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  • Asamblea prorroga por 44ª vez régimen de excepción: “Hay remanentes no capturados”

    Asamblea prorroga por 44ª vez régimen de excepción: “Hay remanentes no capturados”

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la 44ª prórroga del régimen de excepción, que mantiene suspendidos tres derechos constitucionales desde marzo de 2022 en El Salvador.

    La prórroga fue aprobada por 57 diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC; Arena no votó y Vamos votó en contra.

    Los diputados del oficialismo argumentaron que después de tres años de la implementación del régimen aún hay «remanentes no capturados».

    La nueva prórroga inicia este 2 de noviembre y finaliza el 1 de diciembre de 2025.

    El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, citó la reciente captura de una supuesta pandillera como prueba de que “hay remanentes todavía” “que no se han capturado”. “Por eso la necesidad de seguir aprobando el régimen de excepción”, indicó.

    «Hace dos días fue capturada esta pandillera que salió en ese documental de La Vida Loca, esto hace dos días, fue capturada esta peligrosa pandillera, en San Martín. Esto quiere decir que hay remanentes, todavía hay remanentes de pandilleros que no han sido capturados y existe la necesidad de seguir prorrogando el régimen de excepción», aseguró.

    Navarro cuestionó “de dónde nace” el argumento de la oposición que “ya no se necesita el régimen de excepción” y señaló que los trataban como “actores de Hollywood”.

    El diputado Walter Alemán, también de la bancada cian, aseguró que ha habido 932 días sin homicidios desde la aprobación del régimen de excepción y 89,875 capturados, además de 1,046 días sin homicidios durante la gestión del gobierno actual.

    Por su parte, la diputada Claudia Toledo, también de Nuevas Ideas, aseguró que gracias al régimen ahora tranquilidad en el país.

    «Ahora podemos andar el celular en la mano en el Centro Histórico. Hoy por hoy estamos creciendo en todas las áreas y queremos seguirlo haciendo y vamos a seguir apoyando lo bueno. Este régimen de excepción nos permite vivir tranquilos», expresó Toledo.

    La votación fue nominal y pública en la que los diputados oficialistas y aliados, como ya es costumbre, se levantaron para aplaudir por la aprobación de la nueva prórroga.

  • Raquel de Guevara reelecta como procuradora de derechos humanos, diputadas Villatoro y Ortiz la señalan de "cómplice"

    Raquel de Guevara reelecta como procuradora de derechos humanos, diputadas Villatoro y Ortiz la señalan de «cómplice»

    La Asamblea Legislativa reeligió, en medio de una polémica, a la actual procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, para que siga en el cargo por tres años más.

    Caballero fue propuesta por Nuevas Ideas y sus aliados, PCN y PDC, coincidieron en la propuesta.

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, defendió el proceso de elección diciendo que respetaron los parámetros que exige la Constitución.

    «Los parámetros que exige la Constitución, para las preguntas en estas entrevistas, son principios son democracia, pluralismo, participación, publicidad y transparencia, estos son los principios que deben de regir los procesos de elección de segundo grado», dijo.

    Según la diputada, la Comisión Política «hace un trabajo previo» de entrevistas, verificar datos de los candidatos, pero «quienes tienen la potestad de decir sobre los candidatos de segundo grado somos el pleno legislativo, conformado por todos los diputados electos, tomar la decisión de quién será el nuevo procurador de derechos humanos», detalló la diputada.

    No explicó cómo tomaron la decisión de optar por Raquel Caballero de Guevara y descartar a los otros cuatro candidatos.

    Luego, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, también «en la sintonía de la diputada Callejas» para defender la transparencia del proceso de elección que se siguió para elegir titular de la PDDH.

    «Es un proceso transparente y ha sido responsable, y en nombre de la Comisión Política quiero proponer a la doctora Raquel Caballero de Guevara para que siga al frente de la institución», dijo Guevara.

    El diputado Serafín Orantes, del PCN, pidió la palabra.

    Anunció que respaldan «la propuesta del diputado Guevara y su total apoyo a la doctora Raquel Caballero de Guevara como procuradora para los próximos tres años».

    También coincidió el diputado Reinaldo Carballo, del PDC.

    «Como diputado del partido de la nueva Democracia Cristiana, hemos analizado y revisado el perfil de la doctora Raquel Caballero de Guevara y estamos de acuerdo que sea ella quien ocupe el cargo de procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos», dijo.

    Tampoco explicó cómo llegaron a la decisión de optar por la candidata. «En uso de las facultades que me confiere la Constitución y el Reglamento Interior de esta Asamblea Legislativa, deseo manifestar que también proponemos a la doctora Raquel Caballero de Guevara, para que ocupe el cargo de procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos», manifestó Carballo.

    Oposición señalan a PDDH: «encubrimiento», «complicidad» y «útil al régimen»

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, en uso de la palabra, y como parte de la Comisión Política, dijo que si bien es cierto se entrevistó a los candidatos y se conocieron los perfiles es necesario que los salvadoreños sepan sobre la elección, por la funcionaria debe velar por los derechos humanos de los salvadoreños.

    «Dijo varias respuestas que nosotros consideramos que no cumplen lo necesario, porque fueron respuestas de una persona que encubría, que se volvía cómplice y que silenciaba la realidad de los derechos humanos en el país. Por ejemplo, yo le pregunté si había casos de personas sufriendo tortura y ella me decía que no; entre otras cosas, nosotros pudimos comprobar que sí habían casos de tortura en nuestro país, que incluso la CIDH y otras instituciones han podido corroborar y es por eso que nosotros como grupo parlamentario no acompañaremos a la procuradora actual en su reelección», aseveró la diputada Villatoro.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, expresó que este día «es muy triste para  la democracia en El Salvador y para la protección de la dignidad humana en nuestro país», cuestionando la falta de idoneidad de la procuradora para seguir en el cargo.

    «Estamos hablando que en este momento es el Estado salvadoreño y que ha sido señalado a nivel internacional en repetidas ocasiones es el que ha sido señalado como mayor violador de los derechos humanos de la sociedad civil en El Salvador», señaló Ortiz.

    La diputada de Vamos mencionó que hay más de 400 muertes documentadas bajo custodia del Estado en un contexto de «masivas detenciones arbitrarias» de personas sin vínculos con el crimen organizado ni con las pandillas y una  suspensión de las garantías constitucionales que vive El Salvador por más de tres años.

    «La institución que fue creada desde Los Acuerdos de Paz, para que vigilara y acompañara a los ciudadanos salvadoreños para defenderse del Estado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido una institución ausente y cómplice», aseveró Ortiz.

    La diputada de Vamos aseguró que la procuradora Raquel de Guevara «deja en evidencia que ha sido útil» al régimen.

    «Lo último que ha hecho esta titular es estar del lado de las víctimas, ha estado del lado del perpetrador y ha sido útil a este régimen, porque ha intentado tapar esas violaciones, pero no se puede tapar el sol con un dedo y El Salvador está siendo reconocido como un país violador de derechos humanos», aseveró.

    Nuevas Ideas habla sobre «derechos de la gente honrada»

    Sin referirse a Raquel de Guevara, la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, pidió la palabra para defender el proceso de entrevistas de los candidatos y los derechos «de la gente honrada».

    «Aquí es importante decir que si se contestaron las preguntas o se contestaron de la forma que a mí me hubiera gustado, los salvadoreños pueden escuchar las entrevistas», dijo.

    También se refirió a la actividad de los pandilleros en el país antes del régimen de excepción.

    «Durante 30 años, pasamos siendo acribillados, violados, renteados, amenazados, viviendo en la zozobra y de pronto agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, tienen derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, eso dijo el presidente Nayib Bukele hace algún tiempo y coincido en que El Salvador vive una nueva realidad, donde se respetan los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora. El verdadero Estado violador fue el que abandonó a su gente y permitió que las pandillas controlaran su territorio «, respondió Rivas.

    También, agregó que «algunas personas» «solo dicen no» y no proponen.

    Villatoro señala a Caballero de «genuflexa»

    La diputada Villatoro pidió nuevamente la palabra, para reiterar que la reelección de la procuradora no es la correcta por «los informes de torturas y de violaciones de derechos humanos» que existen en El Salvador y que «están documentados».

    Villatoro recalcó que «nadie está justificando lo que han hecho mareros, todos queremos que sigan presos, estamos velando por las personas que no han cometido delito, que tienen carta de liberación y no han sido liberadas por este sistema. Dejen de manipular a la gente… Y dejen de justificar la elección de una persona que no ha hecho nada y necesitan a alguien que  no haya hecho nada, y necesitan que sea cómplice, que guarde silencio, una persona genuflexa, que solo diga que sí, porque un verdadero procurador de derechos humanos no le importa quién esté en el poder, va a velar por la gente, le guste o no le guste al gobierno, aquí nadie está defendiendo mareros, estamos hablando por el salvadoreño de bien».

    Luego, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, dijo que «la mayoría manda» y que le dan cumplimiento de lo que «la ley dice», y que si «algunos les gusta y a otros no, pero se respetan los pensamientos, que no se comparten es otra cosa», defendió.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, solicitó el uso de la palabra para recalcar que no se conocieron los expedientes completos de los candidatos sino solo un resumen.

    Ortiz pregunta por qué es la idónea

    La representante de Vamos dijo pidió a Nuevas Ideas explicar «las razones por qué la candidata reelecta es la más idónea. ¿Por qué esa persona ha hecho un gran trabajo según ustedes?».

    Rivas intervino y con celular en mano aseguró que hay un video en «donde están los expedientes de los candidatos», «hasta la foto», dijo. La diputada Ortiz no le respondió.

    Finalmente, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación la reelección de la procuradora, quien fue reelecta en el cargo con 57 votos a favor y tres en contra. La funcionaria fue juramentada por el diputado Castro.

  • Asamblea incorpora $149 millones de títulos valores a presupuesto de Hacienda, oposición cuestiona endeudamiento

    Asamblea incorpora $149 millones de títulos valores a presupuesto de Hacienda, oposición cuestiona endeudamiento

    La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos a favor, de Nuevas Ideas y aliados, y tres votos en contra de Arena y Vamos, incorporar al ramo de Hacienda $149 millones, que provienen de títulos valores por $1,500 millones emitidos en 2024.

    De esos $1,550 millones emitidos, se colocaron y se incorporaron $1,200 millones al ramo de Hacienda, en septiembre de 2024, por lo que ahora «se requiere», argumenta el documento de incorporación de los $149 millones, «para necesidades generales del Presupuesto del Estado y/o la financiación de operaciones de manejo de pasivos».

    Según el decreto, «se incrementa en el rubro de agrupación 31 Endeudamiento Público, Cuenta 311 Colocaciones de Títulos Valores en el Mercado Nacional, la Fuente Específica 31101 Bonos del Estado con la cantidad de $149,625,000.

    En el Apartado III – Gastos, se refuerzan las asignaciones vigentes del ramo de Hacienda, en las diferentes líneas de trabajo de la Unidad Presupuestaria 13 Obligaciones Generales del Estado.

    Las diputadas de Arena y Vamos cuestionan el constante endeudamiento por parte del Legislativo y las aprobaciones que da el oficialismo y la falta de transparencia, ya que no se da «ninguna» especificación de plazo del crédito, ni a qué rubro van los recursos .

    «Aquí no dice ni de plazo, ni de cuánto, ni para dónde, esto es una falta total de transparencia, para la población salvadoreña que desconoce hacia donde van los recursos de todas las emisiones de bonos que este gobierno ha estado haciendo y es lamentable, porque al final de cuentas es más deuda que la van pagando las futuras generaciones», señaló la diputada Marcela Villatoro, de Arena.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, cuestionó que «en la Asamblea» están viendo «que hay muchos procedimientos que no se hacen bien, al aprobar leyes, al aprobar préstamos» y «que todas las semanas se aprueban préstamos y más préstamos y cuando los decretos vienen sin suficiente información, lo que queda claro que le están ocultando información a la gente».

    «Hay algo que estos diputados y el grupo que gobierna no quieren que la gente sepa, que no sepa cómo se está manejando el dinero, cómo están manejando el endeudamiento o cuál es el costo que va a implicar para nosotros y las próximas generaciones este endeudamiento descontrolado que están generando semana, tras semana», aseveró Ortiz.

    En el decreto y tal como fue leído en el pleno por el diputado Giovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas.

    En el documento, no se especifica el detalle de las «obligaciones generales del Estado» que se cubrirán con los $149 millones.

     

  • Polémica entre Vamos y Nuevas Ideas por supuesta prohibición de exclusión financiera a personas “con antecedentes”

    Polémica entre Vamos y Nuevas Ideas por supuesta prohibición de exclusión financiera a personas “con antecedentes”

    En la discusión de la «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva», la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, señaló que «no puede ser» que en la misma ley se le prohíba a la banca excluir de productos o servicios financieros a quienes tengan antecedentes de lavado de activos.

    La diputada Rivas, durante la aprobación de la normativa, criticó que el inciso final del artículo 10 prohíba que los bancos excluyan de productos financieros a personas «con antecedentes».

    «Dice: o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o sus delitos generadores. Antecedentes, ¿es en serio? Esta ley, que busca evitar, le está diciendo a los sujetos obligados en materia financiera que no deben excluir a quienes tengan antecedentes», criticó.

    Inciso último del artículo 10 de la nueva Ley contra el lavado de activos.

    Rivas calificó la nueva ley de «ambigua» y «discrecional», y prevé posibles «arbitrariedades». «Aquí no han puesto si hubiera sido condenado, entonces, van a obligar a un banco a que le dé un préstamo, que le dé una tarjeta de crédito a alguien que tenga antecedentes de lavado de dinero. ¿Es en serio? Porque aquí dice, o antecedentes relacionados, esta ley no puede quedar así. ¿Ya leyeron eso? Esto es grave, esto debe volver a la Comisión», insistió.

    La diputada de Vamos criticó que, dentro de los sujetos obligados, excluyen a hoteleras, empresas constructoras. «Y acaso se nos ha olvidado casos recientes de un personaje como José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, hoteles, ¿verdad?, y por lavado de dinero», cuestionó.

    Según una publicación de El Faro, del 7 de abril de 2017, Salazar fue excluido de la lista de capos internacionales “relevantes” para Estados Unidos, luego de haber sido considerado como tal.

    «Es el que es criminal ve cómo hacerla para hacer sus delitos pero es obligación de nosotros como diputados hacer leyes que funcionen, que sean efectivas y no permitan arbitrariedades. Una vez más les pregunto: ¿estamos haciendo una ley para prevenir, detectar, vigilar y sancionar el lavado de dinero o es una ley para beneficiar a alguien? Lo digo porque lean esos artículos. ¿Para quién se está haciendo esta ley?», les dijo, en el pleno.

    «No tergiversemos el artículo»

    El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, solicitó la palabra y respondió a modo de aclaración que lo que dice el artículo 10 se refiere a noticias, no a antecedentes penales.

    «No constituirá causal de exclusión para el acceso a productos o servicios financieros a una personas natural o jurídica, por el hecho que mediante la aplicación de medidas de debida diligencia se identifiquen noticias periodísticas, referencias, inclusión de listas internas, inclusión de sujeto obligado, señalamientos y luego dice ‘o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento al terrorismo o financiamiento a armas de destrucción masiva o sus generadores’, cuando habla de antecedentes, es que haya sido mencionado, ahí está, en alguna nota periodística, no que haya sido vencido en juicio, ni condenado», expresó.

    El diputado de Nuevas Ideas aseguró que el artículo 10 «está claro».

    «Aquí en El Salvador, todos sabemos, que antes los medios de comunicación les pagaban y les decían ‘mirá, tirame una noticia que diga que este lava dinero’ y por esa información periodística y tendenciosa los bancos y las instituciones les negaban créditos a los salvadoreños, tarjetas de crédito, etcétera», señaló.

    «Entonces, el artículo está diciendo que, si a usted un periódico (dice) que usted es lavador de dinero, usted tiene que ser vencido en juicio para que sea incluido. Es que el inciso último viene hablando de las notas periodísticas, no viene hablando que haya sido condenado por lavado de dinero», reiteró Navarro, quien señaló que buscan que los bancos no se basen en la «rumorología» «o por dolo a un salvadoreño porque salió en una nota periodística».

    Luego, el diputado de Nuevas Ideas citó el artículo 12 de la Constitución de la República que dice: «Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa».

    No tergiversemos el artículo. El artículo 10 no está hablando que queden excluidos los que hayan sido condenados formalmente. El artículo 10 está hablando sobre la inclusión de salvadoreños o empresas que queda terminantemente prohibido que sea excluidos del sistema financiero en base a un rumorología, una nota periodística o alguna nota de algún medio de comunicación».

    Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

    La diputada Rivas pidió nuevamente la palabra y sugirió lectura comprensiva del artículo 10. Reiteró que todos saben qué significa «antecedentes» y les pidió a sus colegas ser «responsables en las leyes que se aprueban».

    «Lectura comprensiva. Nos dice el Código Civil que la ley es la que manda, prohíbe o permite. La ley debe ser clara, tengamos respeto por nuestra ciudadanía, porque bien entiende lo que es un antecedente y el artículo ya lo leyó él dos veces, lo leí yo, y hasta las comas: noticias periodísticas, referencias, inclusión de listas internas, inclusión de sujeto obligado, señalamientos y luego dice o antecedentes relacionados con lavado de activos». Cesia Rivas, diputada de Vamos.

    Rivas indicó que le llama la atención que Nuevas Ideas hable «de la presunción de inocencia» y dijo que la bancada oficial únicamente «puyan el botón».

    «Si cuando conviene sacamos la Constitución, pero han creado un artículo 14, que pareciera que cambiamos la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad. Colegas diputados seamos responsables de las leyes que aquí se aprueban… No es solo puyar el botón», indicó.

    Marcela Villatoro prevé arbitrariedad y habla de «magos»

    Temprano, en horas de la mañana, la diputada Marcela Villatoro en declaraciones a la prensa consideró que la ley es un «retroceso» y que aplicará a conveniencia.

    «Lastimosamente esta ley se la van a aplicar a quienes a ellos les conviene y no a la propia gente de ellos y es que nos hemos dado cuenta todos de la gran cantidad de magos que han resultado en los últimos tiempos de este gobierno, personas que vivían en San Martín y hoy resulta que tienen hasta seis propiedades, o personas que vivían fuera de San Salvador y hoy tienen propiedades de más de $500,000, entre otras cosas; y esta es la forma que querer encubrir a sus familiares, porque esa es la forma que este tipo de mafias lavan el dinero, así que esto es un retroceso, en lugar que permitir que la ley tenga un gran alcance», señaló Villatoro.

    La nueva ley excluye a familiares de personas políticamente expuestas, a las hoteleras, a inversionistas extranjeros, farmacéuticas, a exportadores e importadores de armas de fuego, lo que la diputada de Arena dijo que en lugar de reducir a los sujetos obligados, debió ampliarse.

    «En el tema de las constructoras, antes formaban parte de los sujetos obligados de la ley y ahora han sido excluidas, ¿por qué?, a veces el lavado de dinero es parte de estos casos, entonces, considero que el excluirlas no es una forma muy transparente en el proceder de esta ley. Creo que, en lugar de restringirla, debió únicamente ampliarse más sujetos y someter a revisión cada dos años para ver si es necesario incluir más sujetos», dijo.

    Vamos señala «presunción de culpabilidad»

    Antes de la plenaria, la diputada Rivas señaló discrecionalidad y ambigüedad en la ley y advirtió que era necesario que la ley regresara a estudio a la Comisión y no fuera aprobada.

    «La discrecionalidad con la que se está actuando, en el articulo 14 hablan de una presunción de culpabilidad, es decir que toda persona que presuntamente del ente supervisor crea que hay un delito, van a comenzar con la tercera gravedad, que es las medidas cautelares, que van a congelar los fondos de la persona, es una ley ambigua, con vacíos», expuso.

    Rivas cuestionó que en las reformas excluyen a sujetos obligados que debieron haberse dejado los sujetos obligados suprimidos para evitar vacíos.

    «Por un lado están incluyendo contadores, abogados y por otro excluyen a inversionistas extranjeros, ¿qué se busca?, ¿perseguir el delito o beneficiar a alguien? También excluyeron a los importadores y exportadores de armas de fuego, lo cual es muy grave, porque alguien va a poder invertir en esa área, ¿con qué dinero?», señaló.

    La reforma fue aprobada en el pleno con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC, Vamos y Arena no votaron.

  • Oposición dice procuradora no debe ser reelecta y no ve elegibles al resto de candidatos

    Oposición dice procuradora no debe ser reelecta y no ve elegibles al resto de candidatos

    Los diputados de oposición, de los partidos Arena y Vamos, no están de acuerdo en que la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, busque la reelección, ya que señalan que no ha desempeñado su papel en defensa de los derechos humanos y que en la entrevista que le realizaron los diputados de la Comisión Política, el pasado 6 de septiembre, «ella mintió».

    «La Procuraduría debe ser una voz de denuncia fuerte ante las arbitrariedades del poder. Ella mintió al decir que no ha recibido ningún caso de tortura y aquí tenemos un caso de tortura muy claro, que es del señor José Leonidas Bonilla Torres, que es un sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, que fue capturado en abril de 2022 y muerto con tortura, en septiembre de 2022, hay un caso abierto, el número del caso es 01002022, bajo la vigencia del régimen de excepción. Este es uno de tantos casos de tortura, que no sé por qué ella mintió en la Comisión, además la ley indica que se puede investigar de oficio», cuestionó el diputado de Arena, Francisco Lira.

    El diputado dice que esta elección no busca la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños, sino «tapar los abusos» del gobierno.

    «Lo que vimos en la comisión es que lo que busca esta elección no busca fortalecer la institución, sino que buscar garantizar todos los abusos del poder que está haciendo este gobierno y no garantizar la dignidad humana. Mi voto va a ser en contra de la reelección de la procuradora, porque este solo es un formalismo que está haciendo Nuevas Ideas para tener una persona ad hoc, para cubrir todos los abusos del poder que tiene este gobierno».

    Francisco Lira, diputado de Arena.

    Por su parte la diputada, Marcela Villatoro, también de Arena, quien es parte de la Comisión Política, le reprocha a Caballero de Guevara la denuncia por supuesto nepotismo que se le conoció en 2018 y por el que fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por su silencio ante denuncias de violaciones de derechos humanos en régimen de excepción, de desaparición de personas y que «no está comprometida con el tema de los derechos humanos».

    «Le hicimos la pregunta sobre los gastos reservados dentro de la PDDH y fue una pregunta que no le gustó y que los puso en reserva porque le habían llegado muchas peticiones y que eso la incomodó, porque sintió con mala intención, pero le dijimos que todos los gastos deben ser transparentes y públicos. Por otro lado, le preguntamos sobre el caso de que ella había ascendido a una hija de su esposo dentro de la institución y que fue demanda por el TEG, su respuesta fue que sí, que fue condenada por ese hecho y que ella ya pagó la multa, pero eso no quiere decir que el hecho no se haya dado y que pagar la multa sea suficiente», señaló Villatoro.

    La diputada  también le preguntó por el seguimiento a personas capturadas bajo el régimen y con carta de libertad.

    «Su respuesta fue que sí, pero no dio ningún detalle, ni cuántas personas, nada; también, si le había dado seguimiento a personas desaparecidas, como el caso de Carlos Abarca y no supo dar respuesta; también sobre el caso COSAVI, que sí había recibido las cartas en la que los afectados le pedían audiencia, aceptó que sí, pero que no les había dado respuesta y que espera dar algún tipo de pronunciamiento», relató.

    Según Villatoro, «fue una entrevista donde se notó que ella no está comprometida en el tema de los derechos humanos de los salvadoreños y no está lista para continuar».

    Sobre los otros candidatos, la diputada de Arena cree que está «complicado» elegir a alguno, ya que no observaron en ninguno a un profesional que trabaje en defensa de los derechos humanos.

    «Los otros candidatos trataron de hacer sus propuestas, pero sí está complicado, es una decisión bastante difícil, porque no pudimos ver a una personas que realmente trabaje de forma fehaciente en defensa de los derechos humanos de los salvadoreños, aunque parece ser que la reelegirán a ella. Creo que aquí vamos a tener un problema muy grande en los próximos años con respecto a la protección de los derechos».

    Marcela Villatoro (Arena).

    La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, dijo que tampoco apoyan reelección de Caballero de Guevara y que es «lamentable» que las posturas de los candidatos no están de lado de las víctimas de violación de derechos humanos.

    «Es lamentable que las posturas de los candidatos no están del lado de la defensa de los derechos humanos, sino que se vieron inclinadas hacia un régimen de excepción, hacia negar torturas, negar muertes, y negar todas las violaciones a los derecho humanos», criticó.

    Si es reelecta la actual procuradora, sin duda es porque le es útil al oficialismo, porque hemos tenido una PDDH ausente con las víctimas y asolapando toda la vulneración a los derechos humanos».

    Cesia Rivas, diputada de Vamos.

    La diputada de Vamos tampoco ve a otro candidato idóneo dentro de los cinco aspirantes. «Lamentablemente en la presentación, en las preguntas que se les hicieron, había un sesgo determinado de más que acompañar a las víctimas, estar del lado del Estado, cuando la PDDH lo que debe buscar es ser ese intermediario para evitar abusos».

    La Asamblea Legislativa debe elegir al nuevo procurador antes del 15 de octubre, que es cuando finaliza el período de la actual procuradora.

  • Presidente de CSSP promete “más transparencia" al autorizar centros de salud privados; Arena señala “concentración de poder”

    Presidente de CSSP promete “más transparencia» al autorizar centros de salud privados; Arena señala “concentración de poder”

    El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó la reforma dictaminada el lunes para suprimir la participación de las juntas de vigilancia de las profesiones médicas en el proceso de autorización de establecimientos de salud privados en El Salvador.

    La reforma fue aprobada mediante dos dictámenes favorables de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente. Será aprobada en una próxima sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, la más cercana está programada para este miércoles.

    El presidente del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), Daniel Quinteros, explicó que las juntas de vigilancia se reúnen cuatro veces al mes, por lo que el trámite de autorización, traslado o modificación de un centro privado de salud se prolonga hasta un mes. El diputado Juan Rodríguez (Nuevas Ideas) dijo que los trámites incluso se prolongan tres meses. Con la reforma, ofrecen reducir el trámite de autorización de hospitales o clínicas privadas en cinco días.

    Presidente y técnicos del Consejo Superior de Salud en la Comisión de Salud. / Asamblea.

    El presidente del CSSP destacó que muchos profesionales de la salud hacen sus inversiones y están esperando las autorizaciones de sus establecimientos. «El médico, la enfermera, el laboratorista clínico está invirtiendo dinero en un establecimiento, ha hecho préstamos para poder comprar el equipo, al pasar esos 30 días, hace que su primer mes es pérdida, a veces su segundo mes es pérdida también», argumentó. «La idea es reducirla a cinco días», indicó.

    El funcionario explicó que el CSSP busca siempre cumplir con la garantía de inspección que ofrecen actualmente las juntas de vigilancia.

    «Concentrar el poder»

    El diputado Francisco Lira, de Arena, cuestionó la eliminación y reclamó «más respeto» ante risas de diputados de Nuevas Ideas. Al respecto el diputado Saúl Mancía, de Nuevas Ideas, dijo que iba a dar «su aporte lo más serio posible» y felicitó al CSSP.

    Lira aseguró que durante el gobierno actual «eliminan la contraparte de la sociedad civil» y que el tema no es que el médico privado no tenga tiempo para estar en las reuniones de juntas de la profesión, sino que haya una participación «tripartita» como lo dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    «Cuando están eliminando un rol histórico de las juntas de vigilancia y concentrar todas las atribuciones en el Consejo, obviamente reduciendo los contrapesos técnicos y gremiales. ¿Acaso el objetivo mayor será concentrar el poder político en el Consejo y no generar una incidencia de independencia administrativa y de calidad?», le preguntó Lira al presidente del CSSP.

    La salud no puede ser un instrumento de control del poder. Por eso hoy en la Comisión de Salud debemos preguntarnos si estas reformas están realmente orientadas a mejorar la atención a los salvadoreños o si buscan concentrar decisiones en manos del Ejecutivo.

    Francisco Lira, diputado de Arena.

    El presidente del CSSP respondió que ahora los inspectores de las juntas de vigilancia trabajarán directamente con el CSSP, solo que «no esperarán toda esa tramitología»; y que «no hay una concentración de poder per sé» ya que el CSSP y las juntas de vigilancia «son de elección gremial».

    «No hay una concentración de poder per sé (en sí mismo)… Todos ellos son grandes profesionales y son independientes en sus argumentaciones y resoluciones… (Los inspectores de las juntas de vigilancia) siguen siendo trabajadores del Consejo y están con nosotros de manera más directa».

    Daniel Quinteros, presidente del CSSP.

    Quinteros aseguró que la reforma busca que «las compañías y las personas naturales cumplan las reglas» y prometió más transparencia.

    «Nosotros vamos a ejercer un control que sea más transparente del trabajo que ellos (inspectores de las juntas de vigilancia) hacen, verificar que ellos estén sujetos a las reglas, que se acompañen conforme al instrumento disponible tanto para el usuario como para el profesional, de manera que no haya una discrecionalidad en cuanto al instrumento que se pasa a la hora de hacer la inspección», prometió.

    La reforma al Código de Salud y a la Ley del CSSP y juntas de vigilancia eliminará el requisito de tener un «informe favorable de la junta de vigilancia» correspondiente para que el CSSP autorice un establecimiento de salud privado, con el objetivo de reducir el plazo de resolución de 30 a 5 días hábiles.

    Con la reforma, también el CSSP tendría la facultad de regular los otros servicios privados de salud que, según el presidente de CSSP, se refieren a servicios de ambulancia, enfermería, médicos o de cuidados de adultos mayores ofrecidos a domicilio a la población por personas o empresas.

  • Oposición aún no sabe cuánto les asignarán a diputados en presupuesto 2026

    Oposición aún no sabe cuánto les asignarán a diputados en presupuesto 2026

    Las diputadas Marcela Villatoro, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos, aún desconocen cuáles serán las asignaciones presupuestarias para la operatividad de cada diputado, y si estas se mantendrán en $8,500 mensuales.

    La Asamblea Legislativa, así como otros dos órganos de Estado, deben tener listo su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026.

    «Nosotros, como no tenemos participación en Junta Directiva y esa es decisión de Junta Directiva, ellos nos envían una nota a nosotros diciéndonos cuánto es el presupuesto de funcionamiento de la fracción; y con eso es con lo que nosotros trabajamos, son $8,500 con la reducción que se hizo y con ese presupuesto, hemos estado funcionando», explicó Villatoro.

    Según la legisladora de Arena, la asignación con actual de $8,500 mensuales se les notificó en diciembre de 2024.

    «No sé si alguien tiene más o tiene menos. Creo que, con lo que pasó aquella vez, creo que todo eso se solventó», afirmó.

    La diputada se refirió a la polémica por las asignaciones presupuestarias a los diputados cuando se reveló que Vamos tenía un presupuesto de $20,000 mensuales y el resto de diputados, $13,500 mensuales.

    Al consultarle esta vez a la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, si conoce cómo vendrá el presupuesto de la Asamblea Legislativa para 2026 y las asignaciones presupuestarias, dijo desconocer esa información.

    «No tenemos información al respecto, eso tiene que definirlo quienes tienen la competencia para hacerlo», respondió la diputada Ortiz, refiriéndose a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.

    La Asamblea tiene hasta el 31 de septiembre para publicar su presupuesto.

    Periodistas han preguntado a miembros de la Junta Directiva como a la diputada Elisa Rosales; y al presidente del Legislativo, Ernesto Castro, ambos de Nuevas Ideas, pero no han respondido al respecto.

  • ARENA espera que presidente de ANDA “realmente resuelva" problemas como escasez de agua y mal servicio

    ARENA espera que presidente de ANDA “realmente resuelva» problemas como escasez de agua y mal servicio

    Ante el nombramiento de Dagoberto Arévalo Herrera como nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), los diputados de Arena dicen que esperan que el funcionario sí «dé respuesta» a la población  los problemas de escasez de agua y de aumento en cobros.

    «Bueno, ha sido sorpresa para todos, ANDA está igual que otras instituciones que a cada rato está cambiando de persona encargada, pero ojalá que sea alguien que sí resuelva los problemas de la gente y que les llegue el agua a todas las comunidades, porque hay muchas quejas y también en el área metropolitana de San Salvador que se les va constantemente el agua en sus colonias y comunidades», señaló la diputada Marcela Villatoro.

    Por su parte, su colega, el diputado Francisco Lira, cuestionó el trabajo que ha venido realizando la autónoma.

    «ANDA ha dejado mucho que desear en los últimos meses y esperamos que con este funcionario que llegue realmente escuche al pueblo salvadoreño, porque la escasez de agua que existe en la zona metropolitana del gran San Salvador es grande, hay una crisis hídrica y no se ha encontrado ninguna solución», señaló Lira.

    Lira también cuestionó el aumento de las facturas de la ANDA que les llega a muchas personas sin aviso; «y no solo de agua, también de energía eléctrica y mucha gente se queja del mal servicio que da el gobierno en sus carteras de Estado».

    El nuevo presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo Herrera, es un técnico de la ANDA que fungía como director planificación, regulación y desarrollo de la institución estatal encargada de administrar y de cobrar las tarifas de agua potable a la mayor parte del territorio nacional. Sustituye a Jorge Castaneda, quien fungió como presidente de la autónoma a partir del 20 de agosto de 2024.

  • Arena y Vamos dudan de que haya habido 1,000 días sin homicidios

    Arena y Vamos dudan de que haya habido 1,000 días sin homicidios

    El 30 de agosto el gobierno aseguró que llegó a los 1,000 días sin homicidios en El Salvador. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, dijo hoy que no hay seguridad de que esa cifra sea real ya que el gobierno «miente» en sus datos.

    «Habría que ver qué tan confiables son las cifras del gobierno porque, si en unas cosas miente, en esto no podemos estar seguros», dijo la diputada opositora.

    Ortiz cuestionó que hay denuncias sobre homicidios ocurridos en cárceles y que es responsabilidad del Estado indagar al respecto.

    «Creo que la responsabilidad del Estado es también indagar sobre denuncias y muertes documentadas y reportadas por diversas organizaciones, porque aquí hay responsabilidades qué deducir y un Estado realmente democrático no admite que haya un margen de error, no admite que hayan problemas en las cárceles sin hacer nada, realmente urge una reparación a las víctimas», señaló.

    En mayo, Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que 396 personas capturadas bajo el régimen de excepción han muerto en las cárceles y, de acuerdo con los registros que la organización posee, el 94 % de los reos no tenían un perfil de pandillero y fallecieron sin haber sido presentados ante un juez tras su captura.

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, dijo que por una persona menos es de alegrarse; sin embargo, tampoco cree en la veracidad de la cantidad que divulga el gobierno, por todas las reservas de información que hay.

    «Aunque sea un persona menos pues a cualquiera de los salvadoreños nos alegra, ahora que sea esa cantidad lo desconocemos, porque recordemos que toda la información se encuentra en reserva. Entonces, se desconoce si realmente han sido 1,000 días, pero todo lo que sea en beneficio del pueblo está bien», comentó.

  • Oposición propone prohibir reelección indefinida y minería metálica, NI responde que faltan firmas para reforma constitucional

    Oposición propone prohibir reelección indefinida y minería metálica, NI responde que faltan firmas para reforma constitucional

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió derogar la reforma a la Constitución aprobada el 31 de julio con la cual se pretende habilitar la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

    La petición fue realizada luego de la solicitud del diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, para prorrogar el régimen de excepción por 30 días más. Guevara pidió a los diputados de Arena no ausentarse durante la votación.

    La diputada de Arena, que suele abstenerse en las votaciones por el régimen de excepción, reclamó que la junta directiva de la Asamblea les cambia el voto, ya que en mayo pasado los votos de Arena fueron registrados “en contra” cuando votaron en “abstención”.

    “Nos cambian el voto y votan como ustedes quieren, no como nosotros hemos decidido como diputados… Quieren exponer a los diputados. Son tan cínicos y chabacanes que lo que hacen es que nos andan persiguiendo, que ya ni al baño podemos ir, cuando ustedes pasan horas, días y plenarias que ni siquiera asisten”, reclamó la legisladora de oposición.

    Explicó que no interponen una demanda de inconstitucionalidad porque no es una Sala independiente. “Si no estuviera secuestrada por este gobierno, ese voto que ustedes cambiaron, fuera inconstitucional. La Constitución es clara, esa Constitución ustedes la agarran como que fuera cualquier cosa”, señaló. En su intervención también aclaró que no están a favor de que los pandilleros sean puestos en libertad.

    “Nadie quiere sacar libre a ningún pandillero, los pandilleros deben estar presos, es un compromiso de todos no permitir que ellos vuelvan a las calles, dejen de tergiversar información. Nadie quiere volver a ese pasado, es un compromiso que tenemos que tener”. Marcela Villatoro (Arena).

    El diputado presidente, Ernesto Castro, aseguró que han actuado «de una manera legal», que en la Asamblea Legislativa «hay solo dos formas de votar, a favor o en contra» y que no están facultados para interpretar la Constitución de la República.

    ¿Usted cree que nos vamos a detener porque ‘fíjese que a mí no me gusta’. Hasta el día de ahora, nosotros vamos a seguir tomando las decisiones de una manera legal”. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.

    Villatoro presentó en el pleno la propuesta de reforma constitucional para derogar las reformas aprobadas el 31 de julio. “Yo no puedo recibir una solicitud si no viene acompañada de 10 firmas”, le respondió Castro.

    La diputada Claudia Ortiz aseguró en pleno que estaba dispuesta a firmar la solicitud de acuerdo constitucional propuesto por Arena y aprovechó para solicitar otra reforma constitucional para prohibir la minería en El Salvador.

    “Cuando consigan las otras ocho, con todo gusto, nosotros les vamos a aceptar ambas solicitudes”. Ernesto Castro, diputado presidente de la Asamblea Legislativa.

    La reforma constitucional para supuestamente permitir la reelección presidencial indefinida fue aprobada el 31 de julio antes de las vacaciones de agosto. Mientras, la ley de prohibición de la minería metálica fue aprobada el 23 de diciembre de 2024, antes de Navidad, en la aprobación de una Ley general de minería metálica.