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En un amplio operativo contra la trata de personas, las autoridades españolasrescataron a 162 mujeres de origen latinoamericano que eran explotadas sexualmente por una organización criminal transnacional. El grupo operaba desde la Comunidad Valenciana y se había expandido a otras regiones como Murcia, Málaga, Alicante, Castellón, Barcelona y Tarragona.

Durante la operación conjunta entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, se practicaron 39 registros en inmuebles utilizados como prostíbulos encubiertos y se detuvo a 37 personas, de las cuales nueve ingresaron en prisión provisional.

La investigación se inició tras la denuncia de tres víctimas que relataron cómo eran obligadas a ejercer la prostitución en distintos puntos de España. A partir de esta información, se descubrió que la red captaba mujeres en situación vulnerable —la mayoría sin permiso de residencia ni trabajo— tanto en países de América Latina como ya dentro del territorio español.

Estas mujeres eran forzadas a prostituirse en inmuebles alquilados o adquiridos por la organización, que los camuflaba como locales de masajes para simular legalidad. Muchas de ellas dormían en la misma cama donde trabajaban, en espacios cerrados, mal ventilados y sin condiciones mínimas de habitabilidad.

Control total y vigilancia 24/7

Los prostíbulos funcionaban bajo estricta vigilancia. Las mujeres eran monitoreadas mediante cámaras y solo podían salir por dos horas diarias, siempre por la mañana. Cada servicio se dividía a la mitad: el 50 % para la organización y el resto para las víctimas, quienes eran frecuentemente multadas bajo diferentes pretextos.

Cada inmueble contaba con una encargada las 24 horas, responsable de cobrar a los clientes, controlar a las víctimas, responder llamadas de anuncios publicados en páginas web de prostitución y suministrar drogas a los clientes que las solicitaban.

La organización rotaba a las mujeres entre distintas ciudades según conveniencia, lo que complicó aún más la identificación de las víctimas y los puntos de explotación.

Estructura criminal y ganancias ilícitas

La red criminal operaba con una estructura jerárquica en tres niveles. En la cima estaban los líderes, quienes se beneficiaban directamente de la explotación y figuraban como propietarios o arrendatarios de los inmuebles. El segundo nivel estaba formado por supervisores de locales y recaudadores, mientras que el tercero incluía a encargadas, conductores, reformistas y distribuidores de sustancias ilícitas.

Durante los registros, las autoridades confiscaron €141,000 en efectivo (unos $165 mil), tres vehículos y se bloquearon más de 60 cuentas bancarias. También se localizaron libretas de contabilidad y computadoras con información detallada sobre las operaciones de cada local.

Paralelamente, el Área Regional de Vigilancia Aduanera en Valencia investiga posibles delitos de blanqueo de capitales, centrando su atención en sociedades pantalla utilizadas por la red para canalizar sus ganancias ilícitas. La intervención incluye el bloqueo de bienes muebles e inmuebles vinculados a los principales responsables.

Esta operación representa un duro golpe al crimen organizado vinculado a la explotación sexual en España, y destaca la vulnerabilidad que enfrentan mujeres migrantes latinoamericanas, quienes siguen siendo blanco de redes criminales en Europa.