El estado de excepción en Honduras expiró este lunes, tras más de dos años de aplicación, en la antesala de la toma de posesión del nuevo Gobierno conservador encabezado por Nasry ‘Tito’ Asfura, quien ha manifestado su rechazo a mantener medidas extraordinarias de manera prolongada.
La suspensión de garantías constitucionales, implementada por el Gobierno saliente de Xiomara Castro, fue defendida por las autoridades como un instrumento clave para reducir la violencia, especialmente los homicidios, aunque políticos y organizaciones civiles aseguran que no logró frenar la extorsión ni prevenir abusos.
Asfura ha reiterado que el país «no puede seguir bajo estados de excepción permanentes» y ha propuesto enfrentar la inseguridad mediante el fortalecimiento de las instituciones y la generación de empleo.
Desde la oposición, el diputado Carlos Umaña calificó la medida como un «fracaso» y afirmó que la restricción, aplicada en 226 de los 298 municipios, «no fue correcta» y dejó «muchas violaciones de derechos humanos».
«El estado de excepción no fue nada agradable, fracasó, (…) y no se logró el objetivo primordial, que era el control de la inseguridad», subrayó Umaña, diputado del Partido Liberal, primera fuerza opositora en el Congreso con 41 legisladores.
En contraste, autoridades de seguridad del oficialismo destacan que el estado de excepción formó parte de un paquete de acciones que incluyó el Plan Solución contra el Crimen, al que atribuyen la reducción de la tasa de homicidios de 43 por cada 100,000 habitantes en 2022, a 23 en 2025, un resultado que califican como histórico.
No obstante, Umaña insistió en que delitos como la extorsión, principal razón para decretar la medida, «no disminuyó, sino que aumentó».
En Honduras, bandas criminales y pandillas imponen el llamado ‘impuesto de guerra’ a negocios y servicios de transporte, incluyendo autobuses urbanos, interurbanos y taxis. Cuando las víctimas se resisten a pagar, suelen ser asesinadas.
De acuerdo con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo local de Transparencia Internacional, más de 384,000 hogares hondureños son víctimas de extorsión, un delito que genera millones de dólares a las estructuras criminales.
El diputado advirtió que el fin del estado de excepción podría abrir paso a demandas contra el Estado por presuntas violaciones a derechos humanos, un riesgo que ya había sido señalado por organismos nacionales e internacionales.
