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  • Oposición dice procuradora no debe ser reelecta y no ve elegibles al resto de candidatos

    Oposición dice procuradora no debe ser reelecta y no ve elegibles al resto de candidatos

    Los diputados de oposición, de los partidos Arena y Vamos, no están de acuerdo en que la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, busque la reelección, ya que señalan que no ha desempeñado su papel en defensa de los derechos humanos y que en la entrevista que le realizaron los diputados de la Comisión Política, el pasado 6 de septiembre, «ella mintió».

    «La Procuraduría debe ser una voz de denuncia fuerte ante las arbitrariedades del poder. Ella mintió al decir que no ha recibido ningún caso de tortura y aquí tenemos un caso de tortura muy claro, que es del señor José Leonidas Bonilla Torres, que es un sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, que fue capturado en abril de 2022 y muerto con tortura, en septiembre de 2022, hay un caso abierto, el número del caso es 01002022, bajo la vigencia del régimen de excepción. Este es uno de tantos casos de tortura, que no sé por qué ella mintió en la Comisión, además la ley indica que se puede investigar de oficio», cuestionó el diputado de Arena, Francisco Lira.

    El diputado dice que esta elección no busca la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños, sino «tapar los abusos» del gobierno.

    «Lo que vimos en la comisión es que lo que busca esta elección no busca fortalecer la institución, sino que buscar garantizar todos los abusos del poder que está haciendo este gobierno y no garantizar la dignidad humana. Mi voto va a ser en contra de la reelección de la procuradora, porque este solo es un formalismo que está haciendo Nuevas Ideas para tener una persona ad hoc, para cubrir todos los abusos del poder que tiene este gobierno».

    Francisco Lira, diputado de Arena.

    Por su parte la diputada, Marcela Villatoro, también de Arena, quien es parte de la Comisión Política, le reprocha a Caballero de Guevara la denuncia por supuesto nepotismo que se le conoció en 2018 y por el que fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por su silencio ante denuncias de violaciones de derechos humanos en régimen de excepción, de desaparición de personas y que «no está comprometida con el tema de los derechos humanos».

    «Le hicimos la pregunta sobre los gastos reservados dentro de la PDDH y fue una pregunta que no le gustó y que los puso en reserva porque le habían llegado muchas peticiones y que eso la incomodó, porque sintió con mala intención, pero le dijimos que todos los gastos deben ser transparentes y públicos. Por otro lado, le preguntamos sobre el caso de que ella había ascendido a una hija de su esposo dentro de la institución y que fue demanda por el TEG, su respuesta fue que sí, que fue condenada por ese hecho y que ella ya pagó la multa, pero eso no quiere decir que el hecho no se haya dado y que pagar la multa sea suficiente», señaló Villatoro.

    La diputada  también le preguntó por el seguimiento a personas capturadas bajo el régimen y con carta de libertad.

    «Su respuesta fue que sí, pero no dio ningún detalle, ni cuántas personas, nada; también, si le había dado seguimiento a personas desaparecidas, como el caso de Carlos Abarca y no supo dar respuesta; también sobre el caso COSAVI, que sí había recibido las cartas en la que los afectados le pedían audiencia, aceptó que sí, pero que no les había dado respuesta y que espera dar algún tipo de pronunciamiento», relató.

    Según Villatoro, «fue una entrevista donde se notó que ella no está comprometida en el tema de los derechos humanos de los salvadoreños y no está lista para continuar».

    Sobre los otros candidatos, la diputada de Arena cree que está «complicado» elegir a alguno, ya que no observaron en ninguno a un profesional que trabaje en defensa de los derechos humanos.

    «Los otros candidatos trataron de hacer sus propuestas, pero sí está complicado, es una decisión bastante difícil, porque no pudimos ver a una personas que realmente trabaje de forma fehaciente en defensa de los derechos humanos de los salvadoreños, aunque parece ser que la reelegirán a ella. Creo que aquí vamos a tener un problema muy grande en los próximos años con respecto a la protección de los derechos».

    Marcela Villatoro (Arena).

    La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, dijo que tampoco apoyan reelección de Caballero de Guevara y que es «lamentable» que las posturas de los candidatos no están de lado de las víctimas de violación de derechos humanos.

    «Es lamentable que las posturas de los candidatos no están del lado de la defensa de los derechos humanos, sino que se vieron inclinadas hacia un régimen de excepción, hacia negar torturas, negar muertes, y negar todas las violaciones a los derecho humanos», criticó.

    Si es reelecta la actual procuradora, sin duda es porque le es útil al oficialismo, porque hemos tenido una PDDH ausente con las víctimas y asolapando toda la vulneración a los derechos humanos».

    Cesia Rivas, diputada de Vamos.

    La diputada de Vamos tampoco ve a otro candidato idóneo dentro de los cinco aspirantes. «Lamentablemente en la presentación, en las preguntas que se les hicieron, había un sesgo determinado de más que acompañar a las víctimas, estar del lado del Estado, cuando la PDDH lo que debe buscar es ser ese intermediario para evitar abusos».

    La Asamblea Legislativa debe elegir al nuevo procurador antes del 15 de octubre, que es cuando finaliza el período de la actual procuradora.

  • Presidente de CSSP promete “más transparencia" al autorizar centros de salud privados; Arena señala “concentración de poder”

    Presidente de CSSP promete “más transparencia» al autorizar centros de salud privados; Arena señala “concentración de poder”

    El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó la reforma dictaminada el lunes para suprimir la participación de las juntas de vigilancia de las profesiones médicas en el proceso de autorización de establecimientos de salud privados en El Salvador.

    La reforma fue aprobada mediante dos dictámenes favorables de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente. Será aprobada en una próxima sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, la más cercana está programada para este miércoles.

    El presidente del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), Daniel Quinteros, explicó que las juntas de vigilancia se reúnen cuatro veces al mes, por lo que el trámite de autorización, traslado o modificación de un centro privado de salud se prolonga hasta un mes. El diputado Juan Rodríguez (Nuevas Ideas) dijo que los trámites incluso se prolongan tres meses. Con la reforma, ofrecen reducir el trámite de autorización de hospitales o clínicas privadas en cinco días.

    Presidente y técnicos del Consejo Superior de Salud en la Comisión de Salud. / Asamblea.

    El presidente del CSSP destacó que muchos profesionales de la salud hacen sus inversiones y están esperando las autorizaciones de sus establecimientos. «El médico, la enfermera, el laboratorista clínico está invirtiendo dinero en un establecimiento, ha hecho préstamos para poder comprar el equipo, al pasar esos 30 días, hace que su primer mes es pérdida, a veces su segundo mes es pérdida también», argumentó. «La idea es reducirla a cinco días», indicó.

    El funcionario explicó que el CSSP busca siempre cumplir con la garantía de inspección que ofrecen actualmente las juntas de vigilancia.

    «Concentrar el poder»

    El diputado Francisco Lira, de Arena, cuestionó la eliminación y reclamó «más respeto» ante risas de diputados de Nuevas Ideas. Al respecto el diputado Saúl Mancía, de Nuevas Ideas, dijo que iba a dar «su aporte lo más serio posible» y felicitó al CSSP.

    Lira aseguró que durante el gobierno actual «eliminan la contraparte de la sociedad civil» y que el tema no es que el médico privado no tenga tiempo para estar en las reuniones de juntas de la profesión, sino que haya una participación «tripartita» como lo dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    «Cuando están eliminando un rol histórico de las juntas de vigilancia y concentrar todas las atribuciones en el Consejo, obviamente reduciendo los contrapesos técnicos y gremiales. ¿Acaso el objetivo mayor será concentrar el poder político en el Consejo y no generar una incidencia de independencia administrativa y de calidad?», le preguntó Lira al presidente del CSSP.

    La salud no puede ser un instrumento de control del poder. Por eso hoy en la Comisión de Salud debemos preguntarnos si estas reformas están realmente orientadas a mejorar la atención a los salvadoreños o si buscan concentrar decisiones en manos del Ejecutivo.

    Francisco Lira, diputado de Arena.

    El presidente del CSSP respondió que ahora los inspectores de las juntas de vigilancia trabajarán directamente con el CSSP, solo que «no esperarán toda esa tramitología»; y que «no hay una concentración de poder per sé» ya que el CSSP y las juntas de vigilancia «son de elección gremial».

    «No hay una concentración de poder per sé (en sí mismo)… Todos ellos son grandes profesionales y son independientes en sus argumentaciones y resoluciones… (Los inspectores de las juntas de vigilancia) siguen siendo trabajadores del Consejo y están con nosotros de manera más directa».

    Daniel Quinteros, presidente del CSSP.

    Quinteros aseguró que la reforma busca que «las compañías y las personas naturales cumplan las reglas» y prometió más transparencia.

    «Nosotros vamos a ejercer un control que sea más transparente del trabajo que ellos (inspectores de las juntas de vigilancia) hacen, verificar que ellos estén sujetos a las reglas, que se acompañen conforme al instrumento disponible tanto para el usuario como para el profesional, de manera que no haya una discrecionalidad en cuanto al instrumento que se pasa a la hora de hacer la inspección», prometió.

    La reforma al Código de Salud y a la Ley del CSSP y juntas de vigilancia eliminará el requisito de tener un «informe favorable de la junta de vigilancia» correspondiente para que el CSSP autorice un establecimiento de salud privado, con el objetivo de reducir el plazo de resolución de 30 a 5 días hábiles.

    Con la reforma, también el CSSP tendría la facultad de regular los otros servicios privados de salud que, según el presidente de CSSP, se refieren a servicios de ambulancia, enfermería, médicos o de cuidados de adultos mayores ofrecidos a domicilio a la población por personas o empresas.

  • Oposición aún no sabe cuánto les asignarán a diputados en presupuesto 2026

    Oposición aún no sabe cuánto les asignarán a diputados en presupuesto 2026

    Las diputadas Marcela Villatoro, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos, aún desconocen cuáles serán las asignaciones presupuestarias para la operatividad de cada diputado, y si estas se mantendrán en $8,500 mensuales.

    La Asamblea Legislativa, así como otros dos órganos de Estado, deben tener listo su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026.

    «Nosotros, como no tenemos participación en Junta Directiva y esa es decisión de Junta Directiva, ellos nos envían una nota a nosotros diciéndonos cuánto es el presupuesto de funcionamiento de la fracción; y con eso es con lo que nosotros trabajamos, son $8,500 con la reducción que se hizo y con ese presupuesto, hemos estado funcionando», explicó Villatoro.

    Según la legisladora de Arena, la asignación con actual de $8,500 mensuales se les notificó en diciembre de 2024.

    «No sé si alguien tiene más o tiene menos. Creo que, con lo que pasó aquella vez, creo que todo eso se solventó», afirmó.

    La diputada se refirió a la polémica por las asignaciones presupuestarias a los diputados cuando se reveló que Vamos tenía un presupuesto de $20,000 mensuales y el resto de diputados, $13,500 mensuales.

    Al consultarle esta vez a la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, si conoce cómo vendrá el presupuesto de la Asamblea Legislativa para 2026 y las asignaciones presupuestarias, dijo desconocer esa información.

    «No tenemos información al respecto, eso tiene que definirlo quienes tienen la competencia para hacerlo», respondió la diputada Ortiz, refiriéndose a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.

    La Asamblea tiene hasta el 31 de septiembre para publicar su presupuesto.

    Periodistas han preguntado a miembros de la Junta Directiva como a la diputada Elisa Rosales; y al presidente del Legislativo, Ernesto Castro, ambos de Nuevas Ideas, pero no han respondido al respecto.

  • ARENA espera que presidente de ANDA “realmente resuelva" problemas como escasez de agua y mal servicio

    ARENA espera que presidente de ANDA “realmente resuelva» problemas como escasez de agua y mal servicio

    Ante el nombramiento de Dagoberto Arévalo Herrera como nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), los diputados de Arena dicen que esperan que el funcionario sí «dé respuesta» a la población  los problemas de escasez de agua y de aumento en cobros.

    «Bueno, ha sido sorpresa para todos, ANDA está igual que otras instituciones que a cada rato está cambiando de persona encargada, pero ojalá que sea alguien que sí resuelva los problemas de la gente y que les llegue el agua a todas las comunidades, porque hay muchas quejas y también en el área metropolitana de San Salvador que se les va constantemente el agua en sus colonias y comunidades», señaló la diputada Marcela Villatoro.

    Por su parte, su colega, el diputado Francisco Lira, cuestionó el trabajo que ha venido realizando la autónoma.

    «ANDA ha dejado mucho que desear en los últimos meses y esperamos que con este funcionario que llegue realmente escuche al pueblo salvadoreño, porque la escasez de agua que existe en la zona metropolitana del gran San Salvador es grande, hay una crisis hídrica y no se ha encontrado ninguna solución», señaló Lira.

    Lira también cuestionó el aumento de las facturas de la ANDA que les llega a muchas personas sin aviso; «y no solo de agua, también de energía eléctrica y mucha gente se queja del mal servicio que da el gobierno en sus carteras de Estado».

    El nuevo presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo Herrera, es un técnico de la ANDA que fungía como director planificación, regulación y desarrollo de la institución estatal encargada de administrar y de cobrar las tarifas de agua potable a la mayor parte del territorio nacional. Sustituye a Jorge Castaneda, quien fungió como presidente de la autónoma a partir del 20 de agosto de 2024.

  • Arena y Vamos dudan de que haya habido 1,000 días sin homicidios

    Arena y Vamos dudan de que haya habido 1,000 días sin homicidios

    El 30 de agosto el gobierno aseguró que llegó a los 1,000 días sin homicidios en El Salvador. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, dijo hoy que no hay seguridad de que esa cifra sea real ya que el gobierno «miente» en sus datos.

    «Habría que ver qué tan confiables son las cifras del gobierno porque, si en unas cosas miente, en esto no podemos estar seguros», dijo la diputada opositora.

    Ortiz cuestionó que hay denuncias sobre homicidios ocurridos en cárceles y que es responsabilidad del Estado indagar al respecto.

    «Creo que la responsabilidad del Estado es también indagar sobre denuncias y muertes documentadas y reportadas por diversas organizaciones, porque aquí hay responsabilidades qué deducir y un Estado realmente democrático no admite que haya un margen de error, no admite que hayan problemas en las cárceles sin hacer nada, realmente urge una reparación a las víctimas», señaló.

    En mayo, Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que 396 personas capturadas bajo el régimen de excepción han muerto en las cárceles y, de acuerdo con los registros que la organización posee, el 94 % de los reos no tenían un perfil de pandillero y fallecieron sin haber sido presentados ante un juez tras su captura.

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, dijo que por una persona menos es de alegrarse; sin embargo, tampoco cree en la veracidad de la cantidad que divulga el gobierno, por todas las reservas de información que hay.

    «Aunque sea un persona menos pues a cualquiera de los salvadoreños nos alegra, ahora que sea esa cantidad lo desconocemos, porque recordemos que toda la información se encuentra en reserva. Entonces, se desconoce si realmente han sido 1,000 días, pero todo lo que sea en beneficio del pueblo está bien», comentó.

  • Oposición propone prohibir reelección indefinida y minería metálica, NI responde que faltan firmas para reforma constitucional

    Oposición propone prohibir reelección indefinida y minería metálica, NI responde que faltan firmas para reforma constitucional

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió derogar la reforma a la Constitución aprobada el 31 de julio con la cual se pretende habilitar la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

    La petición fue realizada luego de la solicitud del diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, para prorrogar el régimen de excepción por 30 días más. Guevara pidió a los diputados de Arena no ausentarse durante la votación.

    La diputada de Arena, que suele abstenerse en las votaciones por el régimen de excepción, reclamó que la junta directiva de la Asamblea les cambia el voto, ya que en mayo pasado los votos de Arena fueron registrados “en contra” cuando votaron en “abstención”.

    “Nos cambian el voto y votan como ustedes quieren, no como nosotros hemos decidido como diputados… Quieren exponer a los diputados. Son tan cínicos y chabacanes que lo que hacen es que nos andan persiguiendo, que ya ni al baño podemos ir, cuando ustedes pasan horas, días y plenarias que ni siquiera asisten”, reclamó la legisladora de oposición.

    Explicó que no interponen una demanda de inconstitucionalidad porque no es una Sala independiente. “Si no estuviera secuestrada por este gobierno, ese voto que ustedes cambiaron, fuera inconstitucional. La Constitución es clara, esa Constitución ustedes la agarran como que fuera cualquier cosa”, señaló. En su intervención también aclaró que no están a favor de que los pandilleros sean puestos en libertad.

    “Nadie quiere sacar libre a ningún pandillero, los pandilleros deben estar presos, es un compromiso de todos no permitir que ellos vuelvan a las calles, dejen de tergiversar información. Nadie quiere volver a ese pasado, es un compromiso que tenemos que tener”. Marcela Villatoro (Arena).

    El diputado presidente, Ernesto Castro, aseguró que han actuado «de una manera legal», que en la Asamblea Legislativa «hay solo dos formas de votar, a favor o en contra» y que no están facultados para interpretar la Constitución de la República.

    ¿Usted cree que nos vamos a detener porque ‘fíjese que a mí no me gusta’. Hasta el día de ahora, nosotros vamos a seguir tomando las decisiones de una manera legal”. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.

    Villatoro presentó en el pleno la propuesta de reforma constitucional para derogar las reformas aprobadas el 31 de julio. “Yo no puedo recibir una solicitud si no viene acompañada de 10 firmas”, le respondió Castro.

    La diputada Claudia Ortiz aseguró en pleno que estaba dispuesta a firmar la solicitud de acuerdo constitucional propuesto por Arena y aprovechó para solicitar otra reforma constitucional para prohibir la minería en El Salvador.

    “Cuando consigan las otras ocho, con todo gusto, nosotros les vamos a aceptar ambas solicitudes”. Ernesto Castro, diputado presidente de la Asamblea Legislativa.

    La reforma constitucional para supuestamente permitir la reelección presidencial indefinida fue aprobada el 31 de julio antes de las vacaciones de agosto. Mientras, la ley de prohibición de la minería metálica fue aprobada el 23 de diciembre de 2024, antes de Navidad, en la aprobación de una Ley general de minería metálica.

  • Fallece el exvicepresidente Enrique Borgo Bustamante

    Fallece el exvicepresidente Enrique Borgo Bustamante

    El exvicepresidente de la República (1994-1999), Enrique Borgo Bustamante, murió la noche del miércoles a dos días de cumplir 97 años, confirmaron fuentes cercanas a la familia.

    Borgo Bustamante ocupó el cargo de la vicepresidencia durante la administración del expresidente, también fallecido, Armando Calderón Sol, donde también fue ministro de la Presidencia.

    Pero su vida en la política había iniciado en 1960 como secretario privado de una junta de gobierno y luego fue primer designado de la presidencia de Carlos Humberto Romero.

    Abogado, Notario y Economista graduado de la Licenciatura de Ciencias Económicas, obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, ambos por la Universidad Nacional de El Salvador. Adicionalmente curso Post Grado en Finanzas Públicas Derecho Civil y Mercantil en la Universidad de Roma, Italia.

    Abogado de profesión y empresario, asesor legal de diversas instituciones privadas y públicas y también fue presidente ejecutivo de TACA International Airlines.

    Durante el gobierno de Alfredo Cristiani fue asesor de la misión de El Salvador en la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York y también fue embajador en España entre 2004 y 2009.

    Borgo Bustamante fue crítico de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1993, ocurrido en 2016, y recomendó aplicar la Ley de Reconciliación de 1992.

    Sus restos serán velados en funerales Montelena, en Antiguo Cuscatlán y sus funerales serán este viernes 22 de agosto, el día que cumplía 97 años.

  • Unánime aprobación de exenciones para plantas de energía y de tratamiento de aguas en ríos Acelhuate y Chilama

    Unánime aprobación de exenciones para plantas de energía y de tratamiento de aguas en ríos Acelhuate y Chilama

    La Asamblea Legislativa aprobó dos decretos especiales que exoneran de impuestos la instalación de una planta de generación de energía eléctrica con biogás en el río Acelhuate, en San Salvador Centro, y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del alcantarillado en La Libertad.

    El primer decreto es «Disposiciones especiales, transitorias y complementarias para el proyecto Instalación de una planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelhuate ubicado en el municipio de San Salvador Centro entre los distritos de Ciudad Delgado y Cuscatancingo, departamento de San Salvador». Este fue aprobado con 59 votos de todos los diputados presentes, incluidos los legisladores de oposición, Arena y Vamos.

    Las empresas involucradas en la construcción de la planta de generación de energía eléctrica con biogás en el río Acelhuate gozarán de exención de impuestos a transferencia de bienes, aranceles, transferencia de bienes raíces e IVA, en las adquisiciones, compras, contrataciones e importaciones, sí como en los trámites en el Centro Nacional de Registros.

    Los exentos serán la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), personas naturales o jurídicas involucradas como contratistas o subcontratistas a todo el proceso.

    Además, el decreto establece un plazo de 15 días hábiles para emitir lineamientos que “simplifiquen y aceleren” la emisión de los permisos necesarios en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana (Opamss), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).

    Las empresas distribuidoras de energía eléctrica deberán facilitar los ajustes para la conexión de los proyectos de extensión de red que deberán realizar en el proyecto.

    El segundo decreto se denomina «Disposiciones especiales, transitorias y complementarias para el proyecto Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del distrito y departamento de La Libertad». Este fue aprobado como dictamen 123 de la Comisión de Hacienda, con 60 votos.

    La planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del alcantarillado sanitario del distrito de La Libertad, la Libertad, será financiado por el crédito de $71.84 millones del Deutsche Bank.

    En este proyecto, se eximirán Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios para contratistas, subcontratistas, proveedores, supervisores, relacionados al proyecto; impuestos y gravámenes a la importación, Derechos Arancelarios a la Importación incluyendo el IVA, Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, Impuesto sobre la Renta a los ingresos o utilidades de socios y personas, contratistas, subcontratistas, proveedores, supervisores, incluidas las retenciones, tanto para ingresos como para la distribución de utilidades, matrícula de bienes, impuestos municipales,

    También estarán exentos los propietarios que vendan inmuebles al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) que sean necesarios para el proyecto.

    La exención se aplicará a todo el proceso de construcción de la planta, desde la planificación, el diseño, los estudios, las consultorías, la supervisión hasta la construcción, compra de maquinaria, equipos, herramientas, materiales, accesorios y repuestos, construcción de obras civiles, instalación y montaje de equipos, puesta en operación, medidas ambientales y sociales, mejoramiento de accesos, adquisición de terrenos e inmuebles, línea de distribución eléctrica, obras complementarias para todo el proyecto.

     

  • Marcela Villatoro, de Arena, critica incentivos fiscales para empresas multimillonarias

    Marcela Villatoro, de Arena, critica incentivos fiscales para empresas multimillonarias

    La diputada de Arena, Marcela Villatoro, criticó que se entreguen incentivos fiscales para empresas multimillonarias luego de la aprobación de una ley aprobada el 7 de agosto por la Asamblea Legislativa.

    «Mientras usted tiene que pagar sus impuestos  todos los meses, esta Asamblea Legislativa, este día, aprobó una ley para que aquellas empresas que quieran invertir en el país con más de $2,000 millones, no los paguen», cuestionó Villatoro.

    Se trata de la ley denominada “Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor en El Salvador” y que exonera de todo tipo de impuestos a las inversiones o patrimonios a partir de los $2,000 millones, lo que ha sido ha sido cuestionado por la diputada de derecha en un video compartido en redes sociales.

    En el video, la legisladora muestra opiniones de salvadoreños que tampoco están de acuerdo que la exención de impuestos se destine a los multimillonarios mientras los pequeños empresarios deben pagar impuestos.

    «¿Esta de acuerdo con la exoneración de impuestos para empresas con más de $2,000 millones?», fue la pregunta, a la que respondieron: «No, porque a nosotros que somos pequeña empresa no nos exoneran nada y sea como sea tenemos que declarar lo que producimos»; «no porque, si pagan los chiquitos, también tienen que pagar los grandes»; «no, porque ellos se están enriqueciendo y el pobre se está muriendo de hambre».

    «Conclusión, este gobierno está haciendo todito por beneficiar a los más ricos y dejar bien fregados a los más pobres», dice diputada.

    Villatoro mencionó que, así como la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, favorece a grandes inversionistas, debería preocuparse por aprobar propuestas que Arena ha presentado para quitarle el IVA a los productos de la canasta básica, así como quitarle impuestos a la construcción de viviendas de interés social para los más pobres, pero «esta Asamblea no ha querido aprobar ninguna de ellas», reclamó.

    Por su parte, en la sesión plenaria, el diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas, defendió argumentó que con esta ley atraerán más inversión y se generarán más empleos.

    «El objetivo principal es atraer toda la inversión nueva extranjera, que se transforme en una inyección a partir de los $2,000 millones… Si bien el régimen exonera completamente del impuesto sobre la renta a inversiones de alto valor, el país aún podría beneficiarse en otras áreas, como por ejemplo: empleos masivos y recaudación por salarios», defendió el diputado cian.

    La ley fue aprobada ese día con 56 votos, Arena no votó, Vamos votó en contra.

  • Arena renueva estatutos y presidente del Coena dice: "No se lo pondremos fácil al gobierno"

    Arena renueva estatutos y presidente del Coena dice: «No se lo pondremos fácil al gobierno»

    El partido Arena anunció este domingo que realizó su asamblea general en San Miguel y presentó a sus bases la renovación de los estatutos del partido.

    «No permitiremos que la prepotencia sustituya el respeto, ni que la imposición ahogue la democracia. Nos enfrentamos a un gobierno que ha concentrado el poder, debilitando instituciones y pisoteando libertades, pero Arena de pie, firme renovado y más fuerte que nunca. ¡No se lo pondremos fácil al gobierno! Arena es un partido de valientes y El Salvador es valiente. Arena está de pie firme y renovada, vamos a dar la batalla desde las ideas, desde la calle», afirmó el presidente del Consejo Nacional Ejecutivo de Arena (Coena), Carlos García Saade.

    El partido aseguró que con los nuevos estatutos «Arena se moderniza, para ser más transparente participativo y bien organizado», publicó el partido en sus redes sociales.

    Con esta asamblea general culminó la segunda etapa de renovación del partido Arena, aseguró el presidente del Coena, García Saade.

    García Saade también aseguró que actualmente Arena es la «única opción viable y fuerza capaz de defender la democracia». Esto en el contexto de que el 31 de julio la Asamblea Legislativa modificó la Constitución de la República para permitir una reelección presidencial indefinida.

    Ese día los dos únicos diputados que tiene el partido Arena dentro del Legislativo votaron en contra de esa modificación, hoy en la Asamblea General de Arena, de los dos solo asistió Francisco Lira mientras que Marcela Villatoro estuvo ausente.