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  • Acusados de intentar asesinar a Cristina Fernández son condenados a 10 y 8 años de prisión

    Acusados de intentar asesinar a Cristina Fernández son condenados a 10 y 8 años de prisión

    Los acusados por intentar asesinar a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) el 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel y su entonces pareja, Brenda Uliarte, fueron condenados este miércoles a diez y ocho años de prisión, respectivamente.

    Sabag Montiel, de 37 años, fue condenado a diez años de prisión por considerarlo «autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado tentativa, y con concurso ideal con el delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal», según expresó la jueza Sabrina Namer, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, compuesto también por los magistrados Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.

    Uliarte, acusada por haber prestado colaboración a quien entonces fuera su pareja, fue condenada a ocho años de prisión por considerarla «partícipe necesaria penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado tentativa».

    Nicolás Carrizo, considerado inicialmente como el presunto líder del grupo y liberado de su prisión preventiva en agosto de 2024 por falta de pruebas, fue absuelto por el tribunal.

    Sabag Montiel activó aquel día el gatillo de un arma cargada y apta para el disparo a escasos centímetros del rostro de Fernández, sin que el disparo se efectuara por una falla mecánica.

    Tras haber admitido en la audiencia inicial del juicio, el 26 de junio de 2024, que «quería matar a Cristina», el principal acusado denunció este miércoles en su declaración final que la causa en su contra «estuvo armada».

    Uliarte, por su parte, decidió no hablar ante el tribunal y Carrizo criticó la demora de la Justicia: «Los tres años que pasé preso nadie me los va a devolver», expresó.

    La Fiscalía había solicitado 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte, mientras los abogados de Fernández habían solicitado 15 años para cada uno.

    El intento de asesinado ocurrió frente al domicilio de la entonces vicepresidenta en Buenos Aires, mientras simpatizantes le expresaban su apoyo durante un juicio por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.

    En esa causa, Fernández fue finalmente condenada en junio de este año a seis años de prisión -que cumple en su domicilio- e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    Tampoco acudió la exmandataria, quien decidió no solicitar a la Justicia el permiso pertinente para asistir a la audiencia.

    Los diez años de condena para Sabag Montiel se suman a una pena a cuatro años y tres meses de prisión que cursa desde mayo de este año por tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores de 13 años.

  • La Justicia argentina confirma el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género

    La Justicia argentina confirma el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género

    La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó este lunes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) en relación con una causa de violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yañez.

    Además, se aceptó la solicitud de la defensa de Fernández para apartar al juez del caso, Julián Ercolini, a fin de «alejar cualquier temor de parcialidad» por parte de los involucrados, y se designará un nuevo magistrado.

    El tribunal, compuesto por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, decidió por unanimidad rechazar los argumentos de la defensa que pretendían desestimar la decisión inicial de procesar a Fernández, quien enfrenta acusaciones de lesiones leves y agravadas por violencia de género, así como amenazas coactivas en concurso real.

    El fiscal federal Ramiro González solicitó el 14 de agosto que Fernández fuera juzgado en un juicio oral y público.

    Yañez, de 43 años, presentó la denuncia contra Fernández en 2024, después de que una investigación sobre supuesta corrupción relacionada con el expresidente revelara en el teléfono de su secretaria conversaciones e imágenes que podrían indicar “lesiones leves en el contexto de violencia de género”. 

    Tras una exhaustiva investigación, que incluyó testimonios de Yañez y más de diez testigos, el juez Ercolini acusó formalmente a Fernández como responsable penal de «lesiones leves, agravadas por ser cometidas en un contexto de violencia de género contra su pareja, en dos ocasiones».

    Las pruebas examinadas en el caso incluyen historias clínicas, documentos médicos, videos, llamadas telefónicas y mensajes de texto, así como los testimonios de la denunciante y otros testigos. 

     

     

  • Fiscalía argentina pide que Alberto Fernández vaya a juicio oral en la causa por violencia machista

    Fiscalía argentina pide que Alberto Fernández vaya a juicio oral en la causa por violencia machista

    El fiscal federal Ramiro González solicitó este jueves que el expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) sea juzgado en un juicio oral y público en la causa por violencia de género contra su expareja y ex primera dama Fabiola Yáñez.

    En un dictamen presentado ante el juez federal Julián Ercolini, el fiscal consideró cerrada la etapa de instrucción, resaltó que no existen más pruebas que producir en esta instancia y presentó su requerimiento de elevación a juicio, acusando a Fernández de los delitos de lesiones graves, doblemente agravadas; lesiones leves, también doblemente agravadas, y amenazas coactivas.

    De ser hallado culpable de estos delitos, el exmandatario podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.

    «El fiscal federal Ramiro González solicitó hoy que el expresidente Alberto Fernández vaya a juicio oral por las lesiones físicas y psíquicas que el año pasado denunció Fabiola Yáñez. También, sostuvo la imputación sobre las amenazas que sufrió la ex primera dama para que no hiciera públicos esos hechos ni los denunciara ante el juez Julián Ercolini», explicó un documento difundido por la Fiscalía.

    El texto destacó la acusación del fiscal contra Fernández por haber ejercido «de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad».

    Estos actos, añadió, se dieron en el marco de una relación asimétrica de poder y se produjeron «por lo menos desde el año 2016 hasta que la víctima pudo denunciar lo sucedido», en agosto de 2024.

    Por otra parte, el fiscal subrayó que el expresidente coaccionó a su entonces pareja para que no lo denunciara, mediante amenazas «realizadas en un contexto de violencia que aún perduraba y que incluían menciones al sostenimiento económico de Yáñez en Madrid y ponían en cuestión la tenencia del hijo en común de la pareja».

    «En el escrito, la Fiscalía analizó las pruebas disponibles y dijo que se trataba de un caso de derechos humanos de las mujeres y remarcó que no iba a consentir prejuicios o estereotipos que pusieran el foco sobre la víctima como una forma de desviar la investigación de las responsabilidades del agresor», detalló el documento.

    Entre las pruebas analizadas, provistas tanto por Fernández como por Yáñez, se incluyen historias clínicas, documentos médicos, videos, llamadas telefónicas y mensajes de texto, así como la declaración de la denunciante y de una extensa lista de testigos.

    Ante el pedido de la Fiscalía, la defensa del expresidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira, dispone de seis días para responder, antes de que el juez decida si remite el expediente a un Tribunal Oral Federal.