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  • Informe de Reporteros sin Fronteras señala tendencia de usar seguridad nacional para criminalizar el periodismo

    Informe de Reporteros sin Fronteras señala tendencia de usar seguridad nacional para criminalizar el periodismo

    Un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sostiene que existe una tendencia global que usa la “seguridad nacional como una herramienta para criminalizar el periodismo” por parte de regímenes autoritarios y democracias en el mundo.

    Según el informe, los gobiernos usan leyes contra el terrorismo y de espionaje para perseguir a reporteros, silenciar fuentes y expandir la vigilancia digital contra los mismos.

    El informe menciona a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú. Pero también mencionan a países como Afganistán, Camboya, China, Filipinas, Inda, Myanmar, Pakistán y Vietnam, así mismo, Azerbaiyán, Bielorrusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungruía, Kirguistán, Reino Unido, Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania, entre otros.

    En el caso de El Salvador, señala que el estado de excepción aprobado en 2022 para controlar y capturar a las pandillas ha servido para reducir el acceso a periodistas en tribunales, procedimientos legales e instituciones del sector público.

    También, sostiene que hay un clima de intimidación, vigilancia y amenazas contra la prensa independiente, y vigilancia a familiares de periodistas en el exilio, así como obstáculos para coberturas de hechos judiciales reportados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

    El informe menciona el caso de Nicaragua, en donde el 15.2 % de los periodistas nicaragüenses exiliados han perdido su ciudadanía, el régimen de Daniel Ortega ha usado la Ley 1055 para calificar a periodistas de “traidores a la patria”, ha usado la ley de “agentes extranjeros” para controlar a medios que reciben financiamiento internacional y la ley especial de ciberdelitos para criminalizar la difusión de lo que el gobierno considera “noticias falsas” o “amenazas a la estabilidad”.

    La organización señala el cierre de medios contra casi todas las redacciones independientes, que han sido clausuradas o confiscadas, así como vigilancia, amenazas de procesamiento y vigilancia digital.

  • Reiteran solicitud a España de asilo para periodista salvadoreño ante posible extradición

    Reiteran solicitud a España de asilo para periodista salvadoreño ante posible extradición

    La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) reiteró su petición a España de otorgar asilo político al periodista salvadoreño Diego Rosales, liberado este sábado tras ser detenido el viernes en Sevilla debido a la activación de una alerta de búsqueda y captura de Interpol, ante «la posibilidad de una extradición formal por parte de El Salvador».

    En un comunicado difundido este sábado en redes sociales, la RCP reiteró su llamado «al Estado español para que otorgue el asilo político al periodista Diego Rosales» y señaló que en El Salvador «diversos organismos internacionales han documentado la falta de independencia judicial y el incumplimiento del debido proceso».

    La Red aseguró que «es urgente que los Estados miembros de Interpol analicen el cumplimiento del debido proceso en los países de Centroamérica, que cada vez más están siendo cooptados por regímenes autoritarios o figuras antidemocráticas».

    El fotoperiodista Rosales fue dejado en libertad hoy a la espera de que El Salvador tramite formalmente la extradición del periodista, según indicaron a EFE fuentes jurídicas.

    Rosales había acudido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para solicitar protección internacional y un funcionario avisó a la Policía Nacional de España al activarse una circular roja de Interpol, una notificación para la detención provisional con fines de extradición.

    La orden de arresto la emitió El Salvador por tráfico de bitcóins, según dijo a EFE la abogada que se ha hecho cargo de la representación del fotoperiodista.

    La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) señaló el viernes que «ha seguido de cerca el caso», dado que Rosales «ha sido sometido a acoso policial, amenazas y un proceso judicial infundado por ‘agrupaciones ilícitas’ y ‘hurto informático’ bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022».

  • La APES anuncia que traslada su personería jurídica al extranjero por restricciones

    La APES anuncia que traslada su personería jurídica al extranjero por restricciones

    La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció este miércoles que ha trasladado su personería jurídica a otro país de la región, argumentando la necesidad de continuar su labor sin presiones derivadas de las normativas restrictivas que rigen actualmente en el país.

    “Ante las restricciones y desafíos que enfrenta el espacio cívico de El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador ha decidido trasladar su personería jurídica a otro país de la región con el objetivo principal de continuar su misión de defender los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, expresó el gremio en un comunicado difundido en redes sociales.

    La organización aclaró que seguirá defendiendo a los periodistas que trabajan en territorio salvadoreño y a quienes han debido exiliarse.

    “La APES se traslada para garantizar su continuidad y ampliar su impacto, pero seguirá luchando por mantener su personería jurídica en El Salvador, la cual, fundada en 1936, enfrenta por primera vez obstáculos persistentes y sin justificación clara en el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación”, agregó.

    El gremio recordó que entre enero y junio de este año 43 periodistas abandonaron El Salvador, en su mayoría profesionales de medios digitales independientes con más de una década de trayectoria.

    “El éxodo periodístico implica un riesgo inmediato para el país de experimentar un apagón informativo, ante la falta de profesionales independientes y con experiencia ejerciendo su labor”, advirtió.

    El pasado 16 de septiembre, la APES ya había anunciado el cierre de oficinas y de proyectos financiados con cooperación internacional, denunciando las “asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones” que impone la Ley de Agentes Extranjeros, promovida por el presidente Nayib Bukele. Según la gremial, en los últimos 90 días se suspendieron, liquidaron y cerraron todos los proyectos con financiamiento externo.

    Otras organizaciones también han salido del país en medio del nuevo marco legal. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su disolución en septiembre tras 33 años de trabajo; Cristosal comunicó su salida a raíz de lo que calificó como una “escalada represiva”; y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) informó recientemente su cierre.

     

  • Organizaciones rechazan reelección de Raquel Caballero como procuradora para Defensa de Derechos Humanos

    Organizaciones rechazan reelección de Raquel Caballero como procuradora para Defensa de Derechos Humanos

    Organizaciones rechazaron que Raquel Caballero de Guevara busque nuevamente su reelección como procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, ya que señalan que su trabajo ha sido «todo lo contrario».

    Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), cuestionó que Caballero de Guevara busque reelección y señala que el gobierno la tiene en el puesto para «callar y encubrir».

    «No ha hecho ningún trabajo en defensa de los derechos humanos, no he podido encontrar ningún pronunciamiento suyo sobre los cientos, quizá miles, de denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos cometidas en los últimos 6 años del mandato. Está ahí para callar y encubrir, tal cual demuestra su silencio, su paso por dicha institución cumple casi al calco con el significado de la palabra pusilánime», cuestionó.

    El periodista agregó que, de los otros cuatro aspirantes a ocupar el puesto de procurador, aparte de Guevara, solo tiene referencias de Roswall Solórzano, a quien también cuestiona.

    «No conozco el perfil de las cinco personas que están aspirando, pero dos sí son caras conocidas por sus vicios y mañas. Una es funcionaria ligada al partido más cuestionado del espectro, Gana, y el otro es un sindicalista que se arrodilla al gobernante de turno», criticó.

    Arauz dice que solo hay que recordar cuando Caballero de Guevara fue procuradora por primera vez entre 2016 y 2019, cuando se conoció la contratación de un familiar en la institución.

    «Raquel Caballero de Guevara cumple con el perfil de ‘los mismos de siempre’, acuñado por el mismo partido de gobierno. Basta recordar la señora Caballero, estuvo EN ese cargo entre septiembre de 2016 y septiembre de 2019 gracias a un reparto de cuotas entre Arena, el FMLN y Gana. Volvió y quiere mantenerse en esa institución, pese a que ya ha sido declarada culpable de nepotismo y condenada al pago de multas por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)», aseveró el presidente de APES.

    Por su parte, Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo no sorprenderse de que la procuradora busque la reelección y que seguramente será la elegida porque «ha hecho la plana tal y como se la ha dictado» Nayib Bukele, que para ella ha sido «ser adorno» y «abandonar a las víctimas que todos los días acuden a la PDDH a denunciar violaciones de derechos humanos» ya que reciben «dilación en los procesos, negación de esas violaciones e incluso criminalización».

    Para Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna, Caballero de Guevara debería responder preguntas sobre denuncias de violación de derechos humanos, como: ¿por qué no ha acompañado las demandas de habeas corpus de pesronas detenidas bajo el régimen de excepción?, ¿cuál ha sido su papel de los más de 430 fallecidos en custodia del Estado?, ¿por qué no ha dicho nada por la persecución contra periodistas y su salida del país?, ¿por qué  no se ha pronunciado sobre la expropiación en comunidades?

    Por su parte, Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), consideró «lamentable» que Caballero de Guevara busque la reelección en la PDDH cuando su trabajo ha sido nulo.

    «Es lamentable, pues ella ha tenido un papel totalmente contrario a defender a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, creo que no merece pretender continuar en el cargo. Por dignidad, debería mejor apartarse. Pero creo que es la misión que tiene ella. El presidente no va a querer poner a otra persona porque ella es de mucha confianza», dijo Ramírez.

    El líder de Movir señaló que lo mismo sucedió con el titular de la Procuraduría General de la República, René Escobar, de quien consideró que «ha actuado opuesto a las víctimas» y fue reelecto.