La Corte Suprema de Estados Unidos expresó este miércoles escepticismo sobre el alcance del poder del presidente, Donald Trump, para imponer aranceles a nivel global, tras evaluar si el uso de una ley de emergencia económica para justificar sus tarifas fue legalmente válido.
Durante la audiencia, los magistrados examinaron si la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) —que permite al presidente actuar ante una “emergencia nacional”— puede aplicarse en el contexto del aumento de aranceles implementado desde abril por el presidente. La sesión reveló dudas, incluso entre los jueces conservadores, tradicionalmente afines a su línea ideológica, sobre si esta facultad no corresponde al Congreso, como establece la Constitución.
El presidente del Supremo, el juez conservador John Roberts, fue particularmente incisivo al cuestionar al abogado del Gobierno. Afirmó que la imposición de aranceles “ha sido siempre competencia del Congreso” y advirtió que permitir que el presidente también ejerza esa potestad “neutraliza” el principio de separación de poderes.
La posible anulación, aunque parcial, de la política arancelaria impulsada por el presidente Trump podría debilitar uno de los pilares centrales de su agenda económica y diplomática, que se ha sustentado en medidas proteccionistas bajo el argumento de defensa del comercio estadounidense.
En defensa de la política, el fiscal John Sauer sostuvo que los aranceles respondieron a una emergencia económica, aunque negó que se buscaran beneficios económicos. No obstante, el presidente Trump ha defendido públicamente en diversas ocasiones que dichas tarifas permitirían generar ingresos para el país.
A través de la red social X, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la estrategia del presidente.
“El presidente Trump ha tratado de reequilibrar décadas de comercio desleal contra EE.UU. que nos han llevado a un punto de inflexión. El objetivo de su agenda es recuperar la industria manufacturera y equilibrar los déficits y las barreras comerciales, que han alcanzado niveles críticos, con nuestros socios comerciales globales”, escribió Bessent.
Durante la audiencia, la jueza progresista Sonia Sotomayor sostuvo que los aranceles son parte de la política tributaria, competencia exclusiva del Congreso. Además, uno de los momentos más destacados ocurrió cuando el abogado Neal Katyal —representante de un grupo de empresas demandantes— respaldó los cuestionamientos del juez conservador Neil Gorsuch, nominado por el propio Trump en 2017, al indicar que “había dado en el clavo” al poner en duda la legalidad del proceso.
Aunque algunos magistrados consideraron razonable aplicar aranceles para responder a emergencias, también hubo preocupación por el hecho de que estos gravámenes alcanzaran a numerosos países, en el marco de una política que el presidente calificó como de “aranceles recíprocos”.
El caso llegó al máximo tribunal luego de que cortes inferiores y una corte federal de apelaciones concluyeran que el mandatario excedió sus atribuciones al ordenar una serie de tarifas amparadas en la IEEPA.
La impugnación fue presentada por un grupo de 12 fiscales generales demócratas, liderados por el fiscal de Oregón, además de varias empresas representadas por Katyal, exfiscal general durante el mandato de Barack Obama.
Los jueces también debatieron sobre las consecuencias de un posible fallo contra el presidente Trump, como la devolución de aranceles ya pagados por las empresas, y la afectación a las facultades presidenciales ante futuras emergencias reales.
Se prevé que el Tribunal Supremo emita su fallo a finales de junio, al concluir el actual curso político, aunque por la trascendencia del caso no se descarta que la sentencia llegue antes.