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  • La SIP alerta que Gobierno de El Salvador silencia a la prensa con amenazas y presión

    La SIP alerta que Gobierno de El Salvador silencia a la prensa con amenazas y presión

    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que la libertad de prensa en El Salvador está siendo “silenciada paulatinamente” por el Gobierno mediante amenazas, intimidación y presión directa contra periodistas y medios independientes. Así lo establece el informe presentado este domingo durante la clausura de la 81ª Asamblea General de la organización, realizada en Punta Cana, República Dominicana.

    El documento sitúa a El Salvador en la categoría de países con alta restricción a la libertad de prensa, según el Índice Chapultepec. A ello se suma un retroceso de 61 posiciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras durante los últimos cinco años.

    «Estas acciones han provocado que muchos comunicadores y redacciones importantes se marchen del país», indica la SIP, que también subraya las contradicciones del discurso oficial.

    El Gobierno insiste en que respeta la libertad de expresión porque “no hay periodistas capturados ni medios cerrados”, aunque los registros de organismos nacionales e internacionales lo desmienten.

    Solo entre el 1 de mayo y el 14 de julio de este año, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 180 agresiones contra periodistas. Las más frecuentes incluyen acoso físico y digital, intimidaciones, insultos, discursos estigmatizantes y restricciones al ejercicio del periodismo.

    El informe también señala que, desde el 13 de junio, al menos 43 periodistas se han visto obligados a desplazarse forzosamente por hostigamiento, intimidación o amenazas de captura. Según la SIP, existen «fuertes indicios de que el Gobierno cuenta con listas completas de vigilancia, amedrentamiento y posibles detenciones de periodistas y defensores de derechos humanos».

    En junio, la SIP y 17 organizaciones internacionales pidieron al Gobierno salvadoreño cesar todo tipo de persecución, garantizar la integridad de los periodistas y detener la vigilancia contra la prensa.

    El informe alerta también sobre los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros, cuya entrada en vigor forzó a la APES a cerrar temporalmente sus oficinas y suspender proyectos financiados desde el exterior. La normativa busca gravar a organizaciones independientes consideradas críticas por el oficialismo.

    La SIP concluye que la represión no solo afecta a los medios, sino también a la ciudadanía. Una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA revela que 6 de cada 10 salvadoreños tienen “más cuidado” al opinar sobre política, por temor a represalias.

     

  • Organizaciones rechazan reelección de Raquel Caballero como procuradora para Defensa de Derechos Humanos

    Organizaciones rechazan reelección de Raquel Caballero como procuradora para Defensa de Derechos Humanos

    Organizaciones rechazaron que Raquel Caballero de Guevara busque nuevamente su reelección como procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, ya que señalan que su trabajo ha sido «todo lo contrario».

    Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), cuestionó que Caballero de Guevara busque reelección y señala que el gobierno la tiene en el puesto para «callar y encubrir».

    «No ha hecho ningún trabajo en defensa de los derechos humanos, no he podido encontrar ningún pronunciamiento suyo sobre los cientos, quizá miles, de denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos cometidas en los últimos 6 años del mandato. Está ahí para callar y encubrir, tal cual demuestra su silencio, su paso por dicha institución cumple casi al calco con el significado de la palabra pusilánime», cuestionó.

    El periodista agregó que, de los otros cuatro aspirantes a ocupar el puesto de procurador, aparte de Guevara, solo tiene referencias de Roswall Solórzano, a quien también cuestiona.

    «No conozco el perfil de las cinco personas que están aspirando, pero dos sí son caras conocidas por sus vicios y mañas. Una es funcionaria ligada al partido más cuestionado del espectro, Gana, y el otro es un sindicalista que se arrodilla al gobernante de turno», criticó.

    Arauz dice que solo hay que recordar cuando Caballero de Guevara fue procuradora por primera vez entre 2016 y 2019, cuando se conoció la contratación de un familiar en la institución.

    «Raquel Caballero de Guevara cumple con el perfil de ‘los mismos de siempre’, acuñado por el mismo partido de gobierno. Basta recordar la señora Caballero, estuvo EN ese cargo entre septiembre de 2016 y septiembre de 2019 gracias a un reparto de cuotas entre Arena, el FMLN y Gana. Volvió y quiere mantenerse en esa institución, pese a que ya ha sido declarada culpable de nepotismo y condenada al pago de multas por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)», aseveró el presidente de APES.

    Por su parte, Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo no sorprenderse de que la procuradora busque la reelección y que seguramente será la elegida porque «ha hecho la plana tal y como se la ha dictado» Nayib Bukele, que para ella ha sido «ser adorno» y «abandonar a las víctimas que todos los días acuden a la PDDH a denunciar violaciones de derechos humanos» ya que reciben «dilación en los procesos, negación de esas violaciones e incluso criminalización».

    Para Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna, Caballero de Guevara debería responder preguntas sobre denuncias de violación de derechos humanos, como: ¿por qué no ha acompañado las demandas de habeas corpus de pesronas detenidas bajo el régimen de excepción?, ¿cuál ha sido su papel de los más de 430 fallecidos en custodia del Estado?, ¿por qué no ha dicho nada por la persecución contra periodistas y su salida del país?, ¿por qué  no se ha pronunciado sobre la expropiación en comunidades?

    Por su parte, Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), consideró «lamentable» que Caballero de Guevara busque la reelección en la PDDH cuando su trabajo ha sido nulo.

    «Es lamentable, pues ella ha tenido un papel totalmente contrario a defender a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, creo que no merece pretender continuar en el cargo. Por dignidad, debería mejor apartarse. Pero creo que es la misión que tiene ella. El presidente no va a querer poner a otra persona porque ella es de mucha confianza», dijo Ramírez.

    El líder de Movir señaló que lo mismo sucedió con el titular de la Procuraduría General de la República, René Escobar, de quien consideró que «ha actuado opuesto a las víctimas» y fue reelecto.