Las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al artista por acoso y agresión sexual, consideran «lamentable» la decisión de la Fiscalía española de archivar la investigación y anuncian que las dos mujeres «seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles».
Ambas organizaciones publicaron este viernes un comunicado en el que critican la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar la investigación abierta a raíz de una denuncia de dos exempleadas contra el cantante por presunto acoso y agresión sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamas, ante la «falta de jurisdicción» y competencia de los tribunales españoles.
El ministerio público dictó un decreto, conocido este viernes, en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, presentada por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.
Para las organizaciones que respaldan a las denunciantes, la decisión de la Fiscalía es «lamentable» porque «pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia».
Opinan que «no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante los órganos judiciales pertinentes».
«La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias», añade el comunicado.
Women’s Link y Amnistía Internacional subrayan que el Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul «obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio».
Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link, y señalaron que lo hacían para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo.
Rebeca y Laura seguirán luchando por justicia
Según Women’s Link y Amnistía Internacional, «Rebeca y Laura seguirán luchando por justicia» y «no aceptarán un tecnicismo legal para que su denuncia no sea investigada».
Así, exigen a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que «considere toda la información y evidencia presentada», ya que hay tres escritos a los que no contestó, y destacan que, teniendo seis meses para investigar, haya tomado la decisión en menos de dos semanas.
«Rebeca y Laura han pedido que se respete su privacidad mientras determinan sus próximos pasos legales. Temen por posibles represalias. Sin embargo, han reiterado que seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles que, tal como señala la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, les permiten garantizar sus derechos», concluye el comunicado.
