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Etiqueta: Amnistía Internacional

  • Amnistía Internacional denuncia que EEUU violó derechos humanos en operaciones migratorias

    Amnistía Internacional denuncia que EEUU violó derechos humanos en operaciones migratorias

    Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que el Gobierno de Estados Unidos cometió violaciones de derechos humanos durante operaciones federales de control migratorio desarrolladas en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis entre 2025 y 2026.

    La organización llegó a estas conclusiones después de investigar las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras instituciones federales. Para su investigación realizó 154 entrevistas y analizó más de 30 pruebas audiovisuales.

    Los hallazgos aparecen en un informe de 130 páginas titulado «Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE». AI señala discriminación racial, detenciones y arrestos discriminatorios y arbitrarios, hostigamiento, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza, incluida fuerza letal.

    La organización también denunció «represión de protestas pacíficas, uso ilegítimo de fuerza de letalidad reducida, vigilancia ilícita, condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, detención ilícita en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada».

    Posibles ejecuciones extrajudiciales
    Según AI, el sistema de detención y deportación masiva del Gobierno de Donald Trump está impulsado por «discursos falsos, xenófobos y racistas» y «teorías de supremacía blanca». La organización sostiene que las operaciones analizadas estuvieron acompañadas de hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de agentes federales.

    El informe menciona como ejemplos de uso ilegítimo de fuerza letal los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González, en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti, en Mineápolis; y Philip Brown y Justin Bryant Nelson, en Washington DC. «Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales», señala el documento.

    Amnistía pide desmantelar el ICE

    En relación con las detenciones, AI asegura haber identificado un «patrón generalizado» de uso indebido de oficinas de campo, centros de procesamiento y edificios de organismos oficiales para mantener a personas detenidas durante períodos prolongados, algunas en «condiciones inhumanas» y bajo «coacción», situaciones que, según la organización, pueden constituir «tortura».

    AI también documentó casos en los que detenidos no tuvieron acceso a asistencia jurídica ni contacto con sus familiares, mientras que abogados enfrentaron obstáculos para comunicarse con ellos. En algunas ocasiones, según el informe, el ICE se negó a confirmar si determinadas personas estaban bajo su custodia o a informar sobre su paradero, lo que la organización describe como «detención en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada».

    Amnistía considera que las vulneraciones documentadas no responden únicamente a actuaciones individuales de los agentes, problemas de formación o falta de supervisión, sino a un entorno institucional «apoyado abiertamente y ampliado por el gobierno de Trump». Por ello, sostiene que la «magnitud, la persistencia y el carácter estructural de estas deficiencias institucionales no pueden abordarse de manera adecuada mediante reajustes específicos» y considera «necesario» el «fundamental desmantelamiento» del ICE. La organización agregó que los operativos generaron temor entre comunidades migrantes y afectaron la normalidad en escuelas, centros de salud, templos, lugares de trabajo y vecindarios.

  • La «impunidad» en Venezuela continúa a pesar del arresto de Nicolás Maduro, denuncia Amnistía Internacional

    La «impunidad» en Venezuela continúa a pesar del arresto de Nicolás Maduro, denuncia Amnistía Internacional

    Amnistía Internacional denunció que las políticas de represión continúan en Venezuela pese a la captura del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en enero de este año, y advirtió que algunos señalados como responsables de violaciones de Derechos Humanos incluso fueron ascendidos dentro de las estructuras de poder.

    La representante de Amnistía Internacional para Venezuela, Clara del Campo, señaló en una entrevista con Europa Press que se han producido algunos “alivios”, entre ellos una mayor flexibilidad para los medios de comunicación y liberaciones mediante la ley de amnistía.

    Sin embargo, sostuvo que persisten las detenciones por razones políticas, las torturas y “la criminalización de miles de personas”.

    “El velo de impunidad no se ha tocado ni un poco”, advirtió.

    Del Campo afirmó que cientos de venezolanos continúan bajo arrestos arbitrarios por motivos políticos y cuestionó la falta de información oficial sobre estas personas. “No hay un registro de personas en custodia del Estado, en qué condiciones están, en qué centros de reclusión, bajo qué procesos penales (…) Hay un nivel de opacidad total”, dijo. La representante agregó que resulta difícil verificar la cantidad de afectados y destacó “la labor titánica” de organizaciones de la sociedad civil que intentan mantener registros.

    Cuestionan aplicación de ley de amnistía

    La Asamblea Nacional de Venezuela promulgó en febrero una ley de amnistía que, según datos oficiales, benefició a más de 8,000 personas, entre encarceladas y personas que estaban en libertad bajo medidas cautelares. Organizaciones de Derechos Humanos y sectores de la oposición sostienen que la mayoría corresponde al segundo grupo y que cientos todavía permanecen en prisión.

    Del Campo afirmó que Amnistía celebrará cualquier liberación o cierre de procesos, aunque aseguró que observan “un uso bastante arbitrario y discrecional de esa ley (…), que ha sido la marca del Gobierno durante tantos años”.

    La representante también denunció “opacidad” y “falta de transparencia” en estos procedimientos y aseguró que existen personas liberadas cuyos expedientes continúan abiertos.

    “La gente sigue sometida a medidas cautelares que igualmente restringen su derecho de libertad, incluso a la integridad, y enfrentan una amenaza y un temor constantes de que en cualquier momento les vuelven a detener”, explicó Del Campo, quien mencionó el caso del exalcalde Javier Oropeza, que regresó al país después de dos años de exilio creyendo que su causa había sido sobreseída.

    Delcy Rodríguez ante Naciones Unidas

    Del Campo también se refirió a la intervención prevista este miércoles de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, durante la apertura de su 81 edición en Nueva York.

    “Esperamos que por lo menos la comunidad internacional lo escuche con oídos críticos y haga una verificación y constatación detallada y minuciosa de las declaraciones que haga, porque lo más probable es que estén plagadas o de imprecisiones o abiertamente mentiras”, expuso.

    La representante consideró que algunos de los cambios adoptados por las autoridades venezolanas responden principalmente a la presión internacional y a la divulgación de información sobre la situación del país.

    “Creemos que la presión internacional influye mucho, la cantidad de información que se ha ido haciendo pública de forma exhaustiva, rigurosa y contrastable, sobre todo a través de la ONU, pero a través de la sociedad civil, permite dejar testigo al mundo de lo que pasa y da herramientas a actores, terceros estados, mecanismos multilaterales, Naciones Unidas, para exigir cambios muy concretos”, dijo.

    Sobre una eventual celebración de elecciones libres, Del Campo sostuvo que serían necesarios cambios más profundos en las estructuras del Estado y mencionó aspectos como la libertad de expresión y prensa, la participación en asuntos públicos, la libertad de asociación y reunión pacífica, la separación de poderes y la independencia del sistema judicial.

    “Quienes sostienen el poder del Gobierno venezolano y del Estado venezolano son las autoridades venezolanas y no deberíamos restarles ese poder y bajar el nivel de exigencia de lo que ellos pueden y deben hacer”, remarcó. Finalmente, destacó que parte de la sociedad venezolana continúa reclamando cambios: “No hemos visto a gente bajar las manos (…) la gente venezolana sigue exigiendo sus derechos contra viento y marea y con un nivel de resiliencia que nos genera mucha admiración”.

     

  • Amnistía Internacional denuncia “ciclos de impunidad” contra garífunas hondureños

    Amnistía Internacional denuncia “ciclos de impunidad” contra garífunas hondureños

    La directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, denunció el sábado que en Honduras «hay ciclos de impunidad» contra «personas defensoras de los derechos humanos de tierra-territorio que han sufrido de extrema violencia y de gravísimas violaciones a los derechos humanos».

    Guevara sostuvo que esas vulneraciones ocurren «ante un Estado pasivo, negligente, que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con cuatro sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), que ya ha reconocido desde el 2015 los derechos ancestrales que tiene el pueblo garífuna (negros) sobre su territorio».

    La CorteIDH mantiene casos de comunidades garífunas hondureñas en etapa de supervisión de cumplimiento.

    La representante de AI llegó el jueves a Tegucigalpa como parte de una delegación integrada por 35 organizaciones que respaldan el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, instalado desde hace más de un mes frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir el cumplimiento de las resoluciones internacionales.

    Guevara afirmó que las comunidades «se siguen enfrentando a violaciones a los derechos humanos, al despojo de sus territorios, a la criminalización, al uso indebido del sistema de justicia para callar sus voces, a la desaparición forzada y, lamentablemente, como muchos otros defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, a las amenazas contra su vida».

    Amnistía Internacional informó este mes que cinco integrantes de OFRANEH enfrentan procedimientos penales por usurpación agravada y reclama que cese su criminalización.

    La activista cuestionó además al Gobierno del presidente Nasry Asfura al considerar que, en lugar de establecer una ruta para ejecutar las sentencias de la CorteIDH, adoptó legislación que, según su valoración, favorece intereses económicos por encima de los derechos de las comunidades.

    La CorteIDH resolvió en 2026 otro caso sobre la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, en el que declaró responsable internacionalmente a Honduras por distintas violaciones de derechos.

    «Así es que nuestro llamado es enérgico, primero a que se pare la criminalización contra cinco personas defensoras de OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) del pueblo garífuna que enfrenta el uso individual del sistema de justicia, simplemente por demandar sus derechos. Estamos demandando que se quiten esos cargos precisamente para que se genere un espacio de diálogo y una ruta para la ejecución de estas sentencias de la Corte Interamericana», expresó Guevara.

    La representante de AI lamentó que las máximas autoridades hondureñas no recibieran a la delegación, aunque indicó que sí sostuvieron un encuentro con tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

    Según Guevara, «hubo un reconocimiento general de que efectivamente el Estado ha fracasado, ha fallado en la ejecución de estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». La CorteIDH registra como pendientes de cumplimiento resoluciones vinculadas con comunidades garífunas del país.

    Guevara recordó que las resoluciones internacionales son de obligatorio cumplimiento para Honduras por formar parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estar sometido a la jurisdicción de la CorteIDH. Según su relato, los magistrados reconocieron que «no se ha hecho ningún esfuerzo» respecto a los reclamos de las comunidades, aunque «no reconocen el propio fracaso del sistema judicial, sino más bien culpan al Poder Ejecutivo de no haber ejecutado ya estas sentencias».

     

  • Abogado afirma que reportes del GIPES y Amnistía Internacional fortalecen base para acciones ante la Corte Penal Internacional

    Abogado afirma que reportes del GIPES y Amnistía Internacional fortalecen base para acciones ante la Corte Penal Internacional

    El abogado Daniel Olmedo sostiene en un análisis de los informes del Grupo de expertas y expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en el marco del estado de excepción en El Salvador (GIPES) y de Amnistía Internacional que ambos reportes no son contradictorios y, por tanto, “fortalecen la base para acciones ante la Corte Penal Internacional”.

    En el análisis “Dos caminos, una conclusión. GIPES y Amnistía Internacional frente a los crímenes de lesa humanidad en El Salvador”, publicado el 23 de julio, Olmedo compara el informe del GIPES presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2026 y el de Amnistía Internacional publicado en julio de 2026.

    Ambos, dice, ven una posible comisión de delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción en El Salvador, pero con diferente población afectada: GIPES identifica grupos de pandillas y personas percibidas como pandilleros, además de opositores y personas recibidas como tales; y Amnistí Internacional se enfoca en personas de comunidades empobrecidas y estigmatizadas identificadas por zonas o apariencia física.

    El abogado aseguró en su análisis de acciones ante la CPI o mediante los mecanismos de jurisdicción universal, que pueden ser ejercicios por los Estados.

    Ambos señalan diferentes hechos que posiblemente se han cometido y que coinciden en encarcelación, tortura y desapariciones forzadas; además de otros actos inhumanos, uno menciona la desnudez forzada, falta de atención médica a embarazadas y obligación de presenciar actos de agresión a otros reos; y otro imposición de condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana.

    También son mencionados el asesinato y la violación sexual pero únicamente por el reporte del GIPES.

    El Salvador se adhirió al Estatuto de Roma el 3 de marzo de 2016. El Estatuto de Roma dio paso a la fundación de la Corte Penal Internacional para juzgar a personas responsables de cuatro categorías de crímenes: genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, definiendo el de lesa humanidad cuando es un ataque sistemático contra una población civil.

    Según Olmedo, un elemento para que se cometa el crimen de lesa humanidad “es que el o los ataques que lo conforman se dirijan contra una población civil”.

    En marzo de 2026, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en El Salvador haya una persecución a los defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas.

    En esa ocasión, el procurador general de la República, René Escobar Álvarez, aseguró que «el Estado rechaza cualquier intento de atribuirle una política o práctica orientada a la comisión, tolerancia o promisión de actos como desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias«.

    En la misma audiencia, el GIPES sostuvo que hay «base razonable» que indican la posible perpetración de delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción.

    El informe del GIPES fue rechazado y criticado por el gobierno salvadoreño. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló en ese entonces a «todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada» e insistió en que el Estado «prioriza» los derechos humanos de la «gente honrada» y «trabajadora» y acusó a «estos organismos supuestamente de derechos humanos que más parecen un bufete de los delincuentes».

  • ACNUR pide que se respete el derecho al asilo en las deportaciones de EEUU a otros países

    ACNUR pide que se respete el derecho al asilo en las deportaciones de EEUU a otros países

    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió este lunes que los acuerdos de deportación y traslado de migrantes impulsados por Estados Unidos respeten el derecho al asilo y las normas internacionales de protección a refugiados.

    El jefe de la agencia, Barham Salih, afirmó que cualquier mecanismo de traslado debe garantizar el acceso a procedimientos de asilo, así como el respeto al principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución, violencia o daños graves.

    «Los acuerdos de traslado deben garantizar el acceso al asilo, respetar las garantías procesales y el principio de no devolución, lo que significa que ninguna persona que necesite protección internacional debe ser devuelta a ningún lugar donde corra el riesgo de sufrir daños», indicó Salih durante una conferencia de prensa virtual.

    El alto funcionario añadió que «Los traslados solo pueden ser legales si cuentan con garantías solidas y respetan el principio de reparto de responsabilidades y no devolución».

    Salih señaló que ACNUR no participó en la negociación de los acuerdos suscritos entre Estados Unidos y varios países africanos. Sin embargo, aseguró que la organización está dispuesta a colaborar para garantizar que cualquier medida relacionada con refugiados y solicitantes de asilo cumpla con el derecho internacional.

    La reactivación de los vuelos de deportación hacia terceros países fue posible luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizara en junio de 2025 al gobierno del presidente Donald Trump a continuar con estas expulsiones, consideradas una de las principales medidas de su política migratoria.

    Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la práctica. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron que muchas personas deportadas carecen de asistencia jurídica adecuada y, en algunos casos, son recluidas en centros penitenciarios de máxima seguridad sin enfrentar cargos formales.

    Las organizaciones también pidieron a los gobiernos africanos rechazar acuerdos migratorios con Estados Unidos, argumentando que estos exponen a los deportados a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y posibles devoluciones forzadas a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

    Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha promovido una política de expulsiones aceleradas y ha firmado acuerdos con países como República Democrática del Congo, El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y Sierra Leona para recibir migrantes deportados.

  • Colombia y Venezuela son los dos países más peligrosos del mundo para defender los DD.HH.

    Colombia y Venezuela son los dos países más peligrosos del mundo para defender los DD.HH.

    Colombia y Venezuela se consolidan como los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos, según un informe presentado este martes por Amnistía Internacional en Bogotá.

    El organismo advirtió que en Colombia la violencia está marcada por el conflicto armado, mientras que en Venezuela persiste un patrón de represión estatal que limita gravemente las libertades civiles.

    “Colombia y Venezuela son países de especial preocupación: son los dos países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Colombia sigue sumida en una crisis de violencia causada en gran parte por el conflicto armado, mientras que en Venezuela persiste un patrón de represión estatal que restringe gravemente el espacio cívico”, señaló la organización.

    Amnistía Internacional expresó inquietud por la política de ‘paz total’ impulsada por el presidente Gustavo Petro, al considerar que las garantías para las víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y no repetición aún no están claras.

    Esta estrategia busca acuerdos o sometimientos a la justicia de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, principales actores del conflicto.

    El informe destaca que una quinta parte de la población colombiana, más de nueve millones de personas, es víctima del conflicto armado, con miles de nuevos afectados en 2025, principalmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.

    Además, el programa Somos Defensores registró 165 asesinatos de líderes sociales en 2025, el nivel más alto de violencia letal contra defensores de derechos humanos durante el actual gobierno.

    En el caso de Venezuela, la directora de Amnistía Internacional en ese país, Nastassja Rojas, denunció la existencia de un sistema estructurado de violaciones a derechos humanos.

    “En el caso de Venezuela, se habla de los cuerpos de seguridad, del sistema judicial, del Ministerio Público y de un paquete de leyes restrictivas que silencian y castigan la disidencia”, afirmó.

    El informe documenta que en 2025 hubo 806 detenciones arbitrarias, con más de 400 personas aún privadas de libertad, además de 63 casos de desapariciones forzadas.

    La organización también denunció ataques a periodistas, detenciones de manifestantes y persecución a activistas, lo que genera un impacto generalizado en la sociedad.

    Uno de los casos señalados es el del defensor Yendri Velásquez, quien tras huir de Venezuela fue atacado a tiros en Bogotá, evidenciando la falta de protección para quienes defienden los derechos humanos.

  • Amnistía Internacional expresa “profunda preocupación” por violencia en México tras muerte del Mencho

    Amnistía Internacional expresa “profunda preocupación” por violencia en México tras muerte del Mencho

    Amnistía Internacional (AI) expresó este lunes su “profunda preocupación” por la escalada de violencia que vive México derivada de la muerte de El Mencho, líder de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal.

    “Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la escalada de violencia en distintos puntos del país, que ha generado graves riesgos para la población civil”, señaló la organización en un breve pronunciamiento en redes sociales.

    El domingo, México vivió una jornada violenta que derivó en bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos, lo que obligó a activar un esquema extraordinario de seguridad con participación de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y autoridades estatales, particularmente en Jalisco y entidades aledañas.

    Los hechos violentos llevaron también a cancelar vuelos, especialmente en Jalisco, además de que en al menos 16 estados se reportaron bloqueos y disturbios, incluyendo también a Puebla, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

    Al respecto, AI recordó que estos hechos ocurren en un contexto donde personas defensoras de derechos humanos, periodistas y mujeres buscadoras enfrentan niveles alarmantes de agresiones, desapariciones y asesinatos.

    Por ello, reiteró el llamado a autoridades federales y locales “para garantizar de manera inmediata y efectiva la vida, integridad y seguridad de todas las personas, con especial atención a quienes defienden derechos y ejercen la libertad de prensa”.

    Indicó que las respuestas deben basarse en derechos humanos, así como en evitar daños a la población civil, asegurar rendición de cuentas y atender las causas estructurales de la violencia.

    “Proteger a quienes defienden derechos no es opcional: es una obligación del Estado para salvaguardar la vida, el Estado de derecho y el espacio cívico en México”, enfatizó.

    Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Alias El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

    Washington lo acusaba de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

  • Las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias creen «lamentable» el archivo de la Fiscalía española

    Las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias creen «lamentable» el archivo de la Fiscalía española

    Las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al artista por acoso y agresión sexual, consideran «lamentable» la decisión de la Fiscalía española de archivar la investigación y anuncian que las dos mujeres «seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles».

    Ambas organizaciones publicaron este viernes un comunicado en el que critican la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar la investigación abierta a raíz de una denuncia de dos exempleadas contra el cantante por presunto acoso y agresión sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamas, ante la «falta de jurisdicción» y competencia de los tribunales españoles.

    El ministerio público dictó un decreto, conocido este viernes, en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, presentada por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

    Para las organizaciones que respaldan a las denunciantes, la decisión de la Fiscalía es «lamentable» porque «pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia».

    Opinan que «no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante los órganos judiciales pertinentes».

    «La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias», añade el comunicado.

    Women’s Link y Amnistía Internacional subrayan que el Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul «obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio».

    Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

    Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link, y señalaron que lo hacían para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo.

    Rebeca y Laura seguirán luchando por justicia

    Según Women’s Link y Amnistía Internacional, «Rebeca y Laura seguirán luchando por justicia» y «no aceptarán un tecnicismo legal para que su denuncia no sea investigada».

    Así, exigen a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que «considere toda la información y evidencia presentada», ya que hay tres escritos a los que no contestó, y destacan que, teniendo seis meses para investigar, haya tomado la decisión en menos de dos semanas.

    «Rebeca y Laura han pedido que se respete su privacidad mientras determinan sus próximos pasos legales. Temen por posibles represalias. Sin embargo, han reiterado que seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles que, tal como señala la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, les permiten garantizar sus derechos», concluye el comunicado.

  • Amnistía Internacional dice que Hamás cometió crímenes contra la humanidad el 7 de octubre de 2023

    Amnistía Internacional dice que Hamás cometió crímenes contra la humanidad el 7 de octubre de 2023

    Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles un informe en el que sigue los actos de las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) y otras milicias palestinas en el ataque del 7 de octubre de 2023, así como del trato que dieron a los rehenes que permanecieron en Gaza desde entonces, y concluyó que estas cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad.

    «Nuestra organización confirma que los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos durante sus ataques del 7 de octubre de 2023 y contra las personas que tomaron como rehenes formaban parte de una agresión sistemática y generalizada contra la población civil y constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo la directora de Amnistía, Agnès Callamard, en un comunicado.

     

    Entre los fallecidos había una mayoría israelí judía, pero también beduinos con ciudadanía de Israel, trabajadores migrantes y solicitantes de asilo con nacionalidades extranjeras.

    El ataque, que comenzó a las 6:29 de la mañana hora local el 7 de octubre de 2023 y durante el que miles de palestinos se infiltraron en Israel, se saldó además con 4.000 heridos y cientos de viviendas y estructuras civiles fueron destruidas.
    Los agresores tomaron 251 rehenes (además de otros cuatro que ya llevaban años cautivos en Gaza). Sólo uno de los cautivos, el soldado israelí (asesinado el 7 de octubre) Ran Gvili, sigue en Gaza.

    «Hamás y otros grupos armados palestinos dieron muestra de un desprecio aberrante por la vida humana. Atacaron deliberada y sistemáticamente a civiles en lugares como sus viviendas o un festival de música con el fin evidente de tomar rehenes, lo que constituía crímenes de guerra», continúa Callamard.

    La organización apunta que los milicianos de Al Qasam, junto a otros de las Brigadas Al Quds (brazo armado de la Yihad Islámica Palestina), las de los Mártires de Al Aqsa (antiguo brazo armado de la formación secular Fatah) y otros grupos armados «mataron deliberadamente a centenares de civiles, incluso efectuando disparos y lanzando granadas para obligar a personas aterrorizadas, incluidas familias con niños y niñas pequeños, a salir de sus habitaciones de seguridad y sus escondites o atacándolas cuando huían».

    Además, Amnistía ha documentado indicios de agresiones sexuales y profanación de cadáveres el día del ataque.

    La organización desmiente las afirmaciones de las autoridades de Hamás, que acusan al Ejército de Israel de matar a su propia población. Aunque Amnistía secunda que en ocasiones las fuerzas armadas israelíes abrieron fuego contra sus ciudadanos, la mayoría de las víctimas perdieron la vida a manos de las milicias gazatíes.

    «Los combatientes palestinos, incluidas las fuerzas de Hamás, fueron también responsables de secuestrar a civiles en numerosos lugares y someter a abusos físicos, sexuales y psicológicos a personas capturadas», advierte la organización.

    Para elaborar el informe, Amnistía Internacional ha entrevistado a 70 personas, entre ellas 17 supervivientes del 7 de octubre de 2023; visitó los lugares de los ataques y examinó al menos 350 vídeos y fotografías de la jornada de la masacre y los cautivos en el enclave.

    En base a ello, determinó que Hamás y las milicias cometieron los crímenes de lesa humanidad de «asesinato», «exterminio», «encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional», desaparición forzada», «tortura», «violación (…) o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable» y «otros actos inhumanos».

    «El alarmante historial de violaciones de derechos cometidas por Israel contra la población palestina, incluidos los decenios de ocupación ilegal, el apartheid y el persistente genocidio de Gaza, no puede justificar en absoluto esos crímenes. Ni tampoco exime a los grupos armados palestinos de sus obligaciones según el derecho internacional», sentencia Amnistía en el comunicado.

    Hamás se pronuncia ante acusaciones

    Hamás rechazó este jueves el informe publicado anoche por Amnistía Internacional (AI) en el que investigó los actos de las milicias palestinas en el ataque del 7 de octubre de 2023, así como del trato que dieron a los rehenes que permanecieron en Gaza desde entonces, y concluyó que se cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad.

    «Rechazamos y condenamos enérgicamente el informe publicado por Amnistía Internacional, que alega que la resistencia palestina cometió crímenes durante la operación Inundación de Al Aqsa el 7 de octubre de 2023″, afirmó el grupo armado en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

  • AI: Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda de quienes buscan desaparecidos

    AI: Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda de quienes buscan desaparecidos

    El Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda, por cuenta propia, a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos y darles protección frente a riesgos, amenazas y ataques que sufren al cumplir esa labor, dijo este jueves la organización Amnistía Internacional (AI).

    Además, indicó que reconocer el derecho de búsqueda por cuenta propia «no exime al Estado mexicano de su obligación de buscar a las personas desaparecidas».

    En un comunicado, AI dijo que esta postura fue manifestada por la organización en las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno mexicano, llevadas a cabo esta semana con la participación de familias de personas desaparecidas, colectivas, personas académicas y organizaciones de la sociedad civil.

    «Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano para que reconozca el derecho de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México a realizar labores de búsqueda por cuenta propia. Esto sin disminuir la obligación que tiene el Estado de efectuar dicho trabajo», apuntó la ONG.

    Explicó que en las jornadas se discutieron modificaciones al protocolo de actuación homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y al protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

    La ONG apuntó que estas modificaciones son un «proceso necesario ante la crisis de desapariciones que vive el país, que asciende a 133.552 personas desaparecidas y las omisiones en que incurre el Estado mexicano para encontrarlas».

    En el encuentro, la jefa de investigación de AI, sección mexicana, Norma González Benítez, advirtió que ante las omisiones en que incurre el Estado mexicano en la búsqueda de personas desaparecidas, «son las familias quienes, desesperadas por la inacción de las autoridades, realizan dicha labor sin el acompañamiento o involucramiento de éstas».

    AI considera que existe un derecho a buscar a las personas desaparecidas, y existen dos escenarios para realizarlas, cuando las personas participan en las búsquedas desarrolladas por autoridades y cuando las personas realizan las búsquedas por cuenta propia.

    «Este último escenario no exime al Estado de brindarles protección frente a los riesgos, amenazas y ataques que sufren en el camino», señaló y agregó que al buscar a una persona desaparecida, los familiares de ésta ejercen su derecho a la verdad y a la protección judicial.

    Y dijo que la combinación del ejercicio de los derechos a la verdad, a buscar y recibir información y a la protección judicial «se manifiesta de manera única en los casos de búsqueda de personas desaparecidas».

    «La combinación de esos tres derechos constituye en si misma el derecho a buscar, que a la vez implica el derecho a defender derechos humanos. Los Estados están obligados a respetar, garantizar y proteger ambos derechos», finalizó la ONG.

    México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, de las que una cuarta parte son mujeres, -y de ellas, más de la mitad son menores de 24 años-, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

    Amnistía Internacional advirtió en un reciente informe que nueve de cada diez personas buscadoras en México son mujeres que luchan por encontrar a sus seres queridos, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado.