohibición de la minería metálica fue aprobada en 2017 tras un estudio técnico encargado por una comisión en 2010, en la que expertos advertían sobre los impactos negativos de esa industria. Por eso, las organizaciones consideran que “las razones que motivaron su prohibición siguen vigentes”.
Además, citaron una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), publicada en 2024, que reveló que 3 de cada 5 salvadoreños consideran que El Salvador no es un país apto para actividades mineras.
Las organizaciones religiosas también criticaron la reciente aprobación de la Ley General de Minería Metálica, que sustituyó la normativa anterior y abrió las puertas a la explotación minera. Como prueba del rechazo popular, recordaron que la Iglesia Católica entregó a la Asamblea Legislativa al menos 150,000 firmas de fieles solicitando no avalar la nueva legislación.
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En ese sentido, las organizaciones aseguran que buscan ampliar el «llamamiento» de autoridades eclesiásticas, feligreses y ciudadanos para que se termine con «la persecución y criminalización» de quienes «defienden el derecho al agua».
En noviembre, durante la Asamblea Ordinaria del Secretariado Episcopal de América Central (Sedac), los obispos de la región también reiteraron su preocupación por la expansión de proyectos mineros y la criminalización de ambientalistas en Centroamérica.
