El Gobierno de Haití solicitó a las instituciones de seguridad del país establecer las condiciones necesarias para celebrar las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 13 de diciembre, en medio de una crisis de violencia que amenaza nuevamente con retrasar el proceso electoral.
El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, abordó la situación durante una reunión celebrada el martes con representantes del Consejo Electoral Provisional (CEP) y altos mandos de seguridad, entre ellos el ministro de Defensa, Mario Andresol; el director de la Policía Nacional, André Jonas Vladimir Paraison; el comandante de las Fuerzas Armadas, Derby Guerrier, y el jefe de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), el mayor general mongol Edernebat Batsuuri.
«Este encuentro permitió evaluar la situación de seguridad nacional y examinar las medidas necesarias para crear las condiciones de seguridad indispensables para organizar las próximas elecciones», informó este miércoles la oficina del primer ministro mediante un comunicado. La reunión también permitió analizar las medidas que deberán implementar las autoridades para garantizar el desarrollo del proceso electoral.
El CEP estableció el 13 de diciembre como fecha para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, que fueron aplazadas en varias ocasiones desde 2021 debido a la inestabilidad política y la inseguridad. Inicialmente, los comicios estaban programados para el 30 de agosto de este año. Haití permanece sin un presidente elegido por voto popular desde el asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe, a manos de mercenarios colombianos. Moïse había asumido la Presidencia en febrero de 2017.
La organización de las elecciones enfrenta importantes obstáculos por el control que ejercen las bandas armadas sobre gran parte de Puerto Príncipe y otras regiones del territorio haitiano. Además de elegir a sus próximas autoridades, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre varias reformas propuestas a la Constitución, aunque la situación de violencia mantiene en incertidumbre la posibilidad de realizar ambas votaciones.
«El Gobierno reafirma su determinación de trabajar, en colaboración con las instituciones pertinentes, para establecer un entorno de seguridad propicio para la celebración de elecciones creíbles, inclusivas y democráticas», agregó el comunicado oficial. Las autoridades señalaron que la evaluación de seguridad permitirá al Consejo Electoral Provisional «disponer de datos fiables y tener una visión más precisa de la situación actual de seguridad».
Las dudas sobre el calendario electoral aumentaron después de que el CEP extendió hasta el 31 de octubre el plazo para inscribir candidaturas y pospuso el inicio de la campaña electoral, inicialmente previsto para el 5 de octubre. Algunos sectores interpretaron estas modificaciones como una señal de un posible nuevo aplazamiento de las elecciones, aunque el organismo electoral todavía no se pronunció sobre esa posibilidad.
La crisis de seguridad también representa un desafío para la Fuerza de Supresión de Pandillas, creada hace un año por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y cuyo mandato fue renovado por otros seis meses el pasado 29 de septiembre. S
egún cifras de la ONU, más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas en Haití durante lo que va del año debido a la violencia de las bandas armadas, señaladas además como presuntas responsables de más de 230 secuestros y de agresiones sexuales contra más de 1,000 mujeres y niñas. Esta situación mantiene bajo amenaza la celebración de las elecciones con las que el país busca restablecer sus autoridades mediante el voto popular.