Las redadas migratorias impulsadas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están agravando la escasez de trabajadores en el sector de la construcción, particularmente en Atlanta, Georgia, donde se perdieron unos 5,100 empleos entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, según datos de la Asociación de Contratistas Generales de Estados Unidos (AGC).
Uno de los afectados es Leo Cárdenas, un contratista venezolano residente en Dunwoody, Georgia, quien perdió a todos sus empleados durante los últimos meses. La mayoría, incluido su padrastro, regresó a sus países de origen tras ser deportados o decidir abandonar voluntariamente Estados Unidos ante el endurecimiento de los controles migratorios.
Cárdenas, padre de una bebé, tuvo que reorganizar su pequeño negocio para continuar trabajando sin empleados. Aunque cuenta con estatus migratorio legal, teme convertirse en objetivo de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La situación económica también lo obligó a vender su camioneta blanca de trabajo, un tipo de vehículo que se convirtió en blanco prioritario de los operativos migratorios.
«Esta situación es insostenible», expresó el contratista venezolano a la agencia EFE, al describir las dificultades que enfrenta para mantener su actividad económica en medio de la falta de trabajadores y el temor que generan las operaciones migratorias.
La directora ejecutiva de la Asociación Hispana de Constructores de Georgia (GHCA), Gabriela Matute, advirtió que la falta de personal está afectando directamente la ejecución de proyectos y elevando los gastos de las empresas constructoras.
«El impacto es real. Según AGC, la falta de trabajadores es hoy la principal causa de retrasos en la obra. Eso se traduce en costos más altos y plazos más largos», declaró Matute a EFE.
Matute explicó que la escasez de trabajadores es un problema recurrente en la industria, pero reconoció que las operaciones de ICE aumentaron la incertidumbre entre los inmigrantes hispanos.
«En nuestra industria se siente con especial fuerza, porque durante décadas la construcción ha sido la puerta de entrada para generaciones de inmigrantes hispanos: el lugar donde aprendieron un oficio, se ganaron un nombre y, con años de esfuerzo, llegaron a tener su propia empresa. Muchos de los empresarios que hoy generan empleo en Georgia empezaron exactamente así», manifestó.
La representante empresarial señaló que incluso ciudadanos estadounidenses y trabajadores con documentación legal están dejando de asistir a sus empleos por temor a exponerse o poner en riesgo a sus familias.
La problemática también afecta a otras regiones estadounidenses. Después de Atlanta, las mayores dificultades laborales se registran en Nueva York-Nueva Jersey, Oakland, Riverside-San Bernardino, Lakewood-New Brunswick, Pittsburgh, Sacramento, Arlington, San Diego y Corpus Christi. La AGC sostiene que la vigilancia migratoria «afecta a la disponibilidad de personal en casi un tercio de las empresas, incluso cuando las condiciones del mercado se suavizan».
A esta situación se suman el encarecimiento de materiales, las tasas de interés y la incertidumbre política, factores que dificultan el desarrollo de nuevas construcciones.
Una encuesta realizada este año por la AGC y el Centro Nacional para la Educación e Investigación en Construcción (NCCER), entre 1,830 compañías, reveló que el 87 % tiene plazas vacantes para obreros y el 82 % necesita cubrir puestos asalariados. Además, el 42 % de las empresas reportó retrasos en sus proyectos debido a la falta de trabajadores propios o de sus subcontratistas, una situación que evidencia las dificultades que enfrenta la industria para mantener sus operaciones.