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  • Corte Suprema de Panamá anula concesión de puertos a empresa china y China responde con amenazas

    Corte Suprema de Panamá anula concesión de puertos a empresa china y China responde con amenazas

    La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado en 1997 a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino CK Hutchison, que opera dos puertos estratégicos en el Canal interoceánico. La decisión fue anunciada el jueves 29 de enero de 2026, tras dos demandas presentadas por la Contraloría.

    El fallo afecta la gestión de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, los cuales fueron operados durante casi tres décadas por la empresa asiática. Según el contralor general de Panamá, Anel Flores, una auditoría reveló irregularidades en el contrato que permitieron que más de $1,300 millones no ingresaran a las arcas del Estado.

    “Es un contrato leonino, abusivo contra los intereses del país”, afirmó.

    La Corte Suprema resolvió que la Ley 5 de 1997, sus adendas y la prórroga automática en 2021 son inconstitucionales. El contrato fue renovado sin supervisión adecuada y bajo denuncias de corrupción, pese a que el Estado panameño solo posee el 10 % de las acciones de la compañía.

    China reacciona con amenazas

    El Gobierno de China reaccionó de inmediato. A través del portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, advirtió este viernes que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos de sus empresas.

    CK Hutchison, por su parte, argumentó que el fallo “va en contra de la base legal” que amparó la concesión, y se reserva el derecho a recurrir por la vía judicial.

    Pekín evitó pronunciarse sobre el contenido del fallo o las decisiones del sistema judicial panameño, pero dejó claro que considerará acciones si considera afectados los intereses de sus compañías.

    La disputa sobre los puertos ocurre en medio de una pugna geopolítica entre China y Estados Unidos por el control de infraestructura estratégica en América Latina. CK Hutchison negoció la venta de más de 40 puertos en todo el mundo, incluyendo los de Balboa y Cristóbal, con un consorcio liderado por BlackRock. Sin embargo, China bloqueó la operación en el marco de su disputa global con Washington.

    Durante su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a China de intentar controlar el Canal de Panamá y amenazó con “recuperar la vía acuática”, por la que transita entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial. Trump interpretó el posible traspaso de los puertos a BlackRock como una victoria estratégica.

    Gobierno panameño anuncia nueva concesión

    El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes que, tras el fallo, se abrirá un proceso para una nueva concesión. Mientras tanto, PPC continuará operando bajo un periodo de transición.

    “Habrá un periodo de continuidad del actual operador sin ningún cambio”, indicó el mandatario.

    Mulino también recalcó que la soberanía del Canal “no está en discusión” y reiteró que “es y seguirá siendo panameño”.

     

  • Panamá demanda contrato de concesión de puertos a empresa china por ser “leonino y abusivo”

    Panamá demanda contrato de concesión de puertos a empresa china por ser “leonino y abusivo”

    El contralor general de la República de Panamá, Anel Flores, anunció este miércoles la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia contra el contrato de concesión otorgado a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison. Una de las demandas es por inconstitucionalidad y la otra por nulidad, específicamente contra la prórroga del acuerdo.

    “La Contraloría General de la República, salvaguardando los intereses del país, hizo presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia: una de inconstitucionalidad y otra por nulidad, referentes las dos al tema de los contratos con Panama Ports Company”, declaró Flores en conferencia de prensa.

    Según explicó, las acciones legales se sustentan en los resultados de una auditoría entregada el pasado 7 de abril, la cual reveló múltiples irregularidades y calificó el contrato como “leonino y abusivo contra los intereses del país”.

    La prórroga del contrato —firmada en 2021 sin seguir los trámites legales establecidos— es el foco de la demanda de nulidad.

    Desde 1997, Panama Ports administra los puertos de Balboa (en el Pacífico) y Cristóbal (en el Atlántico), dos de los principales terminales marítimos vinculados al Canal de Panamá.

    La concesión original fue por 25 años y se renovó automáticamente por otro período igual, en medio de denuncias por supuesta corrupción y condiciones desfavorables para el Estado, que posee apenas el 10 % de participación accionaria.

    Flores denunció además transacciones internacionales relacionadas con los activos de PPC sin incluir al Estado panameño. “Estamos muy claros que ahí están hablando de transacciones multimillonarias en diferentes latitudes que no incluyen a la República de Panamá, que es la real dueña de los puertos panameños”, recalcó.

    En medio del escándalo, el conglomerado CK Hutchison anunció esta semana su intención de incorporar a un inversionista chino en el consorcio liderado por BlackRock que busca adquirir sus operaciones en Panamá. Según Bloomberg, la empresa estatal china Cosco negocia su entrada con poder de veto, lo que ha desatado nuevas alertas geopolíticas en plena tensión entre China y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la operación como parte de la “recuperación” del control norteamericano sobre el Canal.

    La transacción está valorada en aproximadamente $23,000 millones y contempla el traspaso del 90 % de las participaciones en los puertos operados actualmente por CK Hutchison.

    Sobre posibles responsabilidades penales, el contralor recordó que el caso ya fue remitido al Ministerio Público.

    “Este contrato permitió que más de $1,300 millones no entraran a las arcas nacionales. Hubo malos panameños que vieron para otro lado”, afirmó Flores.

    El informe detalla también presuntos incumplimientos de inversión y otros daños económicos por parte de Panama Ports, que ahora forman parte del expediente judicial en manos del procurador de la nación.