El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ordenó modificar la página oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para incluir supuestos vínculos entre las vacunas infantiles y el autismo, pese a la falta de consenso científico sobre esta relación.
La actualización, realizada el pasado miércoles, sugiere que los CDC nunca descartaron la posibilidad de que las vacunas causen autismo y que la negativa a relacionarlos fue motivada por el deseo de evitar reticencia en la población. “Los estudios científicos no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo”, señala ahora el portal, en contradicción con décadas de investigaciones que niegan tal conexión.
Aunque Kennedy Jr. aclaró que no afirma que las vacunas causen autismo, reiteró que “no hay pruebas suficientes para descartar ese vínculo”. Las modificaciones reflejan una postura que ha caracterizado su trayectoria pública como una de las voces más influyentes del movimiento antivacunas en Estados Unidos.
Cambios en el liderazgo de los CDC
La decisión ocurre en medio de una reestructuración interna en los CDC. En agosto, Jim O’Neill, cercano colaborador de Kennedy Jr., fue nombrado director interino de la agencia tras el despido de Susan Monarez. Esta última denunció que su salida se debió a su negativa de respaldar las medidas antivacunas impulsadas desde el Departamento de Salud.
El portal del organismo también incluye que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) continúa evaluando posibles factores que expliquen el origen del autismo, incluyendo el papel de las inmunizaciones infantiles.
Trump y DeSantis también critican vacunas
La postura oficial se ha endurecido en distintos niveles del Gobierno. En septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la efectividad de las vacunas contra la covid-19, al exigir que las farmacéuticas hicieran públicas sus tasas reales de eficacia.
Ese mismo mes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el fin de la obligatoriedad de vacunación en su estado, una decisión que expertos consideran riesgosa, ya que podría facilitar el retorno de enfermedades que se consideraban erradicadas.