La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto cerró el ciclo de audiencias públicas con instituciones del Estado que acudieron a explicar sus requerimientos financieros para el próximo año fiscal. Durante ocho jornadas consecutivas, los diputados escucharon a distintos titulares justificar sus gastos y planes proyectados para 2026.
Durante las entrevistas, los diputados de la Comisión se enfocaron en evaluar la eficiencia del gasto público, la ejecución de proyectos y la planificación financiera de las entidades del Ejecutivo. Sin embargo, algunas instituciones claves quedaron fuera del proceso, como el Ministerio de Trabajo, que no fue convocado, y la propia Asamblea Legislativa, cuyo presupuesto sigue sin ser público.
El proyecto de presupuesto general de El Salvador para 2026 contempla un monto total de $10,555.5 millones, lo que representa un incremento de $892.5 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025, que fue de $9,663 millones. No obstante, ese monto ya sufrió modificaciones a lo largo del año.
Hasta octubre de 2025, el presupuesto modificado ascendía a $10,395 millones, tras incorporaciones adicionales destinadas, principalmente, a proyectos estratégicos. Según el portal de Transparencia Fiscal, ya se han comprometido $8,473.4 millones y devengado $7,897.4 millones, reflejando un avance del 76% en la ejecución presupuestaria.
La falta de discusión sobre el presupuesto del Órgano Legislativo ha generado cuestionamientos desde sectores de sociedad civil que demandan mayor transparencia. En años anteriores, la Asamblea ha recibido críticas por aumentos en gastos operativos sin justificación clara ante la ciudadanía.
El Ministerio de Hacienda ha justificado el aumento del presupuesto para 2026 en la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo social, infraestructura y seguridad, sin embargo, no se han detallado públicamente todos los rubros que explican el crecimiento de casi $900 millones respecto al año anterior.
Se espera que, como en años anteriores, la aprobación del presupuesto se concrete en diciembre, posiblemente cerca del 17 de ese mes, fecha en la que en 2024 se autorizó el plan de gastos con una modificación de última hora para incluir $10 millones dirigidos a escalafones salariales de Salud y Educación.
El proyecto de ley tiene que ser aprobado por mayoría calificada antes del 31 de diciembre para evitar un cierre del ejercicio fiscal sin un nuevo presupuesto aprobado. En ese caso, la ley vigente prevé una prórroga automática del presupuesto anterior, lo cual podría limitar la implementación de nuevas políticas públicas.
De momento, el Ejecutivo y la Asamblea continúan en fase de ajustes técnicos. Aunque el proceso se mantiene con bajo perfil mediático, las decisiones tomadas en estas semanas serán clave para la ejecución de programas sociales, inversión pública y estabilidad fiscal en 2026.
La Asamblea Legislativa aprobó incorporar $267 millones de títulos valores al presupuesto general del Estado 2025, para «reforzar asignaciones en el Ramo de Hacienda.
El decreto explica que el 11 de noviembre de 2025 se autorizó al Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que gestionara la obtención de recursos por la suma de hasta $344 millones a través de la emisión de títulos valores de crédito, «incluyendo operaciones de manejo de pasivos orientadas a mejorar el perfil de la duda y administrar los riesgos asociados al portafolio de la misma».
«De conformidad a lo estipulado en el artículo 2 del Decreto, los fondos que se obtengan de títulos valores de crédito se destinarán para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez, transferencias varias o para apoyar necesidades sociales, ambientales o económicas, por tanto a efecto de dar cobertura presupuestaria», a lo expuesto «es necesario viabilizar la incorporación de recursos en el presupuesto vigente en el ramo de Hacienda hasta por la cantidad de $267 millones «, leyó el diputado William Soriano.
De estos fondos se incorpora los ingresos al rubro “31 Endeudamiento público, cuenta 311 colocación de títulos valores en el mercado nacional, fuente específica 31101 bonos del Estado”.
Y en el apartado de gastos, “se incrementan las asignaciones de las diferentes líneas de trabajo de la Unidad Presupuestaria 13 Obligaciones Generales del Estado”.
No hubo ninguna discusión, ni intervención en la aprobación de este decreto y fue aprobado con 56 votos a favor de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Vamos votó en contra.
A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, la primera encuesta publicada por la firma demoscópica Cadem otorga una ventaja significativa al candidato de extrema derecha José Antonio Kast, quien lidera con un 46 % de intención de voto, frente al 34 % de la postulante de izquierda Jeanette Jara.
El 20 % restante de los encuestados declaró que no votará, está indeciso o piensa emitir un voto nulo o blanco. Si se excluyen estas respuestas, Kast alcanzaría un 58 % del voto válido frente al 42 % de Jara, lo que marcaría una diferencia de 16 puntos porcentuales en la carrera presidencial.
El estudio también revela que un 62 % de los encuestados cree que Kast será el próximo presidente de Chile, mientras que solo un 28 % opina que lo será Jeanette Jara, actual ministra del Trabajo y candidata respaldada por la coalición oficialista.
Respecto al voto de quienes apoyaron a candidatos que no pasaron a segunda vuelta, un 34 % de los votantes del economista Franco Parisi indicaron que apoyarán a Kast, mientras que un 22 % se inclinará por Jara. No obstante, un amplio 44 % aún se muestra indeciso o planea votar nulo o blanco.
La candidata comunista Jeannette Jara, de la coalición oficialista.
El respaldo a Kast es especialmente contundente entre los seguidores del Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por Johannes Kaiser, donde el 92 % asegura que votará por el exdiputado y exmilitante de la UDI. En tanto, entre los votantes de la conservadora Evelyn Matthei, un 60 % apoya a Kast y un 21 % a Jara.
El estudio de Cadem también evaluó la gestión del actual presidente, Gabriel Boric. Su nivel de aprobación subió levemente a un 33 %, un punto más que en octubre. La desaprobación, en cambio, descendió a 60 %, cuatro puntos menos que la semana pasada.
Esta fotografía del escenario político chileno apunta a una segunda vuelta altamente polarizada, donde la participación del electorado indeciso será determinante para definir al próximo mandatario.
En la discusión de la «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva», la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, señaló que «no puede ser» que en la misma ley se le prohíba a la banca excluir de productos o servicios financieros a quienes tengan antecedentes de lavado de activos.
La diputada Rivas, durante la aprobación de la normativa, criticó que el inciso final del artículo 10 prohíba que los bancos excluyan de productos financieros a personas «con antecedentes».
«Dice: o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o sus delitos generadores. Antecedentes, ¿es en serio? Esta ley, que busca evitar, le está diciendo a los sujetos obligados en materia financiera que no deben excluir a quienes tengan antecedentes», criticó.
Inciso último del artículo 10 de la nueva Ley contra el lavado de activos.
Rivas calificó la nueva ley de «ambigua» y «discrecional», y prevé posibles «arbitrariedades». «Aquí no han puesto si hubiera sido condenado, entonces, van a obligar a un banco a que le dé un préstamo, que le dé una tarjeta de crédito a alguien que tenga antecedentes de lavado de dinero. ¿Es en serio? Porque aquí dice, o antecedentes relacionados, esta ley no puede quedar así. ¿Ya leyeron eso? Esto es grave, esto debe volver a la Comisión», insistió.
La diputada de Vamos criticó que, dentro de los sujetos obligados, excluyen a hoteleras, empresas constructoras. «Y acaso se nos ha olvidado casos recientes de un personaje como José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, hoteles, ¿verdad?, y por lavado de dinero», cuestionó.
Según una publicación de El Faro, del 7 de abril de 2017, Salazar fue excluido de la lista de capos internacionales “relevantes” para Estados Unidos, luego de haber sido considerado como tal.
«Es el que es criminal ve cómo hacerla para hacer sus delitos pero es obligación de nosotros como diputados hacer leyes que funcionen, que sean efectivas y no permitan arbitrariedades. Una vez más les pregunto: ¿estamos haciendo una ley para prevenir, detectar, vigilar y sancionar el lavado de dinero o es una ley para beneficiar a alguien? Lo digo porque lean esos artículos. ¿Para quién se está haciendo esta ley?», les dijo, en el pleno.
«No tergiversemos el artículo»
El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, solicitó la palabra y respondió a modo de aclaración que lo que dice el artículo 10 se refiere a noticias, no a antecedentes penales.
«No constituirá causal de exclusión para el acceso a productos o servicios financieros a una personas natural o jurídica, por el hecho que mediante la aplicación de medidas de debida diligencia se identifiquen noticias periodísticas, referencias, inclusión de listas internas, inclusión de sujeto obligado, señalamientos y luego dice ‘o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento al terrorismo o financiamiento a armas de destrucción masiva o sus generadores’, cuando habla de antecedentes, es que haya sido mencionado, ahí está, en alguna nota periodística, no que haya sido vencido en juicio, ni condenado», expresó.
El diputado de Nuevas Ideas aseguró que el artículo 10 «está claro».
«Aquí en El Salvador, todos sabemos, que antes los medios de comunicación les pagaban y les decían ‘mirá, tirame una noticia que diga que este lava dinero’ y por esa información periodística y tendenciosa los bancos y las instituciones les negaban créditos a los salvadoreños, tarjetas de crédito, etcétera», señaló.
«Entonces, el artículo está diciendo que, si a usted un periódico (dice) que usted es lavador de dinero, usted tiene que ser vencido en juicio para que sea incluido. Es que el inciso último viene hablando de las notas periodísticas, no viene hablando que haya sido condenado por lavado de dinero», reiteró Navarro, quien señaló que buscan que los bancos no se basen en la «rumorología» «o por dolo a un salvadoreño porque salió en una nota periodística».
Luego, el diputado de Nuevas Ideas citó el artículo 12 de la Constitución de la República que dice: «Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa».
No tergiversemos el artículo. El artículo 10 no está hablando que queden excluidos los que hayan sido condenados formalmente. El artículo 10 está hablando sobre la inclusión de salvadoreños o empresas que queda terminantemente prohibido que sea excluidos del sistema financiero en base a un rumorología, una nota periodística o alguna nota de algún medio de comunicación».
Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.
La diputada Rivas pidió nuevamente la palabra y sugirió lectura comprensiva del artículo 10. Reiteró que todos saben qué significa «antecedentes» y les pidió a sus colegas ser «responsables en las leyes que se aprueban».
«Lectura comprensiva. Nos dice el Código Civil que la ley es la que manda, prohíbe o permite. La ley debe ser clara, tengamos respeto por nuestra ciudadanía, porque bien entiende lo que es un antecedente y el artículo ya lo leyó él dos veces, lo leí yo, y hasta las comas: noticias periodísticas, referencias, inclusión de listas internas, inclusión de sujeto obligado, señalamientos y luego dice o antecedentes relacionados con lavado de activos». Cesia Rivas, diputada de Vamos.
Rivas indicó que le llama la atención que Nuevas Ideas hable «de la presunción de inocencia» y dijo que la bancada oficial únicamente «puyan el botón».
«Si cuando conviene sacamos la Constitución, pero han creado un artículo 14, que pareciera que cambiamos la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad. Colegas diputados seamos responsables de las leyes que aquí se aprueban… No es solo puyar el botón», indicó.
Marcela Villatoro prevé arbitrariedad y habla de «magos»
Temprano, en horas de la mañana, la diputada Marcela Villatoro en declaraciones a la prensa consideró que la ley es un «retroceso» y que aplicará a conveniencia.
«Lastimosamente esta ley se la van a aplicar a quienes a ellos les conviene y no a la propia gente de ellos y es que nos hemos dado cuenta todos de la gran cantidad de magos que han resultado en los últimos tiempos de este gobierno, personas que vivían en San Martín y hoy resulta que tienen hasta seis propiedades, o personas que vivían fuera de San Salvador y hoy tienen propiedades de más de $500,000, entre otras cosas; y esta es la forma que querer encubrir a sus familiares, porque esa es la forma que este tipo de mafias lavan el dinero, así que esto es un retroceso, en lugar que permitir que la ley tenga un gran alcance», señaló Villatoro.
La nueva ley excluye a familiares de personas políticamente expuestas, a las hoteleras, a inversionistas extranjeros, farmacéuticas, a exportadores e importadores de armas de fuego, lo que la diputada de Arena dijo que en lugar de reducir a los sujetos obligados, debió ampliarse.
«En el tema de las constructoras, antes formaban parte de los sujetos obligados de la ley y ahora han sido excluidas, ¿por qué?, a veces el lavado de dinero es parte de estos casos, entonces, considero que el excluirlas no es una forma muy transparente en el proceder de esta ley. Creo que, en lugar de restringirla, debió únicamente ampliarse más sujetos y someter a revisión cada dos años para ver si es necesario incluir más sujetos», dijo.
Vamos señala «presunción de culpabilidad»
Antes de la plenaria, la diputada Rivas señaló discrecionalidad y ambigüedad en la ley y advirtió que era necesario que la ley regresara a estudio a la Comisión y no fuera aprobada.
«La discrecionalidad con la que se está actuando, en el articulo 14 hablan de una presunción de culpabilidad, es decir que toda persona que presuntamente del ente supervisor crea que hay un delito, van a comenzar con la tercera gravedad, que es las medidas cautelares, que van a congelar los fondos de la persona, es una ley ambigua, con vacíos», expuso.
Rivas cuestionó que en las reformas excluyen a sujetos obligados que debieron haberse dejado los sujetos obligados suprimidos para evitar vacíos.
«Por un lado están incluyendo contadores, abogados y por otro excluyen a inversionistas extranjeros, ¿qué se busca?, ¿perseguir el delito o beneficiar a alguien? También excluyeron a los importadores y exportadores de armas de fuego, lo cual es muy grave, porque alguien va a poder invertir en esa área, ¿con qué dinero?», señaló.
La reforma fue aprobada en el pleno con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC, Vamos y Arena no votaron.
