Los abogados del presidente de Paraguay, Santiago Peña, se presentaron este viernes 6 de noviembre ante el Senado para ejercer su defensa en el juicio político abierto contra el mandatario, en medio de una crisis política provocada por el cierre de Ueno Bank, una institución financiera vinculada al gobernante.
Los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda llegaron al pleno legislativo cerca de la 1:00 de la tarde, hora local, para presentar los argumentos técnicos y jurídicos de Peña, quien decidió no comparecer personalmente pese a que había sido convocado por los senadores.
La comparecencia ocurrió después de que el Senado rechazó una solicitud del mandatario para ampliar por 72 horas el plazo de preparación de su defensa. Peña había cuestionado que únicamente se le concedieran 12 horas para organizar su estrategia jurídica frente al proceso de destitución.
El mandatario presentó su renuncia el jueves, luego de quedar involucrado en el escándalo financiero de Ueno Bank. Sin embargo, continúa formalmente al frente de la Presidencia porque el Congreso no logró reunir el cuórum necesario para pronunciarse sobre su dimisión.
La crisis comenzó cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó iniciar un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank, una entidad que recibió millonarios recursos procedentes de instituciones públicas durante la administración de Peña y que administraba fondos de más de 2.9 millones de clientes.
Según el BCP, el índice de solvencia de la institución financiera cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido, «como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización». Esta situación desencadenó una crisis que terminó afectando políticamente al presidente por sus vínculos con el banco.
La renuncia de Peña no pudo ser tramitada debido a que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta del Congreso convocada para conocerla. La falta de una resolución impidió declarar la vacancia de la Presidencia y activar el mecanismo constitucional de sucesión.
La diferencia entre una renuncia y una destitución tiene consecuencias para el futuro político y jurídico del mandatario. Si el Congreso acepta su dimisión, Peña conservaría los fueros correspondientes a su condición de senador vitalicio, mientras que una destitución mediante juicio político implicaría perder esa protección. Por esa razón, el Legislativo impulsó su comparecencia inmediata ante el Senado, que actúa como juez en el proceso y donde está prevista una decisión sobre su destitución.
