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  • Diputado de Arena cuestiona falta de debate sobre cadena perpetua

    Diputado de Arena cuestiona falta de debate sobre cadena perpetua

    El diputado de Arena, Francisco Lira, cuestionó este día que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa no convocara al director de Centros Penales para discutir las reformas constitucionales y penales relacionadas con la implementación de la cadena perpetua en El Salvador.

    El legislador señaló que, aunque se anunció la convocatoria de expertos para analizar las reformas, se ha omitido la participación de funcionarios clave que podrían aportar información relevante sobre el sistema penitenciario.

    “En la Comisión Política se recibieron reformas para adecuar leyes a la cadena perpetua y se convocará a expertos.
    Pero evitan convocar ha ciertos personajes ¿por qué no convocar al Director de Centros Penales para conocer la reincidencia real de quienes ya cumplieron condena?», cuestionó Lira en redes sociales

    El legislador opositor también se preguntó: «¿Y por qué hay personas con orden judicial de libertad que siguen detenidas? ¿Por qué no dan la cara y explican?»

    «La justicia no puede ser selectiva. Sin datos y sin respeto a la ley, no hay debate serio”, agregó Lira.

    La Comisión Política tiene previsto analizar este jueves la ratificación de la reforma constitucional al artículo 27, así como modificaciones al Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley Penal Juvenil.

    Para el estudio de estas reformas, están convocados el gabinete de Seguridad, el fiscal general y representantes de la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán comparecer ante la comisión legislativa.

    El pasado martes, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 27 de la Constitución que elimina la prohibición de la cadena perpetua y permite su aplicación para delitos como homicidio, violación y terrorismo, aunque aún requiere ratificación.

    En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó propuestas de reforma a varias normativas para incorporar la pena perpetua en delitos como homicidio simple y agravado, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

    Las reformas también contemplan la aplicación de esta pena a menores de edad, con la posibilidad de que un juez otorgue “libertad controlada” tras el cumplimiento de más de 25 años de prisión en el caso de menores, o más de 30 años si se trata de adultos.

     

  • Cámara declara culpable de enriquecimiento ilícito a exalcalde Roberto d’Aubuisson

    Cámara declara culpable de enriquecimiento ilícito a exalcalde Roberto d’Aubuisson

    La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en Santa Tecla, declaró la existencia de enriquecimiento ilícito contra el exdiputado y exalcalde de Santa Tecla, José Roberto d’Aubuisson Munguía y su grupo familiar, tras concluir que no se pudo justificar legalmente el origen de varios fondos patrimoniales.

    La resolución judicial establece que el incremento patrimonial no justificado ocurrió durante el período en que el demandado ejerció cargos públicos, primero como diputado propietario por el departamento de La Libertad entre 2012 y 2015.

    Posteriormente, el tribunal también evaluó su gestión como alcalde del municipio de Santa Tecla, cargo que ocupó durante dos períodos consecutivos entre 2015 y 2018 y 2018 y 2021, bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

    Según el fallo, el monto total que deberá ser restituido al Estado asciende a $990,396.99, cantidad que corresponde al incremento patrimonial que no pudo ser justificado ante las autoridades judiciales.

    El tribunal determinó que el exfuncionario deberá reintegrar $450,729.39, mientras que su cónyuge, Jacqueline López de d’Aubuisson, deberá devolver $511,247.73.

    Asimismo, la sentencia establece que Johana d’Aubuisson López deberá reintegrar $12,939.87, mientras que José Roberto d’Aubuisson López deberá devolver $15,480.

    La Cámara Ambiental indicó que la decisión se tomó tras valorar diversas pruebas dentro del proceso judicial, entre ellas pericias financieras y documentación patrimonial.

    Tras el análisis del material probatorio, la instancia judicial ratificó la responsabilidad civil del grupo familiar por el incremento patrimonial no justificado.

    Además del reintegro del dinero, el tribunal ordenó la inhabilitación del exfuncionario para ejercer cargos públicos durante 10 años, como parte de las sanciones establecidas en la resolución.

     

  • Diputados de Arena critican rebaja de impuestos a licores

    Diputados de Arena critican rebaja de impuestos a licores

    Diputados del partido Arena fustigaron la reforma aprobada el martes por la Asamblea Legislativa a la “Ley reguladora de la producción y comercialización de alcohol y de bebidas alcohólicas”, que disminuye las alícuotas del impuesto específico por contenido de alcohol para bebidas destiladas, entre ellas el whisky con grado alcohólico superior al 60 %, la ginebra y la partida arancelaria de “licores”. La medida fue avalada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

    El diputado Francisco Lira cuestionó públicamente la decisión y planteó que la prioridad del país debería centrarse en aliviar el costo de vida de las familias.

    “¿Alcohol barato o comida mas accesible? ¿Qué es más urgente para tu familia hoy? ¿Para quién legisla realmente la bancada de #NuevasIdeas?”, expresó.

    Según Lira, en la plenaria quedaron claras las prioridades: “Aprobado: Bajar impuestos al alcohol y destilados. Rechazado: Bajar el precio de los alimentos (Canasta Básica). Ignorado: Invertir más en medicinas, mejorar el agro y fortalecer a la micro y pequeña empresa”.

    Lira sostuvo que la rebaja de impuestos a bebidas alcohólicas contrasta con las necesidades económicas de la población.

    “Mientras tú haces malabares para llegar a fin de mes y estirar tu presupuesto, la urgencia de NuevasIdeas fue abaratar los licores”, afirmó, al insistir en la necesidad de un “contrapeso en la Asamblea” para fiscalizar y proponer medidas orientadas al bolsillo de las mayorías.

    Por su parte, la también diputada arenera, Marcela Villatoro, denunció que la reforma fue introducida con dispensa de trámite y sin mayor discusión.

    “Ayer de la nada ingresan con dispensa de trámite una pieza de correspondencia, todos los diputados sorprendidos, piden dispensa de trámite y leen a la carrera. Votan por inercia sin leer y sin saber el contenido de la misma”, señaló. Agregó que al consultar a legisladores si conocían lo que votaban, “por sus caras era evidente que no tenían idea”.

    La parlamentaria también cuestionó la coherencia del oficialismo en materia social.

    “El tema era sencillo, bajarle el precio al guaro con dispensa de trámite y sin mayor explicación. Primero dicen que no quieren que anden bolos en la calle pero incitan lo contrario. Y cuando se presentan iniciativas que son para la gente como quitarle el IVA a los productos de la canasta básica dicen que no. Realmente están extrañas esas prioridades de las Nuevas Ideas. Por cierto, nadie tenía el documento, ni ellos”, concluyó.

     

  • Diputado arenero demanda reforma de pensiones transparente y sin uso político

    Diputado arenero demanda reforma de pensiones transparente y sin uso político

    El diputado de ARENA, Francisco Lira, criticó el martes que el Gobierno aún no haya presentado a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al sistema de pensiones, pese a que venció el plazo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El legislador sostuvo que cualquier reforma “tiene que ser transparente” y conocida por toda la población.

    “El sistema de pensión en este país, pueblo salvadoreño, es una bomba de tiempo, una bomba de tiempo que el Gobierno de Nuevas Ideas no ha logrado solucionar. Más que beneficiar al pueblo, lo que está haciendo es castigándolo”, afirmó Lira, en una entrevista en la emisora YSUCA.

    El legislador señaló que entre las opciones planteadas por el FMI estaría el aumento en la edad de retiro, pero cuestionó que no se aborde el uso de $11,000 millones del fondo de pensiones.

    El parlamentario detalló que la población económicamente activa ronda los tres millones de personas, de las cuales aproximadamente 2.1 millones poseen una cuenta de pensiones, aunque no todas cotizan de forma constante. Indicó que los cotizantes activos son alrededor de 900,000, mientras que unos 220,000 ya reciben pensión, en un país con cerca de seis millones de habitantes. “Uno de cada cuatro salvadoreños en edad de trabajar cotiza para su vejez”, subrayó.

    Lira reprochó que el Ejecutivo no haya presentado el estudio actuarial en las fechas establecidas y que el análisis divulgado en diciembre fuera elaborado por el propio FMI.

    “El docente es el Fondo Monetario Internacional y el alumno somos nosotros, el pueblo salvadoreño. Entonces, le dice: ‘El profesor, este es el examen, hágalo. Yo se lo voy a evaluar’. Pero, ¿qué sucede? Al final de cuenta, el docente, el profesor de la escuela, le hizo el examen al alumno”, expresó.

    Además, aseguró que el 10 de febrero de 2026 venció el último plazo para presentar la reforma y que en la Asamblea no ha ingresado ninguna iniciativa del Ejecutivo.

    El legislador cuestionó posibles incrementos en años de servicio —actualmente 25— y en porcentaje de aportaciones, y pidió “justicia financiera”. “Manos fuera de los políticos en las pensiones”, enfatizó, al exigir que se prohíba a cualquier gobierno utilizar fondos previsionales para financiar gastos públicos. También solicitó devolver a los cotizantes el 25 % de ahorro que antes podían retirar, argumentando que ese dinero pertenece a los trabajadores.

    Lira anunció que, cuando la reforma llegue al parlamento, solicitará que se convoque a todos los actores con capacidad técnica para debatirla y garantizar que el proceso sea público y transparente. “Esta ley de pensiones (…) tiene que ser transparente, la tiene que conocer todo el pueblo salvadoreño. No se puede tener a oscuras”, concluyó.

     

  • Presidente de ARENA aboga por “un balance de poder» en la próxima Asamblea Legislativa

    Presidente de ARENA aboga por “un balance de poder» en la próxima Asamblea Legislativa

    El presidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Carlos García Saade, aseguró que El Salvador necesita con urgencia un “balance de poder” dentro de la Asamblea Legislativa para frenar los abusos del oficialismo y encaminar al país hacia una ruta de reconstrucción democrática.

    En la entrevista Encuentro TV con Julio Villagrán, García Saade afirmó que su partido trabaja para construir y no para destruir al país, y que busca llevar al órgano legislativo a “gente con valores, principios e integridad que quiera servir y no servirse” de cara a los comicios de 2027.

    García Saade reaccionó a declaraciones del presidente del Congreso, Ernesto Castro, quien advirtió que tener 16 diputados opositores podría «causar inestabilidad». El dirigente arenero calificó esa postura como una muestra de intolerancia y autoritarismo.

    “Nosotros no buscamos hacerle daño al gobierno, sino construir un mejor El Salvador. Pero el oficialismo no escucha. La gente ya perdió la fe en que Nuevas Ideas les resolverá sus problemas”, señaló.

    Añadió que los salvadoreños comienzan a reconocer los efectos de la concentración de poder y la falta de soluciones reales por parte de los alcaldes y diputados oficialistas.

    Elecciones 2027: renovación y apertura

    En cuanto a los próximos comicios legislativos y municipales, García Saade explicó que Arena se prepara para llevar candidatos comprometidos, y que la Comisión Electoral Nacional del partido definirá los perfiles con base en principios y ética.

    Confirmó que los requisitos de afiliación partidaria fueron reformados para facilitar nuevas candidaturas: “Antes se pedía estar afiliado cinco años para ser diputado; hoy eliminamos eso para abrir el partido a nuevos liderazgos”.

    “Queremos una verdadera renovación. Basta de odio y división. Necesitamos unirnos por el bien de El Salvador, más allá de colores políticos”, sostuvo.

    «Gladiadores en la Asamblea”

    El dirigente se mostró satisfecho con el trabajo legislativo de los diputados areneros Francisco Lira y Marcela Villatoro, a quienes describió como “gladiadores” que han enfrentado con valentía el dominio oficialista.

    “A pesar de ser solo dos, sus voces se escuchan más que las de los 53 diputados oficialistas. Estoy orgulloso de su trabajo”, recalcó.

    García Saade concluyó con un llamado a la esperanza y la unidad nacional: “Así como todos nos unimos para apoyar a la Selecta, debemos hacerlo para construir un mejor país. Es hora de que El Salvador cambie nuevamente”.

     

     

  • Miembro del COENA: «A los nuevos, como los de antes que negociaron con criminales, la justicia los alcanzará

    Miembro del COENA: «A los nuevos, como los de antes que negociaron con criminales, la justicia los alcanzará

    El exdiputado suplente y actual encargado de Asuntos Electorales y Defensa del Voto del Consejo Ejecutivo Nacional del partido Arena (Coena), César Reyes, realizó su publicación un día después que Norman Quijano fuera deportado de Estados Unidos a El Salvador.

    «La verdad siempre sale a la luz. A los nuevos que al igual que los de antes pactaron y negociaron con criminales para hacerse con el poder. Más pronto que tarde la justicia los alcanzará. La embriaguez del poder los hace sentirse impunes, pero nada es para siempre.», publicó Reyes este martes en su perfil de X.

    Norman Quijano, exalcalde, expresidente de la Asamblea Legislativa y excandidato presidencial y diputado inhabilitado de Parlamento Centroamericano por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue deportado este pasado 26 de enero de Estados Unidos.

    Al llegar a El Salvador, autoridades le notificaron formalmente su condena de 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, vinculados a pactos con cabecillas de pandilleros según la acusación.

    El 18 de diciembre de 2021, los diputados le retiraron la protección constitucional y, en octubre de 2022, La Fiscalía General de la República lo acusó formalmente por esos delitos.

    La Fiscalía General de la República informó en cuenta de X, que luego de notificarle formalmente su condena, Quijano sería trasladado a un centro penitenciario, en donde cumplirá la pena impuesta por la justicia salvadoreña.

  • ¿Por qué fue condenado Norman Quijano a 13 años y cuatro meses de cárcel?

    ¿Por qué fue condenado Norman Quijano a 13 años y cuatro meses de cárcel?

    Norman Quijano, excandidato presidencial por el partido ARENA en las elecciones de 2014, expresidente de la Asamblea Legislativa y exalcalde de San Salvador, fue condenado en abril de 2024 a 13 años y cuatro meses de cárcel por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador. La condena fue emitida luego de que el tribunal encontrara pruebas suficientes para establecer que Quijano negoció con pandilleros durante su campaña presidencial, ofreciendo favores a cambio de votos.

    La condena fue dictada bajo los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. La Fiscalía General de la República de El Salvador presentó pruebas documentales, testimoniales y audios que mostraban reuniones entre Quijano y los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 antes de la segunda vuelta electoral en 2014. Según la acusación, Quijano pidió el apoyo de estas pandillas para que permitieran votar a los ciudadanos bajo su control a cambio de compromisos con programas de reinserción social y otros beneficios, como la reducción de ataques policiales.

    La defensa de Quijano, sin embargo, ha rechazado la sentencia, argumentando que las pruebas presentadas en el juicio no son suficientes para probar los delitos de agrupaciones ilícitas ni fraude electoral. El abogado Lisandro Quintanilla, entonces defensor de Quijano, aseguró que los testimonios de los testigos con régimen de protección no demostraron que Quijano estuviera involucrado en negociaciones con pandillas, y afirmó que los audios y videos presentados en el juicio no respaldan la acusación de que el exfuncionario pidió votos a cambio de dinero o beneficios.

    La condena también incluye la inhabilitación de Quijano para ejercer cargos públicos, incluyendo su puesto como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), por lo que la Cámara de lo Penal notificó al PARLACEN para que inicie los trámites para su cese.

    Condena en apelación

    A pesar de la condena, la defensa presentó una apelación  ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema el 24 de junio de 2025, solicitando la nulidad del proceso, al considerar que no se probó el delito y que se violó el debido proceso durante el juicio. La apelación se centró en la falta de evidencia suficiente para respaldar las acusaciones y en la irregularidad del desafuero de Quijano, que no se siguió como lo establece el Código Procesal Penal.

    No se ha conocido una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema al respecto.

     

  • Arena señala falta de transparencia en compra de uniformes y critica que gobierno dejó fuera a pequeños empresarios

    Arena señala falta de transparencia en compra de uniformes y critica que gobierno dejó fuera a pequeños empresarios

    Los diputados del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) señalaron la falta de transparencia en la compra de uniformes para alumnos de los centros escolares públicos y criticaron que el Gobierno dejó fuera a los pequeños empresarios.

    El 20 de enero, el Gobierno recibió un avión con 345,000 uniformes para alumnos de instituciones públicas, se desconoce la procedencia y el costo de ese cargamento, que fue recibido por la ministra de Educación, Karla Trigueros.

    «Sería importante saber cuánto costó todo ese cargamento. Es importante decir que este gobierno se ha caracterizado por no transparentar las compras públicas de diferentes ministerios. Qué bueno que los niños van a recibir el paquete, qué malo la falta de tacto del gobierno, que no ha pagado la deuda que tenía con los proveedores. ¿Por qué comprarlos afuera?, si pueden dinamizar la economía local», cuestionó el miércoles el diputado Francisco Lira, de Arena.

    La diputada Marcela Villatoro, jefa de fracción del partido, dijo que es importante que los alumnos comiencen al inicio del año con sus uniformes, pero advirtió que «dijeron que los iban a hacer los reos, después salen con que los compraron, no sabemos absolutamente nada y, al final de cuentas, es una contradicción entre ellos mismos porque no dicen la verdad», señaló.

    Villatoro cuestionó por qué el gobierno decidió comprar los uniformes en otro país, dejando fuera a los trabajadores locales que pueden hacerlos.

    «¿Y por qué se está dejando al micro y pequeño empresario?, ¿a los artesanos que se dedican a elaborar uniformes y que muchos de ellos ni siquiera les han pagado lo del año pasado?, otros que se fueron a licitación pero luego les dijeron que no. Entonces, ¿dónde queda ese desarrollo económico que es lo que se está buscando para la micro, pequeña y mediana empresa en este país? ¿Por qué necesitamos comprar uniformes en otros países habiendo gente acá que puede elaborarlos?», cuestionó Villatoro.

    Educación importó más de 113,000 pares de zapatos, que serán incorporados al paquete escolar, según ha informado el Gobierno y anunció la recepción de 440,000 equipos tecnológicos que serán entregados este año al mismo tiempo que los paquetes escolares, pero tampoco ha detallado procedencia, ni el monto que ha pagado por sus compras.

    El 27 de noviembre de 2025, el Ministerio de Educación adjudicó la compra de calzado escolar del «Programa de dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares» a la empresa Calçados Beira Río, S.A., mediante dos contratos, uno por $13,682,760 y otro por $3,000,000, según Compras Públicas de El Salvador (Comprasal). El Ministerio pagó más de $52.9 millones a proveedores de uniformes, zapatos y útiles escolares entre junio 2024 y mayo de 2025, con un total de 1,026,970 beneficiados, según su memoria de labores.

    El 5 de julio de 2024, el director de Centros Penales, Osiris Luna, anunció que los reos se harían cargo de la confección de 1.2 millones de uniformes que entregarán a principios del año 2025 a los alumnos de los centros escolares, y posteriormente se haría una segunda entrega entre junio y julio.

  • Diputado Francisco Lira pide que docentes no se nombren con intereses electorales y señala a directores departamentales

    Diputado Francisco Lira pide que docentes no se nombren con intereses electorales y señala a directores departamentales

    El diputado Francisco Lira pidió públicamente que los docentes internos que pasen por Ley de Salarios a partir de 2027 no sean seleccionados con criterios electorales y citó que «muchos directores departamentales de Educación» les hacen favores al partido oficial, Nuevas Ideas.

    El jueves 8 de enero, la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones transitorias para que los docentes interinos nombrados a partir de la vigencia de ese decreto, hasta el 31 de enero de este año, pasen a plaza por Ley de Salarios a partir del 1 de enero de 2027.

    «Con este decreto estamos dando certeza para que los docentes interinos tengan su plaza durante un año. Lo que yo señalo es que no vayan a abusar del poder porque hay muchos directores departamentales de Educación, incluido el director departamental de La Libertad, de donde soy diputado, es el que le hace los favores a los diputados de Nuevas Ideas, para hacer campaña política disfrazada dentro de diferentes centros educativos», dijo Lira.

    La Ley de la Carrera Docente prohíbe a todos los docentes hacer campaña o propaganda política.

    El diputado hizo un llamado a la ministra de Educación, Karla Triguerlos, para que los funcionarios en el sistema educativo «hagan su trabajo técnico que les corresponda, no que estén haciendo favores políticos electorales al partido que está en el gobierno central».

    El decreto también suspende en 2026 las publicaciones de plazas vacantes que por Ley de la Carrera Docente se realizan en marzo y junio de cada año, otro punto que el diputado de Arena también cuestiona, ya que dice es necesario conocer cuántas plazas serán elegidas y las cantidades para los diferentes departamentos del país.

    «Pero todo eso se desconoce. Lo ideal hubiera sido que en el decreto se estableciera cuántas plazas para La Libertad, cuántas para Ahuahapán, cuántas para San Salvador, pero todo eso lo desconocemos», criticó.

    El Ministerio de Educación abrió un proceso de concurso de plazas de docentes interinos en diciembre pasado y publicó un listado de aproximadamente 1,000 vacantes.

    Estos docentes internos, según el cronograma, debían presentarse en enero; estos serían los que laborarían durante 2026 y que pasarían por decreto a Ley de Salarios.

    En el procedimiento ordinario, la Ley de la Carrera Docente exige un procedimiento distinto para la contratación de docentes que está a cargo del Tribunal Calificador de la Carrera Docente, proceso que no aplicaría entonces para los docentes contratados en 2026.

  • Vamos y Arena critican aumento en presupuesto de comunicaciones en la Asamblea y dicen “es para campaña electoral”

    Vamos y Arena critican aumento en presupuesto de comunicaciones en la Asamblea y dicen “es para campaña electoral”

    El monto global del presupuesto de la Asamblea Legislativa se mantuvo en $46.9 millones para 2026 pero sufrió modificaciones internas, una fue el incremento de $551,650 en el presupuesto del área de Comunicaciones.

    Los diputados de Vamos y Arena cuestionaron este incremento y aseguraron que, tomando en cuenta que 2026 es un año preelectoral, ese medio millón más será utilizado para campaña a beneficio de los diputados del partido de Nuevas Ideas.

    «Si la Asamblea Legislativa, para un año preelectoral, le está subiendo presupuesto a las comunicaciones institucionales, todos sabemos que eso se va a usar para campaña. Entonces, todos mintieron cuando eliminaron la deuda política, para que los salvadoreños dejaran de mantener las campañas de los partidos políticos y dejaron de mantener a los partidos políticos, excepto a uno que está en el gobierno», señaló la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos.

    En la misma sintonía opinó el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Francisco Lira, quien recalcó que la unidad de Comunicaciones de la Asamblea Legislativa es institucional, es decir que debe brindar atención a los 60 diputados, a todas las fracciones, pero aseguró que no es así y solo atiende al oficialismo.

    «Llama la atención que a la Unidad de Comunicaciones le están aumentando casi 600,000 en un año preelectoral. Esa es una unidad institucional que debe ocuparse a dar sus servicios a los 60 diputados, pero a la fracción de Arena en ningún momento nos han entrevistado, no nos han tomado en cuenta sobre nuestra posición, en los canales legislativos, ni en la radio sale nada de lo que nosotros hemos presentado. Están utilizando recursos del Estado para propaganda, propaganda orientada para un partido que se llama Nuevas Ideas», reclamó el diputado de Arena.

    La diputada Ortiz agregó que el oficialismo utiliza «más recursos a las comunicaciones, a la propaganda, a la publicidad, a las luces LED, a estar manipulando a la población, para hacer creer que vivimos en una realidad que no existe».

    «Entonces le dan likes, le dan publicidad, pero no hay dinero en el bolsillo, no hay comida en la casa, no hay educación de calidad, hospitales desbordados, entonces, ¿de qué sirve que nos quieran vender espejitos?», cuestionó Ortiz.

    Lira señaló que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa debería dar a conocer «en qué se utilizará ese incremento: ¿para contratar nuevo personal?, ¿para comprar equipo audiovisual? o ¿para qué están aumentando casi $600,000 en esta unidad de Comunicaciones?».

    En líneas generales, así distribuyó la Asamblea su presupuesto para este año, y estas son las variaciones en comparación al 2025:

    Dirección Superior: baja de $12.9 millones a $12.5 millones. Disminución: $400,000.

    Administración de Recursos Humanos: sube de $5.9 millones a $6 millones.

    Administración Financiera Institucional: sube de $7.9 millones a $8.1 millones.

    Unidad de Comunicaciones: sube de $4.07 millones a $4.6 millones.

    Comisiones y asistencia legislativa: de $14.1 millones a $13.8 millones, una disminución de $300,000.

    Programa de Becas «Dagoberto Gutiérrez»: se mantiene en $1.5 millones.

    El detalle en el pago de las remuneraciones no varía, al que fue aprobado para el 2025, se han destinado $26.4 millones, para el pago de 1,481 plazas, 287 por ley de salarios y 1,194 por contratos.