El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes en España concluyó este martes, dejando a más de un millón de personas a la espera de que sus expedientes sean resueltos. Sin embargo, quienes iniciaron el proceso denuncian dificultades para avanzar con el siguiente paso, marcado por la escasez de citas, el cobro ilegal por trámites gratuitos y el riesgo constante de caer en estafas.
Uno de ellos es Ernesto, un ciudadano paraguayo que reside en Cataluña desde hace dos años y medio. Para él, obtener la residencia legal representa mucho más que un documento.
«Sería como quitarme una mochila enorme de ansiedad», expresó al describir la incertidumbre que ha vivido durante el proceso.
Tras presentar su solicitud, ahora espera conseguir una cita para el registro de huellas dactilares ante la Policía Nacional. Aunque este procedimiento es gratuito, la alta demanda ha provocado la aparición de personas que cobran entre 50 y 250 euros (entre $57 y $285) por obtener un turno.
«No hay forma, es pagar o no tener tu cita, no hay forma de conseguirlo», lamentó.
Ernesto aseguró que la regularización también le permitiría acceder a mejores oportunidades laborales y dejar atrás la precariedad que ha enfrentado por trabajar sin documentación.
«Y en segundo lugar, poder volver», dijo al recordar a su familia en Paraguay, país que abandonó tras ser diagnosticado con VIH y enfrentar dificultades para recibir tratamiento médico.
El abogado especializado en extranjería Hamza Al Llabili explicó que el proceso ha generado una carga de trabajo sin precedentes para los despachos que asesoran a migrantes. Según indicó, el principal problema es que el sistema de citas «está colapsado», situación que incrementa la ansiedad de los solicitantes y favorece que algunos recurran a intermediarios que lucran con su necesidad.
El jurista agregó que los inmigrantes deben asumir todos los costos administrativos del proceso, además de las tasas oficiales, y señaló que la mayoría de quienes buscan regularizarse son jóvenes en edad laboral y familias, principalmente procedentes de países de América Latina que ya tienen arraigo en España.
Frente a estas dificultades también han surgido iniciativas ciudadanas para orientar gratuitamente a los migrantes. Una de ellas es Alianza por el Bienestar Común (ABC) España, organización creada por el politólogo venezolano Javier De Atencio, quien decidió impulsar este proyecto después de experimentar personalmente las complicaciones del sistema migratorio español.
Actualmente, la organización reúne a cientos de inmigrantes y decenas de voluntarios que brindan asesoría sobre trámites de extranjería, búsqueda de empleo y vivienda en español e inglés.
«El propósito es ayudar a personas que vienen con limitaciones económicas, que vienen de hacer sacrificios extraordinarios primero para poder llegar a España y luego para sobrevivir», afirmó De Atencio, quien espera convertir la iniciativa en una organización no gubernamental.