Etiqueta: asilo

  • EE.UU. planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo durante «años»

    EE.UU. planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo durante «años»

    El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) propuso este viernes una norma que suspendería temporalmente la adjudicación de permisos de trabajo a solicitantes de asilo, una pausa que podría extenderse por años.

    El proyecto de regulación, presentado hoy a comentarios públicos, pondría en pausa la aceptación de solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días.

    USCIS prevé que de aprobarse el plan las nuevas solicitudes de permisos de trabajo para solicitantes de asilo «se pausarán por un período prolongado, posiblemente muchos años».

    La agencia argumentó que el plan pretende reducir el «incentivo» para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo fraudulentas para obtener permisos de trabajo.

    Un portavoz del USCIS dijo en un comunicado que las solicitudes de asilo se convirtieron en una «vía fácil» para que los inmigrantes puedan trabajar en EE.UU. legalmente, lo que ha saturado el sistema.

    «Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo», indicó sobre el plan publicado en el Registro Federal.

    USCIS argumenta que las solicitudes de permiso de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente han alcanzado un «máximo histórico», sobrecargando los recursos de la agencia, sin permitirle evaluar las peticiones.

    La propuesta también amplía a 365 días el tiempo que los solicitantes de asilo deben esperar antes de ser elegibles para solicitar un permiso de trabajo.

    De no aprobarse el plan, USCIS asegura que podría tomar entre 14 y 173 años para alcanzar un tiempo de procesamiento de 180 días para tramitar las solicitudes de asilo.

  • El primer año de Trump marcado por récord de detenciones y políticas migratorias más severas

    El primer año de Trump marcado por récord de detenciones y políticas migratorias más severas

    El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria en Estados Unidos. Con más de 622,000 deportaciones, niveles récord de detenciones y una ofensiva legal contra los programas humanitarios, el Gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por el deterioro de las condiciones humanitarias y el uso intensivo de la acción ejecutiva para imponer restricciones.

    Si bien la cifra de deportaciones está por debajo de las 778,000 registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden, expertos advierten que las consecuencias humanas y legales de las nuevas políticas migratorias podrían sentirse durante años.

    Para aumentar las cifras de repatriaciones, la Administración expulsó a cientos de migrantes a al menos 14 países distintos al de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur, una estrategia que ha sido duramente cuestionada en tribunales.

    Detenciones históricas y denuncias de abusos

    Las detenciones alcanzaron un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Según el American Immigration Council, “el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.

    Organismos como Amnistía Internacional y la ACLU han denunciado condiciones inhumanas, hacinamiento y abusos físicos y psicológicos en los centros de detención. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas, con más de 30 fallecidos bajo custodia del ICE.

    Fotografía de archivo de agentes de inmigración. EFE
    Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE

    ICE duplicó su fuerza y cambió tácticas

    El número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades demócratas como Chicago y Mineápolis, donde han sido señalados por tácticas violentas y operativos sin identificación.

    Desde que Trump regresó al poder, ICE ha realizado al menos 30 redadas con uso de armas de fuego, según el portal especializado The Trace. Además, agentes comenzaron a ocultar su rostro con pasamontañas y utilizar vehículos sin distintivos.

    Organizaciones civiles también alertan sobre el arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses detenidos por error en redadas migratorias. ICE ha extendido las detenciones a cortes de inmigración y oficinas del USCIS, afectando incluso a personas que acudían a trámites de naturalización o eran cónyuges de ciudadanos.

    Fin de programas humanitarios y amenaza al TPS

    El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, así como para anular el programa de ‘parole’ humanitario implementado por la administración Biden.

    Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente al país han quedado en riesgo de deportación.

    “Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, lamentó el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston.

    La frontera sur estadounidense reporta menos encuentros de migrantes este año. / archivo.

    Frontera más cerrada y caída en los cruces

    La eliminación del derecho a solicitar asilo —tanto en puertos como tras cruces irregulares— provocó un desplome en los cruces fronterizos, con un promedio de apenas 9,700 ingresos mensuales, la cifra más baja en cinco décadas.

    Las restricciones también alcanzaron la migración legal: se suspendieron visados en 75 países, se paralizó el programa de refugiados y se eliminó la lotería de visas de diversidad y mecanismos de reunificación familiar.

    Molina también criticó el lenguaje utilizado por las autoridades: “Cuando entras a la página de USCIS o sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”.

    El Migration Policy Institute (MPI) registró 38 órdenes ejecutivas firmadas por Trump relacionadas con migración hasta el 7 de enero de este año, lo que representa el 17 % del total emitido en su primer año. En total, el Gobierno ha ejecutado más de 500 acciones migratorias, la mayoría sin pasar por el Congreso.

    “El Gobierno impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance, que han vuelto a EE.UU. más hostil no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales”, concluyó el MPI.

  • El Vaticano confirma que intentó un acuerdo con Maduro para evitar derramamiento de sangre

    El Vaticano confirma que intentó un acuerdo con Maduro para evitar derramamiento de sangre

    El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, confirmó este sábado que la Santa Sede trabajó para lograr una solución pacífica que evitara un derramamiento de sangre en Venezuela, incluyendo gestiones diplomáticas con el presidente Nicolás Maduro y otros representantes del régimen, antes de su detención por parte de Estados Unidos.

    Parolin afirmó, al margen de un acto oficial en el Vaticano, que se intentó alcanzar un acuerdo que también había sido mencionado en algunos periódicos, en referencia a las informaciones del Washington Post sobre esfuerzos vaticanos para facilitar un salvoconducto o un destino negociado para Maduro previo a su captura.

    “Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos”, dijo Parolin, en alusión a los reportes de que el Vaticano exploró opciones como asilo en Rusia para Maduro antes de que fuera detenido por las fuerzas estadounidenses.

    El cardenal reiteró que la Iglesia siempre ha apoyado un camino pacífico para la resolución de la crisis venezolana, aunque reconoció que la situación se enfrentó “ante un hecho consumado”, tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro y su esposa.

    Parolin agregó que en Venezuela ahora existe una situación de “gran incertidumbre” y expresó su deseo de que el país evolucione “hacia la estabilidad y hacia una recuperación económica, porque la situación es muy precaria y la gente sufre”. También subrayó que es “necesaria una democratización del país”.

    Aunque el secretario de Estado no proporcionó detalles específicos sobre las gestiones diplomáticas, el diario The Washington Post publicó que el Vaticano, además de buscar posibles rutas de salida para Maduro, pidió a las autoridades estadounidenses paciencia para permitir que se exploraran opciones de asilo, incluso con garantías de seguridad auspiciadas por Rusia.

    El papa León XIV se refirió recientemente a la crisis venezolana en su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, donde instó a que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

     

     

  • Migrantes en EEUU viven una Navidad con miedo y rogando ser «invisibles» a la Migra

    Migrantes en EEUU viven una Navidad con miedo y rogando ser «invisibles» a la Migra

    Familias inmigrantes en Estados Unidos enfrentan una Navidad marcada por el miedo, la separación y la incertidumbre, ante el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha incrementado las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos puntos del país.

    En la ciudad de Tucson, Arizona, la inmigrante mexicana María Ramos pasará las fiestas sin su esposo y su hijo mayor, ambos arrestados por agentes migratorios cuando salieron a trabajar en jardinería. “Sabíamos que de un momento a otro podrían ser detenidos, pero tenían que salir a trabajar, para pagar los gastos”, relató a EFE.

    “Mi esposo y mi hijo no son criminales, nunca han hecho nada a nadie, ahora están en un centro de detenciones”, agregó Ramos, quien vive con temor de que la situación empeore para su familia.

    Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, más de 220,000 migrantes han sido arrestados por ICE, según datos del Deportation Data Project. El inicio de su segundo mandato estuvo acompañado de redadas masivas y despliegues federales en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Washington.

    Aunque Arizona, gobernada por la demócrata Katie Hobbs, no ha recibido grandes contingentes militares, los operativos migratorios son constantes. “Estas fiestas serán muy tristes, estoy pensando inclusive en quitar todos los adornos antes del día de Navidad”, confesó Ramos, quien se enteró del arresto de sus familiares cuando un amigo le dijo: “Se los llevaron”.

    La familia llevaba 25 años viviendo de forma irregular en EE.UU. y tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses, quienes ahora temen que la detención del padre derive en el arresto de su madre.

    Una situación similar enfrenta la venezolana Ana Moran, de 29 años, residente en Arizona, cuyo esposo permanece detenido desde agosto en la cárcel del condado de Pima, acusado sin pruebas de un robo mientras realizaba entregas de comida. “No entiendo en qué momento dicen que mi esposo cometió este delito si yo siempre iba con él”, afirmó.

    La pareja ingresó a Estados Unidos hace dos años y medio tras solicitar asilo mediante la aplicación CBP One, implementada durante la administración de Joe Biden. Actualmente, esa misma plataforma es promovida por el Gobierno Trump para incentivar la autodeportación, ofreciendo $1,000 y la promesa de un eventual retorno legal.

    Ante el riesgo de que su esposo sea deportado, Moran admite que contempla salir voluntariamente del país, pese a tener permiso de trabajo y una solicitud de asilo en trámite. La falta de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas agrava su situación. “No tenemos un consulado donde pedir ayuda, si ICE nos deporta no sabemos a qué país nos mandarían”, dijo.

    Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde el 20 de enero casi dos millones de migrantes se han autodeportado, mientras que más de 600,000 han sido expulsados por la fuerza.

    Moran y su familia deben presentarse ante una corte migratoria en mayo, pero teme que los problemas legales de su esposo afecten su caso. “Cuando salgo a la calle le pido a Dios: hazme invisible, hazme invisible, para regresar con mis hijos”, concluyó.

     

  • Abogado de salvadoreño Kilmar Ábrego denuncia persecución política del Gobierno de EE.UU.

    Abogado de salvadoreño Kilmar Ábrego denuncia persecución política del Gobierno de EE.UU.

    El abogado Simon Sandoval-Moshenberg, defensor legal del salvadoreño Kilmar Ábrego, aseguró en entrevista con la cadena pública NPR que el Gobierno de Estados Unidos continúa ejerciendo presión contra su cliente, pese a que un tribunal federal dictaminó que fue detenido y deportado ilegalmente.

    Ábrego, de 30 años, fue capturado por agentes de inmigración en marzo y deportado a El Salvador, a pesar de tener una orden judicial que suspendía su expulsión por considerar que su vida estaba en peligro. En su país fue ingresado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel construida para pandilleros y símbolo de la «guerra» del presidente Nayib Bukele contra las maras.

    Durante la entrevista, Sandoval-Moshenberg confirmó que Ábrego se reunió con su esposa e hijo tras ser liberado recientemente. “Fue un reencuentro extremadamente emotivo”, afirmó. “Ha estado privado de libertad desde marzo”.

    El abogado reveló que su cliente estuvo dispuesto desde el inicio a ser trasladado a Costa Rica, país que le ofreció estatus de refugiado. Sin embargo, el Gobierno estadounidense se negó. “El juez usó ese dato como una de las pruebas para demostrar que no lo mantenían detenido para deportarlo, sino simplemente para encerrarlo”, explicó.

    Ábrego fue retornado a Estados Unidos el 6 de junio tras una fuerte presión social y órdenes de la Corte Suprema, pero inmediatamente fue acusado por la Fiscalía de tráfico de personas, lo que llevó a su reclusión en una cárcel de Tennessee. La nueva imputación incluye el supuesto traslado de migrantes, algunos con vínculos con pandillas.

    Actualmente, enfrenta tres procesos simultáneos: un caso penal en Tennessee, una demanda civil en Maryland donde se impugna su deportación, y una petición de asilo ante una corte migratoria. El juicio penal está previsto para julio de 2025, y recientemente se obtuvo una orden judicial que impide su recaptura inmediata por parte del ICE.

    El Departamento de Seguridad Nacional calificó como “sin base legal” la orden de liberación, y prometió combatirla “con uñas y dientes” en los tribunales. El abogado Sandoval-Moshenberg lamentó esa postura y declaró que “la familia ha sufrido lo suficiente” y que “el fallo de la jueza es sólido y resistirá una apelación”.

    Para el abogado, el caso va más allá del debate migratorio: “Se trata de una lucha entre el poder y la ley. El Gobierno no puede actuar por encima de la Constitución”. Acusó a la administración del presidente Donald Trump de intentar deportar a Ábrego a países africanos como Uganda o Liberia, con los que el salvadoreño no tiene ninguna conexión.

    Ábrego, quien llegó a EE.UU. siendo adolescente y reside en Maryland con su esposa e hijos ciudadanos estadounidenses, permanece en libertad bajo protección judicial mientras define si solicitará formalmente asilo. La decisión, según su abogado, dependerá únicamente de él.

     

  • Juez de EE.UU. evalúa liberar al salvadoreño Kilmar Ábrego

    Juez de EE.UU. evalúa liberar al salvadoreño Kilmar Ábrego

    Una jueza federal en Maryland prometió este jueves emitir pronto un fallo sobre la posible liberación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error en marzo y que permanece bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

    El caso ha causado controversia desde que se reveló que su expulsión violó un acuerdo judicial previo. Abrego García fue retornado a Estados Unidos en junio y, desde entonces, el gobierno busca deportarlo a una serie de países africanos. Sus abogados denuncian que el sistema migratorio se está usando como represalia por la vergüenza que implicó admitir la deportación equivocada.

    La jueza Paula Xinis emitió anteriormente una orden que impide su remoción inmediata, pero el Departamento de Seguridad Nacional solicitó levantar esa medida para ejecutar su deportación. En la audiencia del jueves, John Cantu, agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), respaldó la propuesta de enviarlo a Liberia.

    Abrego García, quien tiene una esposa e hijo estadounidenses y reside en Maryland desde hace años, ingresó ilegalmente al país siendo adolescente. En 2019, un juez migratorio dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador por razones de seguridad. Desde entonces, el gobierno ha propuesto enviarlo a países como Uganda, Esuatini, Ghana y ahora Liberia, ignorando su disposición a ser deportado a Costa Rica, país que había garantizado permitirle residir libremente.

    Durante la audiencia, Cantu afirmó que la deportación a Costa Rica “no es una opción por el momento”, sin brindar mayores explicaciones. Los abogados del salvadoreño alegan que no existe una orden final de deportación en su expediente y que mantenerlo en detención indefinida es ilegal.

    Xinis pareció coincidir. “No se puede fingir tener una orden. Tiene que existir”, dijo la jueza. Añadió que resolverá el caso “lo más pronto posible”, aunque reconoció que se trata de asuntos complejos.

    Incluso si es liberado, el gobierno continuará intentando deportarlo. Abrego García ha solicitado reabrir su caso migratorio para pedir asilo, aunque no hay garantía de que le sea concedido.

    Tras la audiencia, su abogado Simon Sandoval-Moshenberg criticó la postura del gobierno. “No puedo entender por qué seguimos peleando este caso y por qué él sigue tras las rejas, cuando pudieron enviarlo a Costa Rica hace meses”, declaró.

     

  • Gobierno de Trump busca acelerar la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego a país africano

    Gobierno de Trump busca acelerar la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego a país africano

    El gobierno de Donald Trump, solicitó anular una orden judicial que impide la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño actualmente detenido en Pensilvania, para proceder con su traslado a Liberia, un país de África Occidental. Las autoridades estadounidenses argumentan que el gobierno del país africano ofreció garantías de que no será torturado ni perseguido.

    En una serie de documentos presentados durante la noche del viernes, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) aseguró que la solicitud de asilo de Ábrego García fue rechazada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), tras una entrevista reciente en la que su reclamo por temor a tortura o persecución fue desestimado.

    El DOJ sostiene que la medida cautelar que bloquea su deportación debe eliminarse, ya que Liberia ha dado su consentimiento para recibirlo bajo condiciones seguras. A su vez, los abogados del gobierno señalaron que el recurso legal de Abrego García es improcedente, ya que el salvadoreño es parte de una demanda colectiva en Massachusetts relacionada con deportaciones a terceros países.

    “Incluso si los méritos fueran correctamente presentados, las alegaciones del peticionario fracasan”, afirmó el Departamento de Justicia. “La Constitución no garantiza al peticionario un proceso más allá del que las ramas políticas han decidido ofrecer”.

    Ábrego García vivía en Maryland con su esposa e hijos antes de ser deportado en marzo pasado a El Salvador, específicamente a la megacárcel CECOT, a pesar de una orden judicial de 2019 que impedía su envío a ese país debido a riesgos de persecución. Sin embargo, fue devuelto a EE.UU. en junio para enfrentar cargos por tráfico de personas en Tennessee, caso en el que se ha declarado no culpable.

    Las autoridades estadounidenses lo identifican como miembro de la pandilla MS-13 y han defendido su expulsión alegando que responde “al interés público”. Familiares y abogados de Ábrego han negado esas acusaciones.

    Por su parte, la defensa legal solicitó a la jueza federal Paula Xinis que suspenda su deportación a Liberia hasta que un juez de inmigración evalúe adecuadamente la decisión del USCIS.

    “El Gobierno insiste en que la conclusión sin fundamentos de un solo oficial migratorio—que determinó que Ábrego García no demostró que es “más probable que no” que será torturado o perseguido en Liberia—satisface el debido proceso. No lo hace”, argumentaron los abogados del detenido.

    Además, cuestionaron que las autoridades estadounidenses hayan rotado hasta cuatro países como destinos alternativos de deportación —Uganda, Esuatini, Ghana y ahora Liberia— sin ofrecer “la notificación, audiencia y evaluación individualizada que exige el debido proceso”.

    El equipo legal también denunció que el gobierno ignoró la “designación estatutaria” de Costa Rica, país que en el pasado expresó su disposición a recibir a Ábrego García como refugiado o residente, y que había sido previamente considerado como destino viable.

    Actualmente, Kilmar Ábrego García permanece bajo custodia en un centro de detención en el estado de Pensilvania, mientras su futuro migratorio se debate en los tribunales.

     

  • Jueza en EE.UU. exige garantías para no deportar a salvadoreño Kilmar Ábrego antes de audiencia

    Jueza en EE.UU. exige garantías para no deportar a salvadoreño Kilmar Ábrego antes de audiencia

    Una jueza federal en Maryland exigió este lunes garantías al gobierno de Estados Unidos de que no deportará al salvadoreño Kilmar Ábrego Garcia mientras se mantenga vigente una orden judicial que impide su expulsión del país. La medida se da luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificara su intención de enviarlo a Liberia tan pronto como este viernes.

    Ábrego Garcia, quien reside desde hace años en Maryland, está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de un hijo nacido en EE.UU. Migró ilegalmente al país durante su adolescencia y, en 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra una deportación a El Salvador, debido a una amenaza creíble de violencia por parte de una pandilla que atacó a su familia.

    Sin embargo, a inicios de este año fue deportado por error a El Salvador, donde fue recluido en el CECOT  a pesar de no tener antecedentes penales. Su caso provocó una ola de indignación contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En junio, y tras la presión mediática y una orden judicial, la administración lo regresó a territorio estadounidense.

    Durante una audiencia celebrada este lunes, la jueza Paula Xinis cuestionó por qué el gobierno no lo deporta a Costa Rica, país que, según la defensa de Ábrego Garcia, ha ofrecido recibirlo como inmigrante legal sin riesgo de repatriación a El Salvador.

    “¿Por qué seguimos con esta audiencia si podrían enviarlo mañana mismo a un tercer país?”, cuestionó la magistrada al equipo legal del gobierno.

    Los fiscales federales Drew C. Ensign y Jonathan Guynn no ofrecieron una respuesta concreta, pero indicaron que el tema podría aclararse en futuras presentaciones judiciales. Mientras tanto, ICE está preparando una entrevista para evaluar el temor expresado por Ábrego Garcia de ser deportado a Liberia.

    Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó que han recibido algunos documentos clasificados con promesas del gobierno liberiano sobre su tratamiento, pero no consideran suficientes dichas garantías. Incluso insinuó que Liberia solo estaría dispuesto a recibirlo temporalmente.

    El caso también ha puesto nuevamente en el centro del debate los acuerdos de deportación de Estados Unidos con terceros países, criticados por organizaciones defensoras de derechos humanos que advierten que estas políticas violan el debido proceso y exponen a los migrantes a graves riesgos. Aunque en junio la Corte Suprema permitió deportaciones aceleradas a terceros países, la legalidad de estos traslados sigue en disputa.

    Paralelamente, Ábrego Garcia enfrenta un proceso penal en Tennessee, donde fue acusado de tráfico de personas tras su retorno en junio. Él se ha declarado inocente y ha solicitado al juez la desestimación de los cargos. La audiencia para decidir sobre esa solicitud está programada para la próxima semana.

    La jueza Xinis cuestionó que ICE pretenda deportarlo justo antes de esa vista judicial. “No parece coincidencia que quieran removerlo antes de la audiencia penal”, dijo, y recalcó que su orden judicial sigue vigente. “Si no levanto la medida, ¿están comprometidos a cumplirla y no lo van a deportar?”, preguntó al equipo gubernamental, quienes confirmaron que respetarán la decisión.

    Ábrego Garcia también mantiene abierta una solicitud de asilo en la corte de inmigración.

     

  • Casi 200 salvadoreños han pedido protección internacional a España en lo que va de 2025

    Casi 200 salvadoreños han pedido protección internacional a España en lo que va de 2025

    Casi 200 salvadoreños han interpuesto solicitudes de protección internacional en España desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2025 según revela el último informe publicado por el Ministerio del Interior de esa nación europea.

    El reporte ubica a El Salvador en la posición 26 del ranking de países cuyos ciudadanos han pedido más protección en España durante nueve meses de este año, con 194 solicitudes de salvadoreños que buscan asilo.

    Las solicitudes de salvadoreños representan el 0.17 % del total de peticiones de asilo recibidas por el Ministerio del Interior. En total, España ha recibido 108,649 peticiones de protección de 118 países en lo que va del año. El país con más solicitudes es Venezuela con 63,326.

    Los 5 países con más solicitudes de asilo:

    1. Venezuela 63,326 solicitudes.
    2. Colombia 11,845 solicitudes.
    3. Mali 11,321 solicitudes.
    4. Senegal 2,951 solicitudes.
    5. Perú 2,937 solicitudes.

    Por otro lado, en cuenta a quienes han obtenido el estatus de refugiados, el Ministerio del Interior registra a 290 salvadoreños con protección según la propuesta de resolución que fue enviada a la Comisión Interministerial de Asilo y refugio de España.

    Además, las autoridades españolas reportan solo a un connacional con protección subsidiaria y otros 19 casos que fueron catalogados que poseen razones humanitarias para la protección internacional. Se reportaron otros 19 casos archivados y 692 desfavorables.

    En general, la mayoría de los solicitantes son hombres con 63,733 peticiones de asilo y 44,916 de mujeres, quienes en su mayoría tienen edades que van desde los 18 a los 34 años de edad. El grupo etario con menos peticionarios es de más de 65 con solo 1,327 solicitudes.

  • Tribunales de inmigración de EEUU suman 14,809 órdenes de deportación de salvadoreños en siete meses de 2025

    Tribunales de inmigración de EEUU suman 14,809 órdenes de deportación de salvadoreños en siete meses de 2025

    Los tribunales de inmigración de Estados Unidos han resuelto órdenes de remoción o deportación contra un total de 14,809 salvadoreños de enero a julio de 2025, casi el doble de los 8,793 del mismo periodo de 2024, según las cifras oficiales recopiladas por trareports.org.

    En contraste, en el mismo periodo del presente año, los tribunales de inmigración estadounidenses han emitido apenas 1,323 resoluciones de alivio o protección migratoria, una baja del 24.5 % respecto al mismo periodo de 2024.

    En total, 28,084 salvadoreños han pasado por tribunales de inmigración de Estados Unidos de enero a julio de 2025 por casos o procesos de deportación. Un año antes y en los mismos meses habían sido 38,179 connacionales.

    Tracreports.org, una organización que proporciona datos de las agencias federales estadounidenses, muestra en un gráfico tres alzas notables de órdenes de tribunales de inmigración de deportación contra salvadoreños desde 1999.

    La mayor alza ocurrió entre septiembre de 2005 y agosto de 2006, cuando los tribunales resolvieron deportar a más de 5,000 salvadoreños en un mes (5,054 en septiembre de 2005).

    El segundo pico ocurrió entre octubre de 2019 y febrero de 2020, con un máximo de 3,524 órdenes en febrero de 2020.

    Y, aunque menor, la tercera alza está ocurriendo precisamente el presente año, con su máximo en 2,393 en mayo de 2025.

    Desde 1999, Tracreports.org reporta 745,787 salvadoreños que han pasado por los tribunales de inmigración por casos de deportación: resolvieron remoción contra 380,681 salvadoreños; alivio o alguna protección migratoria a favor de otros 57,400 y salida voluntaria para 42,905.

    Esto quiere decir que desde ese año, el 51 % de las resoluciones de los tribunales migratorios que han examinado casos de deportación contra salvadoreños han resuelto su remoción y solo 7.7 % emitieron alguna protección migratoria. Otros 169,435 casos registran únicamente “terminación de los procedimientos”.

    Desde ese año, la mayor cantidad de extranjeros remitidos a tribunales de inmigración son originarios de México, seguidos, en ese orden, por: guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, cubanos, venezolanos y chinos. Le siguen nicaragüenses, brasileños, haitianos, ecuatorianos.

    Solo 20,869 asilos para salvadoreños decididos en tribunales desde 2001

    En cuanto a los procesos abiertos por asilo en los tribunales de inmigración de los Estados Unidos, se registran 92,559 procesos de salvadoreños desde 2001 hasta 2025, de los cuales los tribunales concedieron solo 20,869 asilos y han denegado 69,234 asilos. El resto logró un alivio distinto. Las mayores cantidades de asilos fueron emitidos por tribunales de California, Virginia, Maryland, Nueva York, Massachusetts y Texas.

    Las nacionalidades más beneficiadas con asilos han sido China, seguida, en este orden, por: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Colombia, India, Haití, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Rusia y Cuba, entre otras.

    Los casos de asilo son resoluciones que se muestran separados a los casos abiertos por deportación en el sitio de tracreports.org.

    Estas cifras de deportación o asilo no son absolutas, ya que no todos los casos de deportación o asilo llegan a tribunales; otras autoridades como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) decide asilos. Los casos de deportación también son decididos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en fronteras o puertos de entradas.