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  • Reportan muerte de un salvadoreño en centro de inmigrantes en en Nueva Jersey, EEUU

    Reportan muerte de un salvadoreño en centro de inmigrantes en en Nueva Jersey, EEUU

    Un salvadoreño identificado como Edwin López Cornejo, de 41 años de edad, murió el pasado sábado en un Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de Nueva Jersey, informó el medio estadounidense Tampa Bay News y el periodista estadounidense Ryan Foley de Associated Press.

    De acuerdo con el informe oficial, validado por autoridades de ICE, López Cornejo falleció en el centro Delaney Hall de Newark, luego de su captura el pasado 18 de junio de este 2026.

    Según informes de la agencia, la muerte de López Cornejo, señalado por las autoridades federales por ingreso ilegal, ocurrió el pasado sábado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) precisó que el motivo oficial del deceso será determinado mediante un examen médico exhaustivo.

    Representantes del partido demócrata y organizaciones defensoras de derechos civiles en Nueva Jersey expresaron sus dudas sobre si el fallecimiento pudo haberse eludido, manifestando su escepticismo respecto a la calidad del cuidado brindado a los internos en dicha instalación con capacidad para mil personas, informó el medio floridiano.

    “Esta no es la primera muerte de un detenido en Delaney Hall, y si no se toman medidas decisivas, no será la última…He visitado personalmente las instalaciones y he presenciado estas condiciones de primera mano, por lo que lo digo claramente: Delaney Hall debe cerrarse de inmediato y de forma permanente», declaró el senador demócrata estadounidense Cory Booker por medio de un comunicado.

    La agencia federal ICE sostuvo que, durante su periodo de detención, López Cornejo contó con la asistencia sanitaria pertinente y se sometió a las revisiones de especialistas en medicina.

    De acuerdo con los registros de Associated Press, esta muerte representa el segundo ocurrido en Delaney Hall durante la presente administración del presidente Donald Trump. En diciembre, Jean Wilson Brutus, un ciudadano de origen haitiano de 41 años, perdió la vida súbitamente tras desvanecerse; los peritajes forenses establecieron que se trató de una muerte natural provocada por una obstrucción en los pulmones.

    Bajo este segundo mandato presidencial, las cifras oficiales indican que al menos 56 individuos han fallecido mientras se encontraban bajo la custodia de ICE. En el caso particular de los salvadoreños, López Cornejo es el segundo en morir en estas condiciones, precedido por Norlan Guzmán Fuentes, quien falleció en septiembre pasado durante un tiroteo contra las oficinas migratorias en Dallas.

    Ante estos hechos, la población interna en las instalaciones de Newark ha denunciado precariedades en la atención médica y en las condiciones de habitabilidad, alegando incluso que a ciertos detenidos se les restringe el acceso a medicamentos necesarios, detalló el medio de Tampa Bay.

  • Identifican al colombiano asesinado por el ICE como Johan Sebastián Durán, de 26 años

    Identifican al colombiano asesinado por el ICE como Johan Sebastián Durán, de 26 años

    El inmigrante colombiano que murió el lunes durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine fue identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, originario de Bucaramanga, en el departamento de Santander.

    Durán Guerrero había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales y residía en la ciudad de Biddeford. Su muerte ocurrió durante una intervención de agentes migratorios, un hecho que generó protestas y reclamos para que se realice una investigación independiente sobre lo sucedido.

    En declaraciones a Blu Radio, su padre, Omar Durán, aseguró que su hijo contaba con permiso de trabajo y cumplía con todos los requerimientos establecidos por las autoridades migratorias estadounidenses. «Él tenía su permiso de trabajo. (…) Iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían», afirmó.

    El padre también relató que el joven estaba casado y tenía una hija de tres años. Explicó que trabajaba durante las mañanas en una veterinaria y, por las tardes, realizaba entregas a domicilio con su vehículo para mejorar los ingresos de su familia.

    «Él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir, una persona muy joven y realmente mi hijo es un hijo maravilloso y no sé por qué le hicieron eso, (…) era una persona de bien, una persona de bien, una persona criada con valores», agregó Omar Durán.

    La Embajada de Colombia en Estados Unidos expresó sus condolencias por el fallecimiento del connacional y confirmó que brinda asistencia consular a sus familiares. Asimismo, informó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información detallada sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

    Las organizaciones Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y Presente! señalaron que Durán Guerrero tenía permiso de trabajo y número de Seguro Social, por lo que exigieron una investigación «rápida, independiente y transparente» del caso.

    El ICE sostiene que uno de sus agentes disparó después de que Durán Guerrero presuntamente intentara utilizar su vehículo como un arma contra funcionarios de la agencia. Sin embargo, testigos y videos difundidos por medios locales han puesto en duda esa versión al mostrar el automóvil desplazándose sin control tras los disparos. El caso es investigado por la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública del estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

  • Las redadas migratorias golpean negocios hispanos en EEUU, los empleados escasean

    Las redadas migratorias golpean negocios hispanos en EEUU, los empleados escasean

    Las recientes redadas migratorias ejecutadas por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el sur de Arizona han provocado el cierre indefinido de varios restaurantes hispanos, entre ellos Taco Giro, una cadena emblemática de comida mexicana que operaba con diez sucursales y que ahora solo mantiene tres abiertas.

    El operativo más reciente ocurrió el pasado 5 de diciembre, cuando ICE irrumpió en varios locales de Taco Giro fuertemente armados y arrestó a 46 trabajadores, además de incautar documentación vinculada a la contratación de empleados. César Rodríguez, director de operaciones de la cadena, aseguró que la empresa perdió de forma inmediata al 10 % de su plantilla laboral.

    “El proceso de contratar y capacitar personal nuevo es lento, sobre todo cuando hay temor entre los propios ciudadanos por sus familiares indocumentados”, explicó Rodríguez, quien también denunció la visita de agentes a los domicilios de varios empleados, lo que elevó la cifra de detenciones.

    ICE justificó el operativo alegando una investigación en curso relacionada con contratación irregular, pagos en efectivo y presuntos vínculos con delitos fiscales y tráfico de drogas. Rodríguez calificó estas acusaciones como “ridículas” y advirtió que la clientela ha dejado de acudir por temor a nuevos operativos.

    La situación se repite en otros negocios latinos. Marco Antonio López, dueño del mercado Beef Master Meat Market, también en Tucson, relató que tras una redada de ICE en marzo pasado, sus empleados no volvieron al trabajo al día siguiente, aunque no hubo arrestos.

    “Fue muy duro. Mi esposa y mis hijos tuvieron que ayudar para mantener el negocio funcionando”, contó.

    Nueve meses después, López sigue enfrentando procesos legales y podría recibir una multa millonaria. Además de los gastos en abogados, tuvo que capacitar a un empleado para cumplir con el sistema federal E-Verify, lo que supuso más inversiones en medio de la crisis.

    Un informe reciente del Los Angeles Economic Equity Accelerator and Fellowship (LEAAF) reveló que el 43 % de los empresarios hispanos en zonas afectadas por redadas reportaron pérdidas de ingresos superiores al 50 %, cifra que sube al 68 % entre quienes no dominan el inglés.

    La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, criticó con firmeza los operativos.

    “Estas redadas federales intencionadas, disruptivas y violentas no hacen a nuestra comunidad más segura”, expresó.

    Romero añadió que estas acciones afectan a trabajadores de toda la vida y golpean una economía local ya debilitada por el alza en los precios de alimentos y rentas.